Una cuenta de Instagram difundió un mensaje enigmático al estilo Anonymous para convocar a una marcha contra la inseguridad en la ciudad de Mar del Plata.

El perfil @robos.mdp, popular por publicar videos de delitos cometidos en la ciudad balnearia, divulgó una invitación a la comunidad para sumarse a la protesta contra la ola de robos el jueves 18 de febrero a las 18, aunque, por el momento, no trascendió el punto de encuentro

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“Ciudadanos de Mar del Plata, hoy hablamos porque llegamos a un límite. Porque nuestra ciudad ya no aguanta más. Lo que estamos viviendo no es normal y no puede seguir así. Mar del Plata está cansada, cansada de todos los robos que suceden todos los días”, expresa el video. Y suma: “Los vecinos están cansados de vivir con miedo y de que nadie se haga cargo, lo peor es que nos quieren hacer creer que no pasa nada, que es exageración y que son casos aislados”

El particular llamado les solicita a los vecinos que asistan “sin banderas políticas, sin intereses partidarios y sin colores”, y propone: "Queremos vivir en paz, caminar tranquilos, trabajar sin miedo, respuestas reales, queremos que nos escuchen. Y esta vez, no va a haber forma de ignorarnos". DIB

Tras arribar a un acuerdo con la oposición , el oficialismo convocará a su primera sesión en el período extraordinario para el jueves de la semana próxima con un tema por demás sensible: la reforma del régimen penal juvenil y, con ella, la baja de la edad de punibilidad de los menores en conflicto con la ley.

Si bien los libertarios pretendían insistir con el proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo en 2024, que fijaba el piso de imputabilidad en 13 años, finalmente se acordó avanzar con el dictamen que se suscribió en mayo del año pasado y que, a instancias de las bancadas dialoguistas, contempla reducir a 14 el mínimo de punibilidad.

“Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible”, admitieron en el oficialismo luego de que Pro y la UCR advirtieran que solo votarían el dictamen acordado en mayo, pero que nunca llegó a debatirse en el recinto.

El acuerdo se selló durante una reunión convocada este mediodía por el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los jefes de bloque de la oposición. Allí se definió que el martes próximo se constituirán las comisiones correspondientes para, al día siguiente, ratificar el dictamen que se firmó el año pasado pero que perdió estado parlamentario en diciembre. La hoja de ruta se completará el jueves 12, con la sesión convocada en el recinto.

Confianza libertaria
El oficialismo se muestra confiado. “Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión ”, deslizó un encumbrado miembro de la bancada. En efecto, salvo un sector de Unión por la Patria y la izquierda, el resto de los bloques se anticipó predispuesto a acompañar la iniciativa, con lo cual es altamente probable que sea convertida en ley por el Senado antes de la finalización del período extraordinario de sesiones, el 1 de marzo próximo.

El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que la condena máxima que podrá recibir un menor será de 15 años, solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad únicamente se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad a la hora de impartir el castigo serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Durante la reunión con el oficialismo, los bloques provinciales plantearon la necesidad de que la Nación costeara los mayores gastos que insumirá el nuevo régimen en las provincias. Los libertarios acordaron incluir en el texto una cláusula que habilitaría a celebrar convenios entre la Nación y los Estados subnacionales a medida que éstos adhieran al nuevo sistema para afrontar esos costos.

Además de Menem, participaron del encuentro Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, de Pro; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Bregman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz. DIB.

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió al cruce de Axel Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense, junto al kirchnerismo, “se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan”.

“Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos, recaudar siempre es más importante que generar trabajo”, se quejó el funcionario nacional en su cuenta de X.

De ese modo, Santilli salió al cruce del mandatario bonaerense, que antes había sostenido que la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”.

“Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, había planteado Kicillof en sus críticas al proyecto libertario.

El proyecto de reforma laboral del gobierno, entre otros aspectos, reduce el costo de las indemnizaciones, modifica el modelo de financiamiento de las mismas a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral en la órbita de la Ansés, habilita a los empleadores a fraccionar las vacaciones de sus trabajadores y recorta las contribuciones patronales.

Con intenciones de concretar la aprobación de la reforma laboral, una de las obsesiones de Milei, el Ejecutivo continúa dispuesto a revisar algunos puntos del articulado, pero se resiste a modificar la reducción del impuesto a las ganancias que reclaman los gobernadores. El tema estuvo presente durante el intercambio de la mesa política de la gestión libertaria del jueves pasado.

“Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, sostuvo un integrante del cónclave que tuvo lugar en las oficinas del Ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada.

Asimismo, hay quienes deben negociar con los actores, como Santilli. Por lo pronto, el funcionario recepta los reclamos y ofrece limitadas soluciones para acumular respaldos que le permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo legislativo.

En la misma posición están la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes deben articular con los legisladores aliados que también hacen públicos algunos reparos al articulado diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

La determinación de no ceder en la reducción de Ganancias para sociedades, lo que afectaría la recaudación provincial, parece ser la posición mayoritaria de gran parte del reducido círculo designado por Milei, aunque converge con la conciencia de tener que conformar a los gobernadores.

La nueva instancia de debate en la administración libertaria tendrá lugar en la previa al tratamiento de la ley, programado para el 11 de febrero.

Paralelamente, frente a las quejas y los reclamos de algunos legisladores y sectores gremiales, el presidente del bloque de diputados nacional de Unión por la Patria (UP), el rosarino Germán Martínez, convocó a una reunión para el miércoles que tendrá como principal objetivo unificar posiciones.

En concreto, las tensiones afloraron luego de que la exministra de Trabajo nacional Kelly Olmos presentara un proyecto propio de modernización laboral.

La iniciativa contó con las firmas de algunos diputados que no reconocen la conducción política de Cristina Kirchner, como la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz o el massista Guillermo Michel, entre otros. Y luego sumó las adhesiones de importantes referentes como Eduardo Valdés, Agustín Rossi o Hugo Yasky.

En tanto, sectores del camporismo y el PJ reclamaron “orden” y respaldaron el proyecto abordado en la Secretaría de Trabajo del Partido Justicialista (PJ), que preside la diputada y dirigente gremial Vanesa Siley.

Además, desde ese sector aclararon que su propuesta fue consensuada con la CGT y con las dos CTA.