El Gobierno prepara el proyecto de ley que busca eliminar lo que definen como “discriminación positiva”, y que incluirá la eliminación de la caratula de femicidio contemplada en el Código Penal.

“El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, argumentó a la agencia Noticias Argentinas una alta fuente con acceso al despacho presidencial, horas después de que el mandatario cargara contra la ideología woke y el feminismo radical.

Bajo esa premisa, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el equipo que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, trabajan en el detalle del proyecto que se denominará Igualdad ante la Ley, y que busca derogar lo que definen como “discriminación positiva”.

La idea del Ejecutivo es avanzar en la derogación de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27499); el DNI no binario, implementado en 2021 a través del Decreto 476/2021; la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins” (Nº 27.636 ); la Ley de Paridad Electoral en Ambitos de Representación Política (Nº 27.412), como los puntos más salientes

La decisión alcanzará también a toda norma que garantice “un trato diferencial ante la ley”, lo que incluye además el cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431), que obliga al Estado a asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar.

“Tengo el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia”, prometió Milei, y su equipo trabaja para cumplir sus órdenes.

A finales de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la creación de la norma aunque sin brindar mayores precisiones del proyecto. A través de su cuenta de X, detalló: “La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas. Fin”.https://75a7a966e9495e151a01ca6dbd327a04.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Algunos meses después, y con la redacción en curso, despierta controversia la decisión de terminar con la tipificación de femicidio, contemplada en el artículo 80 del Código Penal, en el inciso 11 tras la sanción de la ley 26.791, publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2012.

Pese a las estadísticas alarmantes que arrojan que una mujer es asesinada por razones de género cada 29 horas, y con un 2024 en el que se registraron 255 femicidios, el gobierno busca eliminar la figura como agravante y dar por saldadas las desigualdades históricas.

“Es una locura que haya una pena mayor por un homicidio contra una mujer que la que hay contra un hombre”, sostuvieron al respecto, luego de que Milei asegurara que las feministas “no se quejan de que la mayoría de presos, los plomeros y los muertos en las guerras son hombres”.

Sin determinar fechas precisas, en el Poder Ejecutivo hablan de dar el debate en el Congreso durante en el periodo de sesiones ordinarias, y no descartan impulsarlo en el marco de la campaña electoral legislativa para marcar agenda.

La reticencia de la oposición al discurso del libertario en el Foro Económico de Davos parece no importarle a la mesa chica que asegura que tratará el tema sin importar si cuenta o no con los respaldos necesarios de sus principales aliados. “No vamos a dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer por miedo a que lo rechacen”, plantearon, y agregaron: “En todo caso no saldrá”.

Si bien Milei se pronunció más de una vez en contra del aborto legal, desde su entorno se encargaron de asegurar que el paquete no incluirá la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de Argentina (Nº 27.610), sancionada el 30 de diciembre de 2020, ni la Ley de Matrimonio Igualitario (Nº 26.618).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el Estado no debe "promover" la homosexualidad, aunque aclaró que "cada uno" puede hacer de su vida "lo que sienta".

"No veo ninguna objeción en que cada uno haga de su vida lo que sienta. Otra cosa diferente es hacer campañas promoviendo o a favor, porque eso genera confusión. Sobre todo en los más jóvenes", consideró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro coordinador dijo que cada persona "vive la vida de la manera que quiera verla, pero distinto es la promoción de esas situaciones de manera pública".

A su vez, ante la pregunta de si las "situaciones" que mencionaba el funcionario hacían referencia a la homosexualidad, Francos afirmó: "Por ejemplo".

Asimismo, el jefe de Gabinete sostuvo que en el país hubo "campañas escolares" en las que se les transmitió a los chicos "situaciones de este tipo", en referencia a la homosexualidad. "El Estado en eso no tiene que meterse. Si en el respeto en las decisiones de cada uno", argumentó.

Los dichos de Francos se produjeron luego de que el presidente Javier Milei cuestionara en duros términos la ideología de género durante su intervención en el Foro de Davos.

Milei había cargado contra el "wokismo", el término utilizado por la derecha para referirse al progresismo, y sostuvo entonces que "el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado".

DENUNCIA PENAL

A todo esto, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei al afirmar que "decir que nos va a buscar a todos los que pensamos diferente, hasta el último rincón, es un delito".

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, confirmó que la denuncia en Argentina, basada en la publicación que escribió ayer el Presidente en sus redes sociales, fue presentada ante el juez federal Daniel Rafecas y que la fiscal del caso será Paloma Ochoa.

En el ámbito internacional, la denuncia será presentada en la Corte Penal de la Haya y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno nacional auditará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras haber detectado que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos.

La medida será llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI. En la última auditoria, realizada en diciembre de 2024, se detectó que la gran mayoría de los beneficiarios no padecía la afección que declaraba tener. Por ese motivo, se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas por presos desde las cárceles y 150 por fallecidos.

Esta nueva auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado, como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral.

Según el Boletín Oficial, en los argumentos el Ejecutivo explicó que “la normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral y en cada una de las especialidades y conocimiento de campo tanto en la valoración pericial del daño como en la evaluación de las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas, a lo largo de todo el país”.

En el baremo se presentó una serie de apartados que evalúan “cualitativamente” el grado de deterioro psicofísico según la condición. “La presente normativa permite contar con una clasificación para cada aparato o sistema, de los distintos grupos de afecciones psicofísicas según sean causales de incapacidad laboral suficiente para el otorgamiento del beneficio, evaluable, baja o nula”, señalaron desde el gobierno.

En una primera etapa, los organismos encargados de la tarea realizarán un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado y se hará una evaluación en territorio por médicos del PAMI. Luego se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio y, finalmente, se emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión.