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El Gobierno postergó la quita de los subsidios a la luz y el gas

3 de diciembre de 2024

El Gobierno extendió el periodo de transición energética y decidió extender el esquema actual de subsidios a la electricidad y el gas natural por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”.

Si bien la gestión de Javier Milei avanzó en recortes parciales de esas subvenciones, la intención oficial es eliminarlos de manera completa en 2025, pero la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo de la Secretaría de Energía y la urgencia por minimizar posibles cortes masivos en el verano atrasaron el cronograma original.

“Lo venimos trabajando mucho. Nos hubiera gustado publicarlo esta semana, pero estábamos haciendo los últimos cálculos del impacto en las tarifas. Vamos a fijar un período de transición hasta abril y después ir a una tarifa focalizada”, planteó la secretaria de Energía, María Tettamanti, al participar del evento Energy Day, que organizó el sitio especializado Econojournal.

Para tomar la decisión, la Secretaría realizó evaluaciones “en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía”.

En ese sentido, se expuso que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.

De los informes técnicos, también se desprende que “la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones”.

Energía aclaró que “durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.

La medida se da tras la prolongación de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, resuelta a mediados de noviembre. La misma lleva casi un año de vigencia y afecta a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural. Dib

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¿CIERRA O NO CIERRA?

La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, luego del pedido de la propia firma ante la imposibilidad de afrontar las deudas económicas. La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rafaela. “La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión, consideró el juez. 

La cooperativa cuenta con un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la dificultad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores. 

SanCor se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente, el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. 

El concurso en cuestión no modificó la situación de la firma láctea, sino que la profundizó al punto tal que el pasivo postconcursal crecía a una tasa cercana a $3.000 millones por mes, según se desprende del expediente. 

Específicamente, al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones. 

¿CIERRA O NO CIERRA? 

No obstante, Gelcich dispuso que la empresa continúe operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial, al señalar que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”. 

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Senado reactiva el debate sobre la tenencia de armas

El Senado reactiva este miércoles el debate sobre el proyecto de regularización de la tenencia de armas de fuego, que se combina con la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

La Libertad Avanza quiere convertir en ley en la primera semana de mayo y por eso motivo este miércoles 22 buscará firmar dictamen sobre esta iniciativa en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, que presiden el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada, según informaron fuentes parlamentarias a la agencia NA.

Durante la reunión de comisión brindará un informe que brinde Juan Pablo Allan, Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR).

La iniciativa fue enviada el 15 de mayo del 2024 por el Presidente Javier Milei, y la ex ministra y hoy jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

El proyecto, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados en octubre del 2024, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMaC busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.

Desde la ANMaC aclararon que esta legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad y personal autorizado de seguridad privada.

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Reforma electoral

El presidente Javier Milei anunció que enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

El mensaje de Milei

El oficialismo, especialmente el asesor Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, comenzó a trabajar en esta iniciativa hace meses. El objetivo final, para la Casa Rosada, es alinear los intereses de la sociedad con la política, dos esferas que hoy están separadas.

Además, se tratará de eliminar las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) a toda costa aunque hay sectores del oficialismo que ven prudente suspenderlas como sucedió el año pasado.

Es que varios espacios políticos, algunos aliados al Gobierno, se resisten a eliminarlas porque, en medio del desorden partidario que atraviesan, necesitan de esta instancia para ordenar sus internas y poder definir las candidaturas.

“Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador en este proyecto. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”, sostuvo la diputada mileísta Lilia Lemoine en sus redes sociales.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, afirmó: “Ningún partido político de bien puede oponerse a esta agenda. No es año electoral. No hay excusas”.

El oficialismo ya había logrado avanzar con una parte de su idea de reforma electoral, cuando aprobó en el Congreso la BUP (Boleta Única de Papel) para las elecciones nacionales, teniendo su estreno en los comicios legislativos del año pasado.

No obstante, todavía sigue en pie en la provincia de Buenos Aires el antiguo sistema de boletas múltiples, con las cuales el peronismo derrotó a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas provinciales de septiembre del año pasado.

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