País
La Iglesia rechaza bajar la edad de imputabilidad de menores
26 de marzo de 2025
La Pastoral Social publicó un comunicado, en el que afirma que la solución a la delincuencia juvenil pasa por “contención social y educación”. Pidió darles motivos para creer en un futuro con esperanza y combatir el narcotráfico.
El comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina:
Una realidad que nos interpela
Desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluya a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil.
En medio del debate social y político respecto de la baja de la edad de imputabilidad deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar. A diario experimentamos esta realidad cuando nos toca de cerca, porque sufrimos en carne propia esta situación y también nos duele cuando las víctimas son personas queridas, familiares y hermanos de nuestras comunidades.
Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana (SNIC_SAT), del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023 (último dato publicado), en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total.
Escuchar a todos
En los debates públicos y mediáticos se escuchan los testimonios de jueces, comunicadores, dirigentes políticos y de ciudadanos “de a pie”, por lo general víctimas de delitos. Pero la realidad es más diversa y la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos. Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable.
Narcotráfico, consumo de drogas y falta de oportunidades
Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas. Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. A los hechos nos remitimos. Por ello ¡Es necesario combatir el narcotráfico!
Pero de esto se habla poco. Si miramos la realidad, el narcotráfico en nuestro país, desde hace décadas, viene ganando territorio y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes.
También podemos preguntarnos todos: ¿qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes? Muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social. Es imprescindible comprender que es necesario promover una “cultura del cuidado” que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona.
Más lugares para la contención social y educación
Nos preguntamos: si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza.
Nos preguntamos: para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación.
El deterioro educativo y la deserción escolar es una realidad que requiere pronta solución. ¿Cómo se está trabajando para remediar esta tragedia educativa? Si los jóvenes hoy necesitan espacios de contención y cuidado, ¡manos a la obra! A reformar urgente el sistema educativo. En los barrios más desfavorecidos hay que repensar la estructura de las escuelas y potenciar los lugares de participación y proyección que existen: clubes, polideportivos, capillas, centros vecinales, etc.Radioinforme 3
¡Es necesaria la grandeza política!
Es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes. Que tengan motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza, y una salida que no sea «Ezeiza», las drogas, las armas o el cementerio. Pero, para ello, se requiere un debate serio, un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo y no solo medidas que pueden sonar bien en periodos electorales, pero que se quedan muy cortas. La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad: requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo. ¡Es necesaria la grandeza política!
Ante esta triste realidad, nos vemos en la obligación de expresar nuestro parecer en este debate complejo y de hacer nuestro aporte desde lo que a diario constatamos y muchas veces también padecemos, porque, como la mayoría de los argentinos, deseamos un país viable, con paz, sin violencia y con posibilidades para todos.
El Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito. Pero también los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos en general tenemos que aportar lo que sea necesario para ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables. Es imprescindible vencer todo tipo de indiferencia, superar la cultura del descarte y llenar con propuestas superadoras el vacío que dejamos cuando evadimos nuestras responsabilidades como adultos. Esto es determinante porque, como nos recuerda el papa Francisco, estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos.
Los jóvenes, nuestra esperanza
Son tantos los adolescentes y jóvenes en nuestro país que no dejan de soñar, que con esfuerzo luchan por sus ideales, que no pactan con la violencia y la aborrecen. Son tantos los jóvenes que se solidarizan con otros jóvenes, que se comprometen con causas nobles y que, ante la adversidad, no bajan los brazos. Son tantos los adolescentes y jóvenes que nos inspiran esperanza y nos permiten creer que un futuro mejor es realmente posible si somos capaces de pensar en grande y de caminar juntos.
País
El Gobierno dicta conciliación obligatoria y hay vuelos
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levanta el paro en los aeropuertos que iba a empezar este miércoles. La protesta era impulsada por ATE e iba a generar demoras y cancelaciones en los vuelos. El gremio aún reclama el pago de aumentos salariales pendientes y la apertura de paritarias.
De acuerdo a lo que se informó oficialmente, se dictó la conciliación obligatoria entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por el plazo de 15 días a partir de las 09:00 horas del 18 de marzo.
“El objetivo es buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios. En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”, expresó Capital Humano.
“Asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas. Durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente”, continuó.
“El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social”, concluye el escrito.
El miércoles pasado, el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había convocado un paro de actividades en aeropuertos de todo el país con la intención de que se extendiera por una semana. Esta iniciativa implicaba posibles demoras y cancelaciones en los vuelos.
Según el comunicado enviado a la Secretaría de Trabajo, la medida de fuerza, que estaba pactada desde el 18 al 24 de marzo, respondía a la falta de pago de aumentos salariales previamente acordados, además del reclamo de la apertura de la paritaria sectorial.
En ese momento, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, había señalado que el paro también buscaba visibilizar la situación salarial de los trabajadores del organismo. “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, manifestó en una publicación en sus redes sociales.
País
Construcción: el costo subió 1,9% en febrero y acumula 24,5% interanual
El costo de la construcción volvió a moverse por encima de la inflación núcleo en febrero y dejó una señal política y económica que el Gobierno no puede ignorar: según el INDEC, el índice subió 1,9% mensual y 24,5% interanual en el Gran Buenos Aires.
El dato, difundido el 17 de marzo de 2026, combina dos vectores sensibles —salarios y tarifas— y reabre una pregunta de fondo: ¿la desaceleración inflacionaria puede sostenerse sin tensionar costos estructurales en sectores intensivos como la construcción?
La cifra no es neutra. Llega en un momento donde la obra pública, la inversión privada y la dinámica del empleo en la construcción funcionan como termómetro de gobernabilidad económica. Y donde cada variación de costos impacta directamente en contratos, presupuestos y decisiones de inversión.
Salarios, tarifas y costos: el triángulo que explica la suba
El aumento del índice no responde a un único factor. Según el informe oficial , el alza de febrero se explicó por incrementos de 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un salto más marcado de 4,4% en gastos generales.
Detrás de esos números hay decisiones concretas. Por un lado, la suba en mano de obra refleja el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmado el 12 de enero y homologado días después, que comenzó a regir en febrero. No se trata solo de una recomposición salarial: el ajuste también incluye asignaciones extraordinarias que se trasladan de forma directa al costo de cada obra.
Por otro lado, los gastos generales incorporan actualizaciones tarifarias en servicios clave. El informe detalla que se trasladaron los nuevos cuadros eléctricos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para distribuidoras como Edenor y Edesur, junto con ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.
En paralelo, algunos insumos mostraron aumentos puntuales relevantes: maderas (4,5%), metales como cobre y plomo (4,2%) y vidrios (4,0%). La dispersión en los materiales —con bajas en rubros como ascensores (-1,6%)— muestra que el fenómeno no es homogéneo, pero sí consistente.
Un índice técnico con impacto político
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) mide la evolución de los costos en viviendas en el Gran Buenos Aires, sin incluir el valor del terreno ni impuestos como el IVA. Sin embargo, su influencia excede lo estadístico.
El dato funciona como referencia directa para la actualización de contratos de obra pública —en el marco del Decreto 1.295/02— y como señal para desarrolladores privados. Cada variación mensual redefine presupuestos, licitaciones y márgenes.
En ese contexto, la combinación de salarios en alza y tarifas actualizadas introduce un componente de rigidez en los costos. A diferencia de los precios de algunos materiales, estos factores tienen menor elasticidad a la baja en el corto plazo.
Correlación de fuerzas: sindicatos firmes y costos que condicionan
El dato también deja una lectura política sobre la mesa. El traslado del acuerdo salarial de la UOCRA al índice confirma la capacidad del sector sindical para sostener recomposiciones en un contexto de ajuste más amplio.
Al mismo tiempo, la incidencia de tarifas reguladas muestra que las decisiones del Gobierno en materia de precios relativos —particularmente energía y servicios— tienen impacto inmediato en sectores productivos.
Para el oficialismo, el desafío es doble: contener la inflación sin desarticular la actividad en un rubro que genera empleo y dinamiza economías regionales. Para el sector privado, el escenario obliga a recalcular costos y márgenes en proyectos que ya venían ajustados.
Señales mixtas hacia adelante
El comportamiento del índice en febrero no marca un quiebre, pero sí consolida una tendencia: los costos de la construcción siguen creciendo, aunque con una dinámica más moderada que en períodos anteriores.
La clave estará en observar cómo evolucionan dos variables sensibles en los próximos meses: las paritarias del sector y el sendero de tarifas. También será relevante seguir la dispersión en materiales, que podría amortiguar o amplificar futuras subas.
En un escenario donde la política económica busca anclar expectativas, el ICC se mantiene como un indicador incómodo: no define la inflación, pero sí expone sus tensiones más estructurales.
Fuente economis.com.ar
País
Cambios en Anses
Guillermo Arancibia fue designado este martes como nuevo titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), luego de la renuncia de Fernando Bearzi, quien había asumido la conducción del organismo en febrero del año pasado.
Arancibia se desempeñaba desde marzo de 2024 como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses y cuenta con antecedentes de gestión en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores. Su designación confirma una rotación de cuadros técnicos con experiencia operativa dentro del organismo, en un contexto en el que se multiplican las reestructuraciones de alto nivel en la administración pública.
El nuevo titular de la Anses también ocupó cargos durante la gestión nacional de Mauricio Macri. En ese período fue gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Previamente, en 2007, había sido designado Director General de la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que mantuvo hasta diciembre de 2015, antes de pasar a la gerencia general de la SRT.
Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director del Anses. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el recambio en la conducción del organismo estará orientado a profundizar un proceso de modernización administrativa. En ese sentido, destacaron que la nueva etapa pondrá el foco en la “digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”.
