País
Facilitan trámites para viajar al exterior con menores de edad
13 de mayo de 2025
El Gobierno implementó un nuevo sistema que permite registrar la Autorización de Viaje directamente en el pasaporte y validarla al instante con un código QR. La medida elimina trámites adicionales, acelera los controles y aplica cuando el menor viaja solo, con uno de sus padres o con un tercero.El permiso puede gestionarse en más de 100 sedes de Migraciones en todo el país, con tres opciones de entrega: normal (10 días), exprés (48 horas) y al instante (2 horas).
La medida permite que la autorización quede registrada electrónicamente en el pasaporte del chico al momento de su emisión. Desde Casa Rosada prometen que reducirá la carga burocrática y simplificará significativamente los trámites para madres, padres y tutores.
La Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, implementó un nuevo sistema para la Autorización de Viaje de Menores, incorporando tecnología que permite un control más eficiente y seguro en los traslados internacionales de menores de edad.
La medida, desarrollada en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), permite que la autorización quede registrada electrónicamente en el pasaporte del menor al momento de su emisión, lo que reduce la carga burocrática y simplifica significativamente los trámites para madres, padres y tutor Además, al formulario emitido por Migraciones se le incorporó un código QR que permite validar en tiempo real la firma digital y la autenticidad del documento, agilizando los controles migratorios.
Con esta innovación, el control queda exclusivamente a cargo de los funcionarios migratorios en los puestos de egreso del país, sin necesidad de validación por parte de empresas de transporte, permitiendo mayor trazabilidad y seguridad.
La Autorización de Viaje puede gestionarse en más de 100 dependencias de Migraciones en todo el país, incluyendo delegaciones, oficinas migratorias y pasos fronterizos.
Actualmente, existen tres modalidades de tramitación: la opción normal, con un plazo de 10 días hábiles; la modalidad exprés, con una demora de 48 horas; y la alternativa “al instante”, que se entrega en apenas 2 horas. Las autorizaciones pueden ser emitidas para un único viaje, por un período de tiempo determinado, o hasta que el menor alcance la mayoría de edad.
Este permiso es obligatorio cuando el menor viaja solo, con sólo uno de sus progenitores o tutores, o si lo hace acompañado por un tercero. En los casos en que viaje con ambos padres, solo será necesario presentar la documentación que acredite el vínculo.
La polémica por la eliminación de un control en los permisos de viaje al exterior para niños
Meses atrás, el Gobierno eliminó la obligación de las empresas de transporte internacional de verificar los permisos que requieren los niños, niñas y adolescentes que los habilita a ingresar o salir del país.
La decisión, dictada por la Dirección Nacional de Migraciones, dividió opiniones. Los más críticos advirtieron que la desregulación de estas inspecciones supondrán riesgos mayores para los menores de edad, frente a los delitos como la trata de personas, pero en el Poder Ejecutivo aseguraron que los controles quedarán en manos del personal de Migraciones.
Se trata de la disposición 166/2025, publicada el 30 de enero en el Boletín Oficial, que reemplazó la normativa vigente hasta los primeros días del año. Antes, las empresas de transporte de pasajeros internacionales estaban obligadas a constatar la identidad de los chicos y la autorización de sus progenitores o tutores para viajar al exterior. También debían controlar la documentación de residencia de los extranjeros que ingresaban y salían del país. Luego, los pasajeros debían presentar esos mismos documentos ante las ventanillas de Migraciones.
Con la nueva resolución, el sector privado está dispensado de requerir ese papeleo para los viajes internacionales, ante las facilidades que otorgan las “nuevas modalidades de contratación de un medio de transporte internacional en forma y tramitaciones de check-in previo al abordaje en forma remota”. La requisitoria implicaba una burocracia adicional para las compañías de la actividad.
Las compañías ya no requieren documentación como la autorización emitida por un funcionario competente, un documento que acredite el vínculo con el menor o cualquier resolución judicial certificada y legalizada correspondiente.
Sin embargo, fuentes oficiales a Infobae que dependen del ministerio del Interior, confirmaron que estos permisos siguen siendo requeridos por personal migratorio en los pasos fronterizos. Por lo tanto, las familias aún deben contar con los certificados obligatorios.
“Nadie puede salir del país con un menor sin pasar por Migraciones, y sin tener los papeles correspondientes presentados. Eso no se modifica. Una empresa de colectivos no tiene por qué hacer ese trabajo”, explicaron a este medio.
“Lo que hace esta disposición es suprimir el control de la aerolínea o de la empresa de transporte internacional. Hoy en día, la mayoría de nosotros compramos los pasajes online, y se le exigía a la empresa una obligación de difícil cumplimiento, porque iba a contramano de las tecnologías”, evaluó Deborah Huczek, abogada especializada en derecho penal y migratorio.
“Si querías viajar al exterior, tenías que presentar la documentación en el mostrador de la empresa, y luego en Migraciones. Ahora se recae la responsabilidad en la dirección de Migraciones. No se flexibilizaron los controles, recaen las mismas exigencias; lo que se eliminó es el ’doble check’“, precisó la especialista a Infobae. “En EEUU sucede lo mismo, vos hacés el check in online y no te piden acreditar vínculos con el menor, sino que quien te pide es el puesto de control migratorio”, comparó.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
