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Celulares en el aula: Colegios privados ante un desafío cada vez más complejo
14 de mayo de 2025
El celular se volvió una extensión del cuerpo para millones de chicos y chicas en Argentina. En muchos casos, el vínculo empieza antes de los diez años y se intensifica en la adolescencia. La escuela, mientras tanto, todavía busca recetas: ¿permitirlos, regularlos, prohibirlos?
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) indagó en cómo están abordando las escuelas el uso del celular en las aulas. El resultado: hay colegios que aplican restricciones, otros que delegan la decisión en los docentes, y quienes buscan integrar los dispositivos de forma pedagógica.
“En AIEPA nos preocupa el acceso temprano de chicos y chicas al celular, su uso irrestricto y el impacto que pueden tener en los entornos de aprendizaje. Estamos viendo que, sin una regulación adecuada, las aulas pierden foco y calidad educativa. Por eso impulsamos espacios de intercambio entre instituciones para compartir experiencias y buenas prácticas”, señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad.
Un informe Kids Online Argentina 2025, elaborado por UNICEF y UNESCO sostiene que el 95% de los chicos entre 9 y 17 años tiene su propio celular con acceso a internet, y el 88% se conecta todos o casi todos los días desde ese dispositivo. La edad promedio de acceso al primer celular es de apenas 9,6 años. Si bien el 61% lo usa todos los días para estudiar y la mitad dice haber aprendido algo nuevo online, solo un 60% considera saber identificar si una fuente de información es confiable.
“Son datos que vemos día a día en nuestras escuelas: chicos que llegan con el celular como una extensión de su mano, con dificultades para sostener la atención o el diálogo cara a cara. No hay una única solución, pero sí un consenso: el tema no puede ser ignorado”, agregó Zurita.
“El uso irrestricto del celular interrumpe el acto pedagógico”, advirtió Tamara Iuso, vicedirectora del nivel secundario del Complejo Educativo Rubén Darío, en Villa Ballester. “Por más que parezca una distracción menor, cada vez que los estudiantes miran una notificación, se produce un corte en la atención que cuesta varios minutos recuperar”. En su escuela, el uso del celular fue regulado, no en la búsqueda de demonizar la tecnología, sino con el objetivo de generar un espacio donde prime la atención plena.
Con la pandemia quedó instalada la idea de que todo se puede hacer a través de una pantalla, pero la escuela no es solo transmisión de contenidos. Es, además, vínculo, convivencia y cuerpo presente. El celular se entromete y rompe la dinámica natural del aula.
En el Instituto Avellaneda, Sandra Fernández, directora del nivel secundario, apuesta por una incorporación provechosa de los dispositivos. “Soy profesora de informática, así que la tecnología en el aula siempre fue fundamental para mí”, comentó. Al principio, fue prueba y error hasta encontrar el modo más conveniente, pero siempre pensó que prohibirlo no era el camino.
¿Qué estrategias adoptan las escuelas?
El Colegio Asunción de la Virgen, de Olivos, decidió que desde el inicio de este ciclo lectivo los alumnos deben dejar sus celulares apagados en un box dentro del aula al ingresar. Solo podrán usarlos con fines pedagógicos, y únicamente cuando el docente lo indique. El objetivo es reducir el impacto negativo del uso constante del celular en la atención, la comprensión lectora y otras habilidades cognitivas. “Es necesario volver a fortalecer capacidades como la imaginación, la organización y el pensamiento complejo”, señalaron en una comunicación que hicieron llegar a las familias.
La directora, María Gimena Venditti, explicó que la medida fue bien recibida por los padres.
Como parte del nuevo procedimiento, se incorporaron carteles para señalar cuándo el uso de tecnología está autorizado. Si el docente necesita proyectar un video o utilizar recursos digitales, coloca un cartel en la puerta que dice “Estamos usando la tecnología” y lo retira al finalizar la clase. Esto permite visibilizar el uso intencional de los dispositivos dentro del marco pedagógico.
Al principio, algunos alumnos mostraron resistencia y ansiedad al dejar sus celulares, relató Venditti. Sin embargo, con el tiempo, la práctica se naturalizó.
En el Complejo Educativo Rubén Darío, definieron una regla clara: el celular solo puede usarse cuando el docente lo indica con un fin pedagógico específico. “No es una prohibición ni una sanción: es una invitación a construir otro tipo de presencia”, dijo Iuso, su directora. Muchos alumnos, según contó, incluso sintieron alivio con la regulación.
La medida mejoró el clima escolar. Durante años, muchos docentes sentían que estaban en una “batalla desigual”. Pero al consensuar normas claras con toda la comunidad, se redujo la ansiedad digital, se favoreció una atención más sostenida y vínculos más genuinos en el aula.
Hay escuelas que apuestan por estrategias más flexibles basadas en acuerdos. “Cada docente fue encontrando su modalidad: algunos pedían que los celulares estén guardados o en silencio, y otros los permitían en ciertos momentos”, explicó Fernández, directora del Instituto Avellaneda, que da libertad a los profesores de aplicar la estrategia que consideren más adecuada. A medida que se consolidan normas claras en cada materia, se logra un uso más responsable entre los estudiantes.
Desde la institución también se trabaja activamente la concientización sobre el uso de la imagen digital y los riesgos de compartir contenido en redes sociales. “No se permiten redes ni grabaciones a compañeros o docentes”, subrayó Fernández.
Estas experiencias de las distintas escuelas muestran un panorama heterogéneo, que no ofrece recetas mágicas, pero que también vislumbran que es posible encontrar un equilibrio: ni un aula desconectada del mundo digital ni un espacio dominado por las notificaciones.
Prensa AIEPA
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PUERTOS: HAY ACUERDO
El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio e informó el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país que se encontraban paralizadas.
El pacto incluye la suspensión del decreto 690/2026 que desreguló la actividad y generó el conflicto.
Como parte del entendimiento, ante Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales recalcaron que el Poder Ejecutivo resolvió suspender de "manera temporal" la aplicación de la medida.
Y dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para debatir los distintos aspectos normativos y operativos que componen la actividad.
La instancia de diálogo estará bajo la coordinación del Gobierno Nacional y contará con la participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto a otros organismos competentes en la materia. El espacio buscará, según el oficialismo, avanzar en la revisión puntual de los ejes contemplados en el decreto de desregulación para alcanzar un consenso definitivo.
Con la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica
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Prefectura intimó a más de 500 prácticos a levantar el paro en los puertos
Mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno -a través de Prefectura Naval Argentina- intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado
“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, argumenta el edicto de la Prefectura Naval.
La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Más de 150 buques se vieron afectados.
Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente, informó La Nueva.
Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.
La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial, informó la agencia Noticias Argentinas.
Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.
El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos -que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido-, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.
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Paro en puertos: Gobierno defendió la desregulación y aplicará sanciones
Con la actividad en los puertos paralizada por cuarto día consecutivo a raíz de un paro de los prácticos, el gobierno nacional defendió el decreto que desreguló la actividad de esos profesionales, a los que les advirtió con sanciones sus sostienen esa protesta, bajo el argumento de que se trata de una “actividad esencial”.
El encargado de dar a conocer la postura oficial fue el vocero Adrián Ravier, quien en conferencia de prensa explicó que con el decreto 690/2026, que desreguló la actividad del practicaje “Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia [transporte marítimo] la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países”.
De acuerdo al portavoz, la norma, redactada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger habría bajar los costos “con competencia”. Según argumentó, “abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos".
Pero más allá de esa defensa, que el portavoz realizó con argumentos que los prácticos rechazan de plano, Ravier advirtió sobre sanciones a los más de 500 prácticos que están sin trabajar, una medida de fuerza que paralizó la actividad de los puertos y está generando pérdidas económicas importantes.
"Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen esto para perjudicar la logística. Este es un servicio esencial que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones”, advirtió Ravier. Más temprano, Prefectura Naval los había intimado a retomar el servicio.
La esencialidad implica que pese a una medida de fuerza se debe asegurar el 75% de la prestación del servicio, lo que no está ocurriendo en este caso. Ayer,
Sin embargo, por ahora el conflicto no desescaló. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de inconstitucional y anticipó una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación.
Esa Asociación niega que esté defendiendo una posición de mercado de los prácticos y, junto con la Cámara del Practicaje sostienen que los cambios que establece el decreto podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad en torno a las maniobras de grandes buques en la aproximación y el ingreso a los puertos.
Entre los cambios centrales que introduce, el decreto 690, que sustituye al reglamento de practicaje que regía desde 1991, figura la eliminación del límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y la habilitación para que armadores y agencias marítimas los contraten en forma directa.
También establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada experiencia a navegar sin contratar un práctico. Sturzenegger había resumido el espíritu de la reforma con una frase que anticipó el tono del conflicto: la norma buscaba, dijo, “desarmar kioscos”.
El paro mantiene paralizado los puertos argentinos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de buques permanecen sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, el corazón del complejo agroexportador del país.
Mientas la Cámara Argentina de Energía advirtió que la prolongación de la medida de fuerza podría generar problemas de abastecimiento energético, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, calculó en “entre 50 y 100.000 dólares por día” y por buque.
Idígoras observó además que por el conflicto “la afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país, los que traen autos, los que descargan combustible, todos, todos los puertos, los barcos que circulan por Asia y desde la Argentina están paralizados”.
