JUDICIALES
Nueva jueza en el Tribunal de Trabajo N° 4

9 de febrero de 2025
Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del plata, informan que en el día jueves 6 de febrero, asumió sus funciones una nueva jueza de Trabajo del Departamento Judicial.
En un acto realizado en el salón de actos del Colegio de Abogados Departamental, fue tomado el juramento a la doctora María José Beldarrain como Jueza de Tribunal de Trabajo.
Como datos curriculares, se puede destacar que es egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Diplomada en la materia (Individual, colectivo, riesgos del trabajo y procesal) egresada de la Escuela Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, con 25 años de ejercicio de la profesión con destacada trayectoria.
JUDICIALES
Se negó a declarar el detenido por el crimen del kiosquero

Ignacio 'Nacho' Bustos Nieto, acusado del asesinato del kiosquero Cristian Velázquez, de 50 años, se negó a declarar ante la justicia. El fiscal Alejandro Pellegrinelli, encargado de la investigación, solicitó que el imputado permaneciera detenido en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
El asesinato ocurrió durante un intento de asalto en el que Velázquez recibió un disparo en la cabeza. Bustos Nieto fue detenido el martes por la madrugada, luego de que su propia familia lo entregara a la policía en el barrio Pueyrredón.
Tras pasar la noche en la Unidad Penal Nº 44, fue trasladado a Tribunales, donde, acompañado por la defensora oficial Gabriela Mónaco, decidió no prestar declaración.
La policía encontró una vivienda en el barrio Fortunato de la Plaza en busca de Cristian «El Guachín» Monje, el otro sospechoso del homicidio. Aunque no lograron capturarlo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .357, una gorra y una camiseta del club Alvarado, elementos que podrían estar relacionados con el asalto en el comercio ubicado en Jacinto Peralta Ramos e Irala.
JUDICIALES
Casi 15.000 presos narcos podrían solicitar la libertad condicional

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucionales las normas que les impedían acceder a la libertad condicional a estos detenidos. Sin embargo, la resolución no garantiza que todos ellos reciban dicho beneficio.
A fines de 2023, un total de 14.584 personas estaban detenidas en todo el país por delitos vinculados a la venta de drogas, de acuerdo a los últimos datos oficiales.
Estas personas podrían solicitar que se les aplique el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inconstitucionales las normas que le impiden a ese tipo de presos no poder acceder a la libertad condicional. Sin embargo, esa resolución no garantiza que todos ellos obtengan este beneficio de manera automática.
La cifra oficial, provista por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), muestra que a fines de 2023 había 14.584 personas detenidas por violación a la Ley 27.737 de estupefacientes. Este número se encuentra por debajo de los encarcelados por delitos como homicidios dolosos (15.043), delitos sexuales (22.355) y robos o tentativas de robo (40.336).
Ahora, quienes figuran en esta estadística podrían solicitar en sus expedientes que se les aplique el fallo que por mayoría dictó la Sala de Feria de la Cámara de Casación, que estableció que es inconstitucional el artículo del Código Penal de la Nación y el de la ley de Ejecución Penal que establecen que los condenados por delitos de narcotráfico no pueden acceder a la libertad condicional.
Infobae informó que este criterio se estableció por una reforma de 2017 del Congreso de la Nación en lo que se conoció como “ley Petri”, por el actual ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. De esta manera, se fijó que los condenados por delitos graves no podían acceder a la libertad condicional, es decir: los casos de narcotráfico, secuestros, delitos sexuales, homicidios agravados, torturas, financiamiento del terrorismo, entre otros.
No obstante, por mayoría, la Sala de Feria de Casación consideró que dicha restricción violaba el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Según los jueces, se crea una disparidad de trato entre los detenidos por venta de drogas y aquellos condenados por otros tipos de delitos, afectando también el proceso de resocialización.
Fuentes judiciales consultadas por el mencionado portal, indicaron que esta determinación no es compartida por todos los miembros de la Casación. Es importante destacar que, aunque el fallo de Casación abrió la puerta para que algunos detenidos soliciten el beneficio, el trámite no será automático para todos los involucrados.
Además, el fiscal Raúl Pleé se encuentra evaluando apelar la resolución ante la Corte Suprema de Justicia, lo que podría modificar el alcance del fallo.
JUDICIALES
Fiscales estan conformes con el fallo, aunque apelarán las participaciones secundarias

Los fiscales que intervinieron en el juicio a los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa dijeron esta tarde sentirse conformes con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores y adelantaron que apelarán la participación secundaria atribuida a tres de ellos por considerar que fueron "coautores" del crimen, como los otros cinco sentenciados a perpetua.
"Desde la fiscalía estamos muy conformes. Lo único que no compartimos, pero deberemos analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas", señaló a la prensa el fiscal Juan Manuel Dávila al referirse a Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23), quienes fueron condenados a 15 años de prisión por ser "partícipes secundarios".
Si bien Dávila afirmó que todavía no leyó los fundamentos de los jueces, manifestó estar convencido de que Cinalli, Viollaz y Pertossi "son coautores y no que tienen una participación secundaria como dictó el tribunal".
"Tenemos que leer los fundamentos. En eso se va a fundar el recurso se presentará ante Casación", aclaró el representante del Ministerio Público, que tendrá 7 días para recurrir el fallo.
Por otro lado, el fiscal coincidió con el TOC 1 respecto a la imputación por falso testimonio a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo.
"Entendemos que las dos personas, de acuerdo a cómo se ubicaban en el momento de los hechos, no pudieron no haber visto lo que ocurrió, como ellos manifestaron. Será remitido a la fiscalía de instrucción para que se investigue", indicó.
En tanto, el otro fiscal de juicio, Gustavo García, destacó que "hay cinco perpetuas" y que "no hubo penas leves".
En ese sentido, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, describió las condenas como "muy duras" y aseguró que "se ha hecho Justicia".
"Tengo que destacar el trabajado realizado por la fiscalía", expresó Escoda y agregó: "Llegamos a esta instancia luego de tres años con una pandemia en el medio. Las hipótesis de la fiscalía fueron sustentadas en al menos cinco imputados que fueron condenados a prisión perpetua."
Además, el fiscal general manifestó que "hay una discrepancia" con el tribunal en la parte resolutiva del fallo y que "es común" que los representantes del Ministerio Público recurran el fallo.
"Sin embargo, quiero resaltar que el tribunal ha llevado el juicio de manera excelente. Todos han podido declarar y se ha televisado", concluyó.