País
Malestar de los usuarios viales
22 de diciembre de 2024
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial dieron a conocer un comunicado por el cual da cuenta del “sorpresivo e injustificado nuevo incremento de entre el 23 % y 25 % en las tarifas de peaje en la provincia de buenos aires y que rige desde este mes de diciembre. es el cuarto aumento que se autoriza durante el año 2024”
Para el caso de la Autopista Buenos Aires – La Plata el incremento es del 25 % y para el sistema vial integrado del atlántico (autovía 2 y ruta provincial 11 y conexas) del 23 %. Continuarán los ajustes bimestrales o trimestrales por un coeficiente de variación tarifaria (CVT)
MARZO/2024 50 % – ABRIL/2024 35 % – AGOSTO/24 139 % a 167 % y DICIEMBRE/24 23 al 25 %
“Aumento total acumulado en el año 530 %. Incremento gestión Axel Kicillof más del 4.300 %”
– AUTOMÓVIL DE CABA A LA PLATA Y VICEVERSA, IDA Y VUELTA HORA PICO 25 DÍAS POR MES POR AÑO $ 2.400.000.- SOLO DE PEAJE
– CAMIÓN DE + DE 6 EJES DE CABA A LA PLATA Y VICEVERSA, IDA Y VUELTA HORA PICO 20 VIAJES POR MES POR AÑO $ 11.520.000.- SÓLO DE PEAJE
– AUTOMÓVIL DE CABA A MAR DEL PLATA Y VICEVERSA, IDA Y VUELTA25 DÍAS POR MES POR AÑO $ 8.760.000.- SOLO DE PEAJE
– CAMIÓN DE + DE 6 EJES DE CABA A MAR DEL PLATA Y VICEVERSA, IDA Y VUELTA 20 VIAJES POR MES POR AÑO $ 36.720.000.-
Los constantes aumentos de las tarifas de peaje que se vienen sucediendo sin control alguno son descabellados, abusivos, inapropiados, injustificados e ilegales y carentes de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. Ni siquiera se respetan principios básicos de confiscatoriedad y razonabilidad reseñó Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial
Es increíble que autoridades de la empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) como del propio Gobierno Provincial todavía siguen manifestando que las tarifas que se cobran “son las más baratas”, siendo en la realidad todo lo contrario, subrayó
CUADROS COMPARATIVOS
Acceso Oeste auto se abona dos veces para el total del corredor, $ 900.- cada una, es decir $ 1.800.- (ajustes mensuales por CVT)
Acceso Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas auto se abona dos veces para el total del corredor, $ 1.300.- cada una, es decir $ 2.600.- (ajustes mensuales por CVT))
Acceso Buenos Aires – La Plata auto se abonará dos veces para el total del corredor, $ 2.000.- cada una, es decir $ 4.000.- (ajustes trimestrales por CVT))
Corredor vial Nacional N° 18 (Rutas Nacionales 12 y 14) y Puente Rosario – Victoria y Ruta Nacional 174 (ajustes mensuales por CVT – Empresa Caminos del Río Uruguay S. A.)
AUBASA – Autovía 2 y Ruta 11 y conexas (ajustes trimestrales por CVT)
Para Lasca “este sorpresivo e injustificado nuevo tarifazo del “falso peaje o impuesto al tránsito” autorizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y que no se condice con ningún tipo de índice de ajuste, se trata de una medida meramente recaudatoria solo para beneficiar la inoperante empresa concesionaria AUBASA y tratando de ir cubriendo el déficit de la misma. Con este ajuste tarifario se ocasiona más incremento en el costo de transporte y por ende en todos los precios de le economía, generando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales directos e indirectos, y a toda la sociedad en su conjunto”.
Desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, año tras año se vienen sucediendo escandalosos tarifazos de peaje, ilegales, abusivos, injustificados y carentes de considerables fundamentos técnicos-económicos, denunció.
Es lamentable y preocupante- agrega- que este problema persista en el tiempo, favoreciendo el interés particular de la empresa “estatal” AUBASA, que solo se limita a cobrar el peaje, y que es claramente innecesaria, burocrática, costosa y deficitaria, y que encima actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad de Buenos Aires (DVBA). Justamente las obras de envergadura que se han realizado y se realizan, no son con fondos del cobro de peaje, sino a través de aportes del Estado Provincial, Nacional o créditos externos.
“En el caso concreto del Sistema Vial integrado del atlántico, ni Covisur S .A.., ni caminos del Atlantico S. A., ni Autovía del Mar S.A., y menos aún Aubasa, han puesto un peso para realizar obras.”, sentenció Ricardo Lasca
Para el referente de los usuarios viales, es un tema grave que sucede desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, y que no es considerado, es que las mismas tienen carácter de “servicio público”, y a pesar del tiempo transcurrido no se ha creado un Marco Regulatorio – Ente Regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos. Nunca fue considerado por los distintos gobiernos de la Provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense, a pesar de los reiterados pedidos llevados a cabo por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).
Tampoco se tuvo en cuenta por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia. Es así que los usuarios viales siguen siendo esquilmados a través del cobro de un “falso peaje o impuesto al tránsito”, injusto, ilegal, claramente inconstitucional e inviable técnicamente. Los derechos de los usuarios viales siguen siendo pisoteados y vulnerados, afirmó.
El peaje – reafirmó- que se cobra es inconstitucional por la falta de caminos alternativos libres de pago y la doble imposición. Es inviable por el bajo caudal de tránsito e injusto por tratarse de un sistema abierto donde unos pagan y otros no de acuerdo al tramo transitado, y donde lo que se recauda se gasta en el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje y la empresa AUBASA, sin volcarse plata al camino.
“Es sorprendente e indignante que el propio Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, como la propia Defensoría del Pueblo, que forman parte del denominado “Foro Multisectorial contra los Tarifazos”, no digan una sola palabra sobre los aumentos de peaje que se dan en forma permanente y sin control alguno en los corredores viales concesionados en la Provincia de Buenos Aires”, concluyó Lasca
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
