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Derrumbe de la tasa de natalidad: cómo impacta en los jardines
17 de febrero de 2025
En menos de 15 años, el número de alumnos por curso en los jardines de infantes de los centros de educación privada cayó un 18,2% producto de un fenómeno que es totalmente ajeno al sistema educativo: la caída sostenida de los niveles de natalidad que registra la Argentina.
Según un informe elaborado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) los datos que sostienen esta afirmación son elocuentes. La tasa de natalidad pasó de 19 nacimientos por cada 1.000 habitantes en el año 2000 a aproximadamente 11 en 2022. En ese contexto, uno de los niveles más afectados es el inicial, en el que ya se observa una caída considerable en el número de alumnos matriculados. La tendencia se empieza a reflejar también en primaria
“La caída sostenida de la tasa de natalidad en Argentina en las últimas dos décadas ya tiene -y sobre todo tendrá- un impacto significativo en el sistema educativo. El fenómeno es transversal a todo el país. Cada vez nacen menos chicos y el sistema escolar enfrenta un fenómeno de descenso de matrícula que plantea tanto desafíos como oportunidades”, aseguró el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.
La entidad que agrupa a miles de centros de educación privada de todo el país (sólo en la Provincia de Buenos Aires nuclea a más de 2.300) sostiene que la matrícula en el nivel inicial sufrió un fuerte golpe en la pandemia y aún no logró recuperarse.
“Hoy tenemos un promedio de 18,8 alumnos por sección, mientras que en 2011 esa cifra era de 23. Esta caída en la matrícula en tan pocos años es significativa”, advirtió. Esto representa una caída, en menos de tres lustros, del 18,2%.
La tendencia de disminución de alumnos en primer grado es similar. El último relevamiento anual muestra que, en comparación con 2011, en 2023 ingresaron 102.000 alumnos menos a la primaria, lo que representa una disminución del 12,6% en la matrícula general. El fenómeno se refleja principalmente en el sector estatal, cuya caída es del 15%. En cambio, en las escuelas privadas, la reducción es del 6%.
“La baja en la matrícula implica una serie de retos para el sistema educativo, pero también una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza. Con menos alumnos por aula, los docentes podrían tener más tiempo y recursos para dedicar a cada estudiante. Les permitiría darles una atención más personalizada y una educación adaptada a las necesidades de cada uno”, sostuvo Zurita.
Sin embargo, el fenómeno también presenta desafíos estructurales. Una de las problemáticas más apremiantes es la normativa que exige un número mínimo de alumnos para que las instituciones puedan acceder a los aportes estatales. “Necesitamos revisar la normativa que requiere un número determinado de estudiantes para conservar el aporte estatal. Hoy en día tenemos menos alumnos, pero igual cantidad de cursos y cargos”, consideró el dirigente de los institutos privados.
Esta regulación, que se diseñó en tiempos de mayor natalidad y mayor demanda de vacantes educativas, no es sostenible en el contexto actual y mucho menos en el que se avecina en los próximos años.
La disminución en la cantidad de estudiantes, acompañada de una estructura educativa que se mantiene prácticamente igual, plantea la necesidad de reevaluar los recursos asignados y el modelo de financiamiento. Zurita destaca que, para algunas instituciones, mantener el mismo nivel de financiamiento con menos alumnos implica una carga económica difícil de sostener. “Deberíamos también evaluar el régimen de aranceles, ya que hoy mantenemos una misma estructura, pero atendemos a menos alumnos”, agregó.
Tal como muestra un informe reciente del Observatorio de Argentinos por la Educación, en las 24 jurisdicciones del país, el número de nacimiento cayó pronunciadamente entre 2014 y 2022. Tierra del Fuego fue la que registró la mayor caída con el 49% y le siguen Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires con el 44%. Tomando en cuenta el número de nacidos, se proyecta que la matrícula en la educación primaria caerá en un 28% en los próximos años.
La disminución inevitable de la matrícula presenta una oportunidad para el Estado y las instituciones educativas de repensar el sistema. La posibilidad de tener aulas menos saturadas podría contribuir a una enseñanza más personalizada y a una mejora en los resultados de aprendizaje. Año a año, las evaluaciones estandarizadas exponen las dificultades que atraviesa el sistema educativo.
Para aprovechar la oportunidad demográfica, es necesario que las políticas educativas se adapten a esta nueva realidad. La reglamentación actual, que asocia los aportes estatales al número de alumnos, podría llevar a algunas instituciones a una situación económica crítica y dificultar su funcionamiento, en especial en las jurisdicciones donde el descenso de la natalidad es más marcado.
Desde AIEPA se pide por una actualización en las políticas educativas que permita capitalizar la baja de la natalidad para avanzar en la calidad de la enseñanza, con mayores recursos por alumno. Conscientes de que se atraviesa un momento clave para transformar la educación, la entidad remarca la necesidad de reformar la normativa para que las escuelas puedan sostener su estructura y seguir mejorando su servicio.
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
