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Nunca en la historia el Congreso rechazó un DNU sobre deuda pública
18 de marzo de 2025
A raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025 recientemente dictado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se aprueba un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral analiza en un informe cómo fue el comportamiento legislativo a lo largo de los años en materia de deuda pública.
El Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral elaboró un informe titulado “DNU sobre deuda pública: ¿cómo fue la práctica institucional hasta ahora?”, con la autoría de los profesores de Derecho Constitucional de esa casa de estudios, Alfonso Santiago, Luis E. Vivacqua y Verónica Nolazco.
El informe explica que, a lo largo de la historia, el Congreso Nacional nunca ha rechazado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado a deuda pública.
Según el análisis de los autores, el comportamiento histórico del Congreso en esta materia revela una práctica institucional permisiva en materia de financiamiento externo.
El estudio se centra en el DNU 179/2025, recientemente emitido por el Poder Ejecutivo, que aprueba un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central. El DNU será tratado este martes 18 de marzo por la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo del Congreso.
A través de un análisis histórico y normativo, el informe demuestra cómo esta herramienta ha sido utilizada por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina y plantea interrogantes sobre el rol del Congreso en el control de la deuda pública.
Las claves del informe
El DNU 179/2025 y su alcance: el decreto autoriza un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, con un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de 4 años y 6 meses, bajo el argumento de mejorar la estabilidad monetaria y financiera.
La práctica institucional hasta el momento: el informe destaca que ningún DNU sobre deuda pública ha sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso, lo que confirma una tendencia histórica en la que el Legislativo no ha ejercido un control efectivo sobre estas decisiones.
El uso de DNU en cifras: desde la reforma constitucional de 1994, se han dictado 943 DNU. Sobre este total, el presidente Javier Milei emitió 63 DNU en poco más de un año de gobierno.
Una ley que limita el control legislativo: la Ley 26.122 establece que un DNU solo puede ser derogado si ambas Cámaras lo rechazan expresamente, lo que en la práctica ha generado un control laxo que permite la continuidad de estas medidas sin mayor debate parlamentario.
Luis Vivacqua, coautor del informe, señala: “Existe una arraigada práctica institucional de DNUs en materia de Deuda Pública y modificaciones al Presupuesto que en muchos casos son avalados por el Congreso. Esto es fruto de la Ley 26.122, que exige que las dos Cámaras del Congreso rechacen el DNU para que pierda sus efectos. En ese sentido, si se mantienen los precedentes todo indica que el Congreso podría terminar avalando implícita o explícitamente la decisión presidencial”.
Por su parte, Verónica Nolazco, también coautora del informe, sostiene: “Desde el año 2008 a la fecha se han presentado más de 100 proyectos de ley tendientes a modificar la Ley 26.122. De todos ellos, uno sólo, en el año 2010, obtuvo media sanción. Este proyecto establecía un plazo de caducidad de 60 días corridos para que el Congreso apruebe un DNU. En caso contrario, el DNU perdía vigencia. Además del plazo de caducidad, debería revisarse el régimen legal de la ley en cuanto a la designación e integración de los miembros de la Comisión Bicameral Permanente”.
Un análisis histórico y normativo
Por otra parte, el informe del ODCL revisa el impacto de los DNU en los últimos años. Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2018, el acuerdo con el FMI fue aprobado sin una ley especial del Congreso, mientras que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, la cancelación de deuda con el organismo se realizó por medio de un DNU que modificó la Ley de Convertibilidad para habilitar el uso de reservas del Banco Central.
Además, expone cómo la creación de la Comisión Bicameral Permanente en 2006, que debía fortalecer el control legislativo sobre los DNU, no ha logrado frenar la práctica del Ejecutivo de manejar la deuda pública a través de decretos.
¿Qué sigue ahora?
El DNU 179/2025 ya fue enviado al Congreso y la Comisión Bicameral Permanente deberá dictaminar sobre su validez en los próximos diez días. Sin embargo, el informe anticipa que si continúa el patrón institucional, el decreto podría no ser invalidado por el Congreso.
Facultad de Derecho de la Universidad Austral
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
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Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU
El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.
De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.
La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.
Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.
Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.
El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.
