27 de febrero de 2025

Un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la Inspección General de la Municipalidad resultó en el secuestro de más de una tonelada de alimentos. Investigan si fueron distribuidos de manera irregular por el Gobierno de la Provincia.

La mercadería había sido asignada a una cooperativa de trabajo que, según se pudo corroborar durante el allanamiento, ya no existe. La entidad en cuestión había sido beneficiaria de estos alimentos, pero los responsables del acopio no pudieron presentar ninguna justificación que explicara la posesión de esa cantidad de productos. Es por esto que secuestraron la comida, que quedó bajo custodia judicial. La operación fue realizada en el marco de la orden de allanamiento N° 7186/2024, emitida por el juez que lleva la causa.

Al respecto, el intendente Guillermo Montenegro, expresó a través de su cuenta en X, su apoyo al procedimiento y destacó la gravedad de la situación. “Estos son los alimentos no perecederos que la Provincia le dio a una cooperativa que no existe. Con la Inspección General apoyamos el allanamiento que condujo la Policía Federal. Cuando llegamos, no pudieron justificar el acopio y todo quedó a disposición de la Justicia”, escribió Montenegro.

El intendente también dejó en claro que, además de la incautación de la mercadería, la Justicia tomará las decisiones pertinentes para que los recursos sean distribuidos de manera adecuada entre instituciones que asisten activamente a personas necesitadas de la región.

“Vamos a solicitarle al juez que la reparta entre las instituciones que realmente trabajan con la gente vulnerable. Necesitamos mucha claridad en estos temas. Se acabaron los tiempos en que algunos vivos usan las necesidades de la gente dilapidando los recursos de todos los bonaerenses”, subrayó.

De acuerdo con las fuentes, los productos secuestrados no solo son de carácter no perecedero, sino que incluyen una variedad de alimentos básicos destinados a poblaciones vulnerables, tales como leche en polvo, arroz, fideos y otros insumos de primera necesidad. 

Sin embargo, el hecho de que estos hayan sido encontrados en una vivienda privada, fuera del circuito oficial de distribución, genera dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la ayuda social.

El secuestro de la mercadería y la apertura de la investigación judicial buscan, en última instancia, garantizar que los recursos públicos sean utilizados de acuerdo con su propósito original: asistir a quienes más lo necesitan. A través de estos procedimientos, las autoridades locales intentan también evitar que los fondos destinados al bienestar social sean desviados para otros fines, como se sospecha en este caso.

A todo esto, el intendente Montenegro solicitó a la Justicia federal que los alimentos que se secuestraron en un galpon de Mario Bravo al 9700 sean destinados a los damnificados del incendio de la semana pasada en el barrio El Marquesado.