La Casa Rosada invitó al politólogo y escritor Agustín Laje, para que comparta su historia de vida y narre su experiencia aprendiendo sobre la década de 1970.

El adoctrinamiento que recibió en la escuela y la censura que experimentó en su aprendizaje lo llevaron a buscar más allá de lo que le enseñaron, y contra muchos obstáculos, hoy puede contar la historia completa.

“Nací en 1989, soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario.

En la práctica esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista.

Si la “Teoría de los Dos Demonios” ya era en sí misma reduccionista dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la “Teoría del Demonio Único”.

La Teoría del Demonio Único dice más o menos así: el horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las fuerzas armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30 mil desaparecidos. Esta era toda la historia que nos contaban en el colegio, pero a mi algo no me cerraba, me parecía que al relato le faltaban partes, me parecía que la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. Por eso a mis 15 años decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. Accedí a numerosa bibliografía, recorrí hemerotecas y me entrevisté con protagonistas de la época y así pude conocer mejor nuestro pasado.

Mientras hacía esto era notorio en el colegio que a la mayoría de mis profesores no les agradaba que un simple alumno pusiera en crisis la Teoría del Demonio Único que ellos tanto se esforzaban por instalar. Recuerdo la incomodidad en sus rostros cuando les hacía preguntas que no podían o no querían responder, en una ocasión rompieron carteles de las víctimas del terrorismo que yo había llevado para que el resto de los alumnos no conocieran nada sobre estas víctimas. En otra ocasión llegaron a sugerirme que si no aguantaba el adoctrinamiento me cambiara de colegio. Todo esto aumentaba en mí la pasión por la verdad histórica. Desde entonces entendí que la historia no es solo aquello que nos cuentan, sino, sobre todo, lo que nos atrevemos a descubrir.

En realidad, el horror de los años 70 fue parte del contexto de la guerra fría en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de la época se enfrentaron de forma indirecta a través de sus respectivas áreas de influencia. Nuestra América Latina en particular fue el escenario de conflictos armados internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras que respondían a los ideales del socialismo, por un lado, y, por otro lado, las fuerzas armadas de los respectivos países que protagonizaron golpes de estado en toda la región.

Ya desde la década de 1960, las organizaciones terroristas de izquierda afloraron en toda la región, auspiciadas en la mayoría de los casos por la Cuba del tirano Fidel Castro. Así, en Chile operó el MIR; en Uruguay, los Tupamaros; en Bolivia, el ELN; en Paraguay, el Movimiento 14 de Mayo; en Colombia, las FARC, el ELN y el M19; en Brasil, la Acción Libertadora Nacional; en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional; en Guatemala, las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Ejército Guerrillero de los Pobres; en El Salvador, las Fuerzas Populares de Liberación y el Frente Farabundo Martí; en Nicaragua, el Frente Sandinista; en Costa Rica, el Movimiento Revolucionario del Pueblo; en Perú, poco más tarde, Sendero Luminoso, y así sucesivamente.

En lo que respecta a la Argentina, las organizaciones terroristas de mayor envergadura fueron los montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Ambas fueron creadas varios años antes de 1976 y llevaron adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo.

En la sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1985 se computó que las organizaciones terroristas cometieron:

- un total de 5215 atentados explosivos
- 1052 atentados incendiarios.
- 1748 secuestros.
- 1501 asesinatos.
- 45 copamientos de unidades militares y policiales.
- 2402 robos de armamentos.

Entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista.

En este contexto, en la misma sentencia se calculó que las organizaciones terroristas, en su momento de máximo apogeo, sumaban alrededor de 25 mil integrantes de los cuales 15 mil eran combatientes. Más aún, dicho fallo judicial sostuvo que las organizaciones terroristas cito: “multiplicaron su accionar y produjeron en el lapso posterior de la instauración del gobierno constitucional de 1973 la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el periodo analizado”, es decir, las organizaciones terroristas llevaron adelante la mayor parte de sus atentados contra gobiernos democráticamente elegidos, lo que pretendían era perpetrar su propio golpe de Estado para instalar en la Argentina un sistema de corte socialista a la fuerza, asimilable a la Cuba Castrista.

Este ataque fue direccionado desde el extranjero. El apoyo cubano a los terroristas no fue sólo ideológico, sino también logístico, económico y militar. Tanto Montoneros como el ERP enviaron cuadros a La Habana para recibir entrenamiento en tácticas de combate, sabotaje y guerra de guerrillas. Entre otros muchos, destaca el testimonio de Jorge Masetti, ex guerrillero del ERP, que en un libro autobiográfico, contó en su experiencia personal en los entrenamientos cubanos:

“Debía pasar 3 meses en una unidad militar especial. Me entregaron botas y uniforme verde oliva y ropa interior del mismo color. Me advirtieron que no podría salir en los tres meses que duraría el curso y que mis movimientos debían limitarse a 50 metros a la redonda del área que se me sería asignada. En mi vida había visto tantos fierros juntos. Pistolas, revólveres, fusiles, granadas y hasta bazucas y lanzacohetes, más un montón de cajas de municiones. Comenzamos con las clases teóricas, uso táctico, funcionamiento, alcance efectivo, arme y desarme de campaña, balística y otras cuestiones relacionadas con tema. Para las clases prácticas iba al polígono y disparaba con todo tipo de armamento de infantería. También practicábamos el tiro en movimiento, de defensa y de atentado, a píe y desde un auto, inclusive el tiro con fusil desde una avioneta”. Nada de esto se nos ha contado a quienes no vivimos los años 70, fuimos empujados a ignorar esta parte crucial de nuestra historia simplemente porque no convenía a los mercaderes y lo que tampoco convenía era contarnos que, según las mismas organizaciones terroristas, lo que atravesaba la argentina en la década del 70 era un verdadero estado de guerra revolucionaria. De esto no cabía la menor duda en el momento en que la historia tenía lugar. Por ejemplo, desde su revista El Combatiente, el líder del ERP, Mario Roberto Santucho, el 16 de octubre de 1974, en pleno gobierno constitucional, decía lo siguiente:

“En los comienzos de la generalización de la guerra civil redoblaremos nuestros esfuerzos de organización y militancia revolucionaria”.

A su vez, en esa misma revista el 24 de noviembre del mismo año, se publicaba un artículo titulado “¿Por qué estamos en un proceso de guerra?, donde se afirmaba:

“Nuestro partido decidió crear el ejército revolucionario, es decir, asumir uno de los aspectos de lucha de clases, el de más alto nivel, la lucha armada, la guerra popular revolucionaria como poder. La lucha será larga, sin cuartel en la que no se puede dar la mínima concesión al enemigo. En la que el problema militar, el aniquilamiento del enemigo por parte de las fuerzas populares adquiere una importancia fundamental”.

Como estos existe un centenar de ejemplos similares.

Por su parte, Montoneros hacía lo propio a través de sus órganos de prensa. En septiembre de 1975 bajo un gobierno democráticamente elegido, la revista Evita Montonera afirmaba “esta guerra, como toda guerra se rige por un principio básico y elemental, proteger las propias fuerzas y aniquilar las del enemigo”.

El mismísimo Juan Domingo Perón en una carta a Montoneros fechada en febrero de 1971 caracteriza como guerra revolucionaria lo que está ocurriendo en la República Argentina:

“Totalmente de acuerdo en cuanto afirman sobre la guerra revolucionaria, es el concepto cabal de tal actividad beligerante, han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito si la finalidad es conveniente”.

Ya en 1974 a través de otra carta, esta vez dirigida a los militares del Regimiento de Azul que había sido atacado por los terroristas, Perón calificó a estos últimos como “psicópatas” a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República. Por cadena nacional, Perón habló a todos los argentinos y dijo que había que “aniquilar” cuanto antes este terrorismo criminal.

El lenguaje bélico es patente. Mientras los hechos se desarrollaban, los protagonistas hablaban y actuaban sabiéndose parte de una guerra revolucionaria. Por eso, tras el retorno de la democracia, incluso en la sentencia del juicio a las juntas militares de 1985 se reconocía lo siguiente:

“En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria”.

Sin embargo, los promotores de la Teoría del Demonio Único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70. Para ello, han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel periodo, de intentar justificar los horrores cometidos por las fuerzas armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria, lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas.

La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política. No hay tal cosa como una verdad a medias. La omisión de lo necesario es tan grave como la afirmación del error. Si borraron de la historia las atrocidades de las organizaciones terroristas, también se encargaron de ocultar el hecho de que los métodos ilegales de represión estatal comenzaron durante el gobierno democrático anterior al 24 de marzo de 1976. En efecto, durante la presidencia de Juan Domingo Perón se creó y empezó a actuar la Triple A. Una organización paramilitar vinculada al gobierno que secuestró y asesinó a cerca de 500 personas. Además, en febrero y en octubre de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenó por medio de dos decretos del Poder Ejecutivo las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de “...aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Primero en Tucumán, provincia dominada por el ERP, y luego en todo el país.

Por entonces, ya era frecuente que los órganos de prensa de los terroristas denunciaran métodos de represión ilegal como la técnica de la desaparición forzada de sus integrantes. Por ejemplo, en su número de marzo de 1975, la revista Evita Montonera daba cuenta de un número indeterminado de secuestrados y desaparecidos. Asimismo, las organizaciones guerrilleras le endilgaban al gobierno la responsabilidad por los asesinatos de la Triple A.

Hay que recordar que la CONADEP, la Comisión Nacional creada tras el retorno de la democracia para investigar la represión ilegal del Estado, contabilizó en su libro “Nunca Más” varios cientos de desaparecidos en los meses previos al 24 de marzo de 1976. Esto llevó a sus autores a concluir que la técnica de la desaparición forzada de personas se diseñó y se implementó con anterioridad a esa fecha y que tras el golpe de Estado su implementación se intensificó. Según el anexo más actualizado del “Nunca Más” hubo 1169 desaparecidos entre 1969 y el 24 de marzo de 1976.

¿Por qué borraron de la memoria esos desaparecidos? ¿Tenían acaso menos valor por haber desaparecido antes del 24 de marzo de 1976? Más aún, ¿de quién son responsabilidad esos desaparecidos? ¿A quiénes quisieron proteger aquellos que nos dijeron que el drama de los 70 había empezado un 24 de marzo de 1976 y que no debíamos mirar hacia atrás de esa fecha?

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la horrorosa represión ilegal continuó y se intensificó. Las ejecuciones, las torturas, las desapariciones, fueron parte de la metodología empleada.

Por intereses políticos, ideológicos y económicos, los partidarios de la Teoría del Demonio Único decidieron no ajustarse a los números que surgían de las investigaciones realizadas desde la vuelta de la democracia, sino que se empecinaron con instalar la consigna de los 30 mil desaparecidos. ¿Pero cuál fue el origen de esta consigna? Luis Labraña, el ex guerrillero que confesó públicamente haber inventado la cifra, dijo que lo hicieron porque necesitaban inflar la cantidad de desaparecidos a los fines de conseguir mayores apoyos en Europa.

Pero el negocio del setentismo propiamente dicho se inauguró tras el retorno de la democracia. Solo en concepto de indemnizaciones, muchas de ellas de dudosa legitimidad, le hicieron al Estado Argentino desembolsar 2111 millones de dólares hasta el 30 de noviembre de 2015. A esto hay que sumarle los negociados de los autodenominados “Organismos de los Derechos Humanos” con el Estado, que, en realidad, funcionaron como estructuras de poder político de los gobiernos de turno. Desde universidades de mentira hasta constructoras fraudulentas de casas que nunca se hicieron, la corrupción afloró por doquier. Estos organismos no solo fueron financiados con recursos del Estado, sino que también sirvieron como usinas de adoctrinamiento y como trampolines políticos para sus dirigentes. Mientras tanto, las victimas del terrorismo nunca recibieron reparaciones ni reconocimiento alguno. El resultado fue un modelo de impunidad selectiva en el que algunos cobraban millones y los otros ni siquiera tenían derecho a la memoria.

Regresando a la cifra de los 30 mil desaparecidos, lo cierto es que jamás surgió de ninguna investigación. En su informe publicado en 1985 la CONADEP contabilizó 8961 desaparecidos para todo el periodo estudiado. A su vez, el último relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos realizado en el año 2015 en el marco del Registro Único de Víctimas del terrorismo de Estado arribó a un total de 6348 desaparecidos y 952 ejecutados a la luz pública. Sumados, dan 7300 casos entre desaparecidos y ejecutados.

Siempre me pareció inadmisible que existiendo investigaciones oficiales llevadas adelante y actualizadas bajo gobiernos democráticos, se nos hubiera impuesto una suerte de obligación moral de mentir. Vaya locura. Una obligación moral de aferrarnos a la mentira cuando en realidad lo que la historia exige es la verdad. Otra vez nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30.000, eso era porque pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. ¿Pero a quién se le ocurrió que a 8961 o 7300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir nunca más? ¿A quién se le ocurrió que esos números por sí solos no causaban escozor?

La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la Teoría del Demonio Único. No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas. Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Además, queremos hacerlo en libertad. No aceptamos ninguna clase de censura. No le reconocemos validez a ningún dogma escondido tras la tiranía de la corrección política. Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad.

Este 24 de marzo rompamos con el relato impuesto y reivindiquemos nuestro derecho a conocer la verdad completa".

El presidente, Javier Milei, ordenó la desclasificación total de toda la información de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976-1983. Asimismo, este 24 de marzo declaró como crimen de lesa humanidad el atentado del ERP contra la familia del capitán Humberto Viola.

“El gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4/2010, que nunca -según dijo Adorni- fue implementado. “Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación”, agregó.

El anuncio fue dado en el marco de los actos, marchas y protestas de organizaciones de derechos humanos, junto a agrupaciones políticas, por la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

“Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta, a pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo”, sostuvo Adorni.

El tono crítico apuntó a la expresidenta Cristina Kirchner, quien había ordenado durante su gestión la desclasificación de archivos, para evitar “cualquier limitación” que pueda “obstaculizar una investigación completa” en los juicios que se llevan adelante por violaciones a los derechos humanos.

El crimen de Viola como precedente

El funcionario adelantó que reconocerá como crimen de lesa humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola. En el atentado, ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros asesinó a Viola y a su hija María Cristina, de 3 años, tras atacar el auto en el que se desplazaban.

La gestión de La Libertad Avanza decidió acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno.

De este modo, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de acciones delictivas.

“Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de nuestro país, y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas”, concluyó Adorni en su mensaje.

 A 49 años del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura militar en el país, las organizaciones de derechos humanos, que marchaban por separado desde hace 19 años debido a diferencias internas, se unificarán en una sola movilización en la Plaza de Mayo. 

A las 16.30, en Plaza de Mayo, habrá un solo escenario donde cuatro referentes leerán un único documento: las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y Elia Espen, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Las entidades convocantes son Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S.; Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asociación de Exdetenidos Desaparecidos (AEDD); APDH; APDH La Matanza, Correpi; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros.