País
El Senado rechazó el proyecto de ley ‘Ficha Limpia’
7 de mayo de 2025
El Senado de la Nación rechazó el proyecto de ley Ficha Limpia, que buscaba impedir la postulación de candidatos con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública. La iniciativa obtuvo 36 votos afirmativos, pero requería de una mayoría absoluta de 37 para ser aprobada.
El resultado final fue definido por el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, ambos pertenecientes al Frente Renovador de la Concordia, espacio que en esta votación se alineó con el bloque kirchnerista. El revés legislativo significa, en términos prácticos, que la norma no podrá volver a tratarse durante este período legislatio y deberá volver a comisión o ser presentada nuevamente desde cero el año póximo..
La iniciativa proponía declarar la inhabilidad para postularse a cargos electivos y ocupar funciones públicas a toda persona con una condena firme en segunda instancia por delitos comprendidos en el Título XI del Código Penal, referido a delitos contra la administración pública. Entre ellos se incluyen el fraude al Estado, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, y encubrimiento, entre otros.
La normativa había sido modificada en su paso por la Cámara de Diputados, donde se eliminó la llamada «cláusula Petri», estableciendo que las condenas debían estar confirmadas por un tribunal superior antes de la fecha de cierre de los padrones (180 días antes de una elección general), para que el impedimento tuviera validez.
El proyecto también preveía la creación de un Registro Nacional de Ficha Limpia, a cargo de la Cámara Nacional Electoral, en el que se inscribirían las personas alcanzadas por estas sentencias. Asimismo, la prohibición se extendía más allá de los cargos electivos, abarcando la designación en cargos ejecutivos y funciones de representación en organismos estatales o con participación estatal.
Desde La Libertad Avanza, el jefe de bloque Ezequiel Atauche (Jujuy) defendió la propuesta como “un refuerzo al principio de idoneidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional”. Agregó que “un corrupto no puede ser considerado idóneo para ejercer un cargo público”, y cuestionó el uso de fueros como mecanismo de protección ante delitos.
La frustración por no alcanzar la aprobación se expresó en distintos bloques. El senador José María Carambia (Santa Cruz) remarcó que “es una locura que se exijan antecedentes para un trabajo pero no para ser candidato” y lamentó que “la Justicia demore más de una década en confirmar una condena”.
Con esta votación, el Senado dejó sin efecto la posibilidad de avanzar con un marco nacional de Ficha Limpia, al menos en el corto plazo. Desde distintos sectores de la oposición adelantaron que insistirán con nuevos proyectos similares.
El rechazo también deja abierta la posibilidad de futuras candidaturas de dirigentes con causas judiciales en trámite, como el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien posee una condena en segunda instancia en la causa Vialidad, pero aún no firme por parte de la Corte Suprema. De aprobarse la ley, no hubiera podido ser candidata para cargos nacionales.
A todo eso, el presidente Javier Milei expresó su disconformidad con el desempeño de los senadores nacionales en el tratamiento de la Ley de Ficha Limpia, que fue rechazada este miércoles 7 de mayo. “Lamentable. Fin”, sintetizó el jefe de Estado luego del resultado de la votación.
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Más de 3.000 periodistas reclaman al Congreso
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
