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Desregulan el servicio de rampas en los aeropuertos
7 de noviembre de 2024
El reciente anuncio del Gobierno sobre la desregulación del servicio de rampa en los aeropuertos marca un punto de quiebre en la dinámica laboral y operativa del sector aeronáutico argentino. La medida, impulsada tras el prolongado paro de Intercargo en Aeroparque y Ezeiza, abre la puerta a que empresas privadas puedan intervenir en un servicio que hasta ahora monopolizaba Intercargo. Esta movida promete mayor competencia y eficiencia en el sector, pero también genera dudas sobre sus posibles consecuencias.
El vocero presidencial destacó que se está terminando con los privilegios sindicales y que el gobierno no va a tolerar que “terroristas sindicales” afecten la vida de miles de pasajeros. La situación se volvió tensa cuando, durante el paro, más de 2000 personas quedaron varadas en aeronaves y requirieron asistencia médica debido a la falta de servicios básicos. Esto impulsó al Gobierno a tomar una postura contundente, instruyendo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para intervenir en casos de crisis y asegurar que los vuelos puedan operar sin mayores demoras, incluso ante conflictos gremiales.
Por su parte, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, detalló que esta medida forma parte de un proceso de desregulación integral que se ha estado implementando en los últimos tiempos. Comenzó con la apertura de rutas y precios en el transporte aéreo, permitiendo que más aerolíneas operen y ofrezcan tarifas competitivas, y culmina ahora con la desregulación del servicio de rampa, algo hasta hoy impensado en el contexto aeroportuario argentino.
A través de esta decisión, se busca que el mercado de rampas sea competitivo, dando lugar a nuevas empresas que puedan ofrecer el servicio de forma más ágil y eficiente. Esta apertura permitirá que se incorporen actores del sector privado que no necesariamente forman parte de las aerolíneas, pero que tengan la capacidad de brindar soporte a las operaciones aeroportuarias. Según el secretario de Transporte, Franco Mogetta, el objetivo es «liberar el sistema de rampas de los cepos burocráticos» que impedían su modernización y expansión, lo que beneficiaría no solo a las aerolíneas, sino a todo el ecosistema económico que depende de un transporte aéreo eficiente.
A todo esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que la PSA y otras fuerzas federales estarán habilitadas para intervenir si los gremios se niegan a operar. Durante la huelga de Intercargo, se evidenció la falta de soluciones rápidas cuando pasajeros se vieron retenidos en las aeronaves por horas debido a la paralización del servicio de rampas. Como respuesta, el Gobierno instruyó a la PSA para que descargue los equipajes y asegure la salida de los vuelos en caso de futuros bloqueos gremiales.
Impacto en las tarifas
Con la entrada de nuevos operadores en el servicio de rampa, se espera que la competencia pueda generar una reducción en los costos operativos de las aerolíneas, y potencialmente, en el precio final de los boletos para los pasajeros. Al ofrecer servicios de rampa más eficientes y económicos, las aerolíneas podrían trasladar parte de esos ahorros a las tarifas, haciendo el transporte aéreo más accesible.
Además, la mejora en los tiempos de rampa podría impactar positivamente en la experiencia del pasajero, reduciendo demoras y optimizando la puntualidad de los vuelos. Sin embargo, queda por ver si estos cambios se traducen realmente en beneficios para el usuario final o si las aerolíneas absorberán los costos adicionales de una eventual pérdida de eficiencia ante conflictos gremiales.
Uno de los puntos resaltados por Sturzenegger fue la posibilidad de que empresas locales puedan ofrecer servicios de rampa en aeropuertos más pequeños, como el de Villa María. Esta apertura representa una oportunidad interesante para los empresarios y profesionales de las economías regionales, que podrían ingresar a un mercado nuevo y ofrecer sus servicios a aeropuertos de menor escala.
La entrada de empresas locales no solo impulsa la creación de empleo, sino que también podría fomentar inversiones en infraestructura en zonas menos urbanizadas, especialmente en regiones con fuerte actividad agrícola que dependen del transporte aéreo para exportar productos y conectar con el resto del país.
En este contexto, los empresarios agropecuarios y de servicios logísticos deberían prestar atención a las oportunidades que esta medida podría traer. La posibilidad de que nuevas empresas de rampas se instalen en aeropuertos locales brinda alternativas para facilitar la exportación de productos y mejorar la eficiencia logística, un factor clave para el sector agroindustrial que requiere canales de transporte fluidos para optimizar sus tiempos y costos, se subrayó.
Un cambio de paradigma
Con la desregulación del servicio de rampa, el Gobierno plantea un nuevo paradigma para el sector aeronáutico argentino. Eliminar el monopolio de Intercargo y abrir el servicio a la competencia representa un avance inédito, que busca reducir los costos operativos de las aerolíneas y mejorar la eficiencia en los aeropuertos. La decisión, sin embargo, genera tensiones con los gremios de trabajadores y plantea interrogantes sobre los estándares de calidad y seguridad que estas nuevas empresas deberán cumplir.
La competencia en el servicio de rampa no solo permitirá una reducción de costos, sino que también pondrá a prueba la capacidad de Intercargo para adaptarse a un entorno de libre mercado. Se espera que la empresa estatal busque mejorar su eficiencia operativa para no perder terreno frente a nuevos competidores. Este escenario podría impulsar una transformación interna en Intercargo, que buscará demostrar su capacidad para operar en igualdad de condiciones frente a la competencia privada.
Nuevas inversiones
La apertura del servicio de rampa también representa una oportunidad interesante para empresas nacionales y extranjeras que deseen ingresar en el sector aeronáutico. Según analistas del sector, la desregulación permitirá que empresas de logística, transporte y servicios auxiliares amplíen su cartera de negocios y ofrezcan soluciones integrales a las aerolíneas. La posibilidad de operar en un sector históricamente cerrado y controlado por el Estado podría atraer inversiones y fomentar la creación de empleo, especialmente en las regiones donde el tráfico aéreo ha crecido de manera sostenida en los últimos años.
En este sentido, los empresarios del sector logístico y operadores aeroportuarios internacionales están evaluando las oportunidades que ofrece la desregulación. Al no existir limitaciones de ingreso, es probable que varias empresas interesadas presenten propuestas competitivas y enfoques innovadores, como el uso de tecnología avanzada para optimizar las operaciones de rampa y reducir los tiempos de espera. La incorporación de tecnologías de automatización y digitalización también permitirá elevar el estándar del servicio, beneficiando a las aerolíneas y a los pasajeros.
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
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PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
