La iniciativa establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente y su utilización tenga objetivos pedagógicos.

La norma busca promover un uso seguro y responsable de celulares y otras pantallas dentro de las aulas y extiende al nivel secundario un criterio similar al que ya se encuentra vigente para las escuelas primarias bonaerenses.

Según el texto aprobado, el concepto de “uso responsable” implica que los dispositivos permanezcan sin utilizar durante el horario escolar, excepto en aquellas situaciones en las que sean necesarios para desarrollar alguna actividad educativa.

Ahora será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para establecer de qué manera se implementará la medida en los establecimientos.

Tal como publica DIB, la normativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir y comenzará a implementarse una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el tratamiento legislativo también se vinculó la regulación con otras problemáticas que afectan a los adolescentes, entre ellas la ludopatía y el acceso permanente a plataformas digitales desde los teléfonos celulares-

Foto: En muchos colegios, los chicos no pueden usar los celulares durante las horas de clase Ricardo Pristupluk

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro provincial de este miércoles, en reclamo por la situación salarial del sector, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones del personal no docente a la medida de fuerza.

"Paro Provincial, 7/10. La plata no alcanza. Que la crisis no la paguen los trabajadores. Los y las trabajadores/as paramos por salarios dignos y pase a planta permanente", anunciaron desde el sindicato en sus redes sociales.

"El salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida y el Gobierno Nacional debe reconocer que le adeuda recursos a la Provincia de Buenos Aires, fondos que impactan en las políticas públicas y en las condiciones de trabajo", completaron.

El calendario escolar acumulará de esta manera 26 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.

A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 de octubre).

Más de 200 camioneros bloquean el tránsito en Avellaneda en una protesta contra las fotomultas que recibieron y cuyos montos, según denuncian, pueden superar los $9 millones.

El reclamo se concentra sobre la avenida Mujeres Argentinas, frente al Tribunal de Faltas local, donde los manifestantes también cuestionan el secuestro de vehículos y la retención de licencias.

La manifestación se desarrolla bajo el lema “Si no trabajamos, Avellaneda se para” y reúne a camioneros particulares y trabajadores del transporte. Los participantes reclaman por las sanciones que recibieron y sostienen que los montos de algunas infracciones resultan excesivos.

Uno de los principales puntos de conflicto son las fotomultas de hasta $9 millones. Según plantean los transportistas, se trata de sanciones vinculadas con infracciones que, en algunos casos, consideran menores en relación con los montos reclamados.

Los camioneros también cuestionan que se labren multas en sectores donde actualmente está permitido circular, aunque aseguran que anteriormente existían restricciones. A esto suman reclamos por la presencia de cámaras que, según denuncian, no están correctamente señalizadas.

El reclamo frente al Tribunal de Faltas también está relacionado con las consecuencias que generan las infracciones sobre la actividad de los transportistas. Los manifestantes sostienen que el problema no se limita al monto económico de las sanciones, sino que también incluye otras medidas aplicadas por las autoridades.

Otro de los puntos centrales de la protesta es el secuestro de los camiones como consecuencia de las multas. Los transportistas cuestionan que, además de afrontar sanciones económicas, puedan quedarse sin sus vehículos y, por lo tanto, sin la posibilidad de desarrollar normalmente su actividad laboral.

También reclaman por la retención de licencias de conducir y piden que se tenga en cuenta la diferencia entre las infracciones cometidas antes y después de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de tránsito.

Mientras continúa la manifestación, los camioneros mantienen bloqueada la circulación en la zona de avenida Mujeres Argentinas, donde se concentra el reclamo. La protesta genera complicaciones para el tránsito y tiene como principal objetivo que las autoridades revisen las sanciones que los transportistas consideran excesivas.