La senadora bonaerense Flavia Delmonte (UCR) presentó un proyecto de ley para crear el Programa de Sustitución y Prohibición de vehículos de Tracción a Sangre Animal, una iniciativa que busca erradicar el uso de animales (como el caballo) en actividades de transporte, recolección y reparto en zonas urbanas.

La propuesta apunta a resguardar el bienestar de los animales, a través de la promoción de su adopción responsable y la prohibición de su comercialización y explotación; mientras que propone otras alternativas laborales para los trabajadores que tiene como objetivos, además, la reducción de la siniestralidad vial y la prevención de enfermedades de origen zoonótico.

“A raíz de los sucesivos acontecimientos de maltrato animal, el último conocido en San Clemente donde obligaron a un caballo a desencajar una camioneta en la arena, es imperioso dar una solución urgente a la utilización de animales en vehículos de tracción a sangre, lo cual representa una problemática social, económica y ambiental en todo el territorio bonaerense”, enfatizó Delmonte.

En esa línea, agregó: “Resulta necesario implementar políticas públicas que atiendan las cuestiones sociales y éticas que subyacen de dicha actividad, promoviendo un desarrollo social más justo y sostenible de nuestra comunidad, reconociendo la dignidad y los derechos de los trabajadores y de los animales usados como vehículos de tracción a sangre”.

Con esta normativa, se trabaja para prohibir los vehículos de tracción a sangre animal, excepto en aquellos eventos históricos, tradicionalistas o folklóricos que cuenten con una autorización previa emitida por autoridades competentes.

Las sanciones para quienes incumplan la restricción incluirán el secuestro de los animales y multas, aunque propone, en paralelo, cursos de capacitación como alternativa a las multas en aquellos casos en los cuales los infractores no puedan costearlas.

Finalmente, se le concederá al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar la ley en un plazo de 90 días, así como de coordinar su implementación con los municipios bonaerenses, asegurar el destino adecuado de los animales decomisados y realizar las previsiones presupuestarias necesarias para su correcta ejecución. 

Un joven de 32 años, residente en La Matanza, es el primero en recibir el diagnóstico de dengue autóctono en esta temporada de calor, después de los brotes que se registraron en junio en la provincia de Buenos Aires.

El paciente de Buenos Aires comenzó con síntomas a mediados de octubre: dolor de cabeza, detrás de los ojos, sarpullido y este jueves se confirmó por laboratorio que se trataba del serotipo DEN 1. Esta persona no necesitó internación. Al certificar que había contraído dengue se pusieron en marcha acciones de control entre familiares y vecinos.

A nivel privado tuvo mucha aceptación la vacuna QDenga, que tiene un costo de 94.500 pesos por dosis (deben colocarse dos con tres meses de intervalo entre una y otra) pero por una alta demanda nacional el laboratorio Takeda, que produce esta vacuna se vio superado y las farmacias se quedaron sin stock.

La vacuna contra el dengue no está incluida en el Calendario Nacional de Vacunaciones en Argentina. Sin embargo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomienda implementar una estrategia de vacunación focalizada con QDenga, que fue aprobada por Anmat desde los 4 años. No pueden colocársela pacientes inmunodeprimidos, embarazadas o en período de lactancia, quienes tomen medicamentos que afectan al sistema inmunitario, como corticoesteroides en dosis altas o quimioterapia.

Atención con los síntomas

El dengue se transmite por la picadura del Aedes aegypti infectado. No se transmite de persona a persona, a través de los animales, ni de objetos.

Estos son los síntomas que no hay que pasar por alto y que obligan a una rápida consulta. Aunque no hay tratamiento específico, el control y seguimiento médico pueden evitar las complicaciones graves.

Fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones. Nauseas y vómitos. Cansancio intenso.Aparición de manchas en la piel. Picazón y sangrado de nariz y encías.

Se presentó ante la Corte Provincial  buscando modificar su jurisprudencia de aplicar CER más 6 % anual. .

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), en la misma línea que la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires,  se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires solicitando se la acepte como “Amigos del Tribunal” en los autos caratulados “Androver, Jorge Oscar C/ Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Prov. De Bs. As. S/ Diferencia Indemnización por despido.

La entidad gremial empresaria de Mar del Plata manifestó que la jurisprudencia del caso Barrios “no solo afecta a las Pyme, sino también a todo el sector empleador,  como son asociaciones civiles sin fines de lucro, colegios, clínicas privadas etc”

Por las características del proceso laboral, generalmente se termina acordando en la audiencia de vista de causa. Son muy pocos los casos que llegan  a la Suprema Corte ya que, para acceder a esa instancia, se debe depositar el monto indemnizatorio.

“En la práctica las empresas, y más en este contexto por la aplicación del fallo Barrios, terminan  siendo compelidas a arreglar en la audiencia mencionada. En este caso la Caja de Seguridad Social de los Profesionales en Ciencia Económicas realizó el depósito que le permite acceder a la alzada,  y así lograr la presentación de UCIP como “Amigos del Tribunal” para ´poder volcar los argumentos y explicar cómo se afecta a los empleadores con esta jurisprudencia.

Desde UCIP se gestionó desde hace varios meses para impedir el avance del proyecto de ley que promueve la actualización de los montos indemnizatorios en juicios laborales utilizando el CER más 6 % anual, lo cual causaría un perjuicio enorme a los empleadores de toda la provincia.

Sin embargo desde el mes de abril se está aplicando por jurisprudencia el fallo Barrios con lo cual se busca ahora poder avanzar sobre este criterio, tal como ya lo ha marcado la Corte Suprema de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.