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VUELVEN LOS VOUCHERS EDUCATIVOS
14 de abril de 2025
Los colegios privados de todo el país recibieron la notificación para comenzar a instrumentar el Programa de Asistencia Voucher Educativo 2025, el plan de ayuda a padres de alumnos para pagar hasta un 50% del valor de las cuotas mensuales en instituciones educativas que reciben subvenciones del Estado.
Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) a partir del lunes 21 de abril comenzará la inscripción de los aspirantes a obtener el beneficio que se empezó a implementar en 2024 y se repetirá este año.
La entidad que agrupa a los establecimientos de enseñanza privada de todo el país informó que desde la Secretaría de Educación se les comunicó a los directivos y representantes legales de los colegios que ya pueden comenzar a completar los formularios que corresponden a las instituciones. Es una declaración jurada con información institucional y con datos relacionados a los valores de los aranceles que se debe presentar antes de fin de este mes.
“Las inscripciones de los interesados en acceder a la ayuda estatal estarán abiertas a partir del lunes 21, según dice esa comunicación que remitió el organismo a todo el país”, dijo el Secretario Ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita.
Como se recordará, el aporte que realiza el gobierno consiste en un monto equivalente al 50% del valor de la cuota programática de la jornada simple de cada nivel educativo establecida en marzo de este año. Tal como establece la Resolución 61 del 2024 del Ministerio de Capital Humano que puso en marcha el programa, alcanza a aquellas instituciones que reciben un mínimo de 75% de subvención estatal.
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, sería hasta el 50% de $ 51.960 (costo de la matrícula jornada simple de secundario con 80% de subvención) o hasta la mitad de $ 45.890 que es el valor de la cuota mensual de una primaria con 80% de subvención . En el caso de los colegios con el 100% de aporte estatal, sería el 50% de $27.430 (secundaria) o $24.880, (primaria).
“Reconocemos el esfuerzo que realizan las autoridades para ayudar a que las familias puedan seguir enviando sus hijos a los colegios de gestión privada. Consideramos que sería muy valorable que el Voucher Educativo alcance también a colegios que tienen menor porcentaje de aporte estatal para hacerlo extensivo también a otros padres que hacen un gran esfuerzo para mantener a sus hijos en las aulas del sistema”, explicó Zurita.
El año pasado, Aiepa había enviado una nota a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano para que los vouchers también alcancen a los alumnos de las escuelas que reciben menos del 75% de subvención estatal o incluso, se beneficie a las que no reciben ningún tipo de subsidio y cuyas comunidades educativas necesitan ingresar al programa.
“Ahora que se ha consolidado por segundo año consecutivo creemos que es el momento adecuado para reconsiderar la extensión del programa”, explicaron desde Aiepa.
Este año, a partir de ajustes en el mecanismo administrativo del programa, los directivos de los colegios ante eventuales casos en los que los beneficiarios del programa no estén al día con las cuotas, puedan informar esa irregularidad para cesar el aporte.
Los beneficiarios reciben el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base de marzo de 2025. Cada jurisdicción fija esos valores según sus criterios.
Solo pueden acceder al beneficio económico las familias cuyos ingresos no superen los 7 salarios mínimos.
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Malvinas: ‘No puede haber decisiones unilaterales’
El canciller Pablo Quirno se pronunció sobre la intimación argentina al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas y detalló por qué se fijó un plazo de dos semanas. La medida está vinculada con el proyecto Sea Lion, impulsado en el área en disputa, y con la decisión oficial de llevar el caso ante una instancia internacional.
En una entrevista con A24, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el Gobierno actuó por instrucción del presidente Javier Milei. “Con mucho entusiasmo, hemos tomado la instrucción del presidente”, expresó. También destacó que el país presentará por primera vez ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la controversia por las actividades hidrocarburíferas británicas.
Quirno sostuvo que el reclamo argentino se apoya en herramientas jurídicas, diplomáticas y pacíficas. “Todas herramientas jurídicas, legales, diplomáticas y pacíficas”, señaló al describir la estrategia. Según planteó, los recursos que se busca extraer en la Cuenca Malvinas se encuentran en un sector que Argentina considera parte de su plataforma continental.
Al fundamentar la oposición al avance de Sea Lion, el canciller remarcó que “no puede haber decisiones unilaterales como las que están sucediendo”. La intimación exige que Londres suspenda las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona. El Gobierno otorgó dos semanas para que responda antes de avanzar con el procedimiento previsto.
El funcionario explicó que ese período no es arbitrario, sino que responde a los pasos requeridos antes de iniciar un arbitraje. “La parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene”, afirmó. De ese modo, la Argentina ofrece al Reino Unido la opción de detener las operaciones.
Quirno también cuestionó la participación de las compañías involucradas en la iniciativa y afirmó que “las empresas no solo están violando leyes nacionales sino tratados internacionales”. En paralelo, aseguró que la Argentina les ofrece la posibilidad de operar en el país. El planteo oficial busca marcar que el desarrollo petrolero en Malvinas puede derivar en conflictos legales.
Consultado por un encuentro en Punta Arenas entre unas 40 empresas chilenas y firmas vinculadas con Malvinas, Quirno indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Chile. Dijo que el diálogo sobre el tema es intenso y aludió al respaldo expresado por el presidente chileno, José Antonio Kast, al reclamo argentino de soberanía.
La postura de la Cancillería combina la intimación diplomática con la presentación del caso ante un tribunal internacional. Quirno insistió en que la explotación petrolera en Malvinas no debería avanzar mediante decisiones unilaterales y sostuvo que el plazo otorgado responde al procedimiento previo al arbitraje, mientras continúan las gestiones con Londres y Santiago.
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Milei nombró a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte
El Gobierno le asignó al polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y le encomendó con carácter “ad honorem” el cometido de promocionar internacionalmente el deporte argentino.
Así se indicó en el Decreto 1116/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas y en el que se detalló: “Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter “ad honorem”, el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino”.
Asimismo, se añadió: “En particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto”.
En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se señaló además: “Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar”
Cambiaso posee una extensa y destacada trayectoria deportiva que lo sitúa entre los principales referentes del polo argentino en el mundo, a la vez que sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior.
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
