Con amplio respaldo, la Cámara de Diputados avanzó hoy con la firma del dictamen del proyecto que propone implementar el juicio por jurados para delitos federales con penas mayores a los cinco años de prisión o reclusión.

En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Justicia, hubo luz verde para la iniciativa que busca implementar en todos los tribunales federales y nacionales del país este instrumento de participación ciudadana para la elaboración de las sentencias judiciales, cuya aplicación implicaría un cambio drástico en el sistema de administración de Justicia.

La premisa básica del proyecto, que ha sido objeto de debate durante décadas, es que un grupo de ciudadanos sin formación jurídica elegidos por sorteo público pueda determinar la culpabilidad o inocencia de acusados de delitos graves de acuerdo a propio prisma de apreciación moral.

La iniciativa plantea la conformación de jurados populares de12 integrantes y dos suplentes, con paridad de género, que tienen que estar presentes durante todo el proceso, con la tutela y orientación de un juez que se encarga de emitir condena.

El veredicto lo dicta el jurado y es inapelable, y sus deliberaciones son secretas y no se hacen públicas.

Tanto que el monto de la pena como la resolución de planteos que puedan hacer las partes durante la causa (como pedidos de nulidad, libertades, detenciones, etcétera) recaen en el magistrado federal.

Una curiosidad: el proyecto incluye la obligación de que los jueces conduzcan las audiencias con toga y martillo, a la vieja usanza.

De esta manera, se busca dar cumplimiento a unmandato constitucional de la Carta Magna de 1853, ratificada por la Convención Constituyente de 1994.

El objetivo es acercar la Justicia a la gente y dotar de una fuente de legitimidad a los fallos que resultan del proceso judicial.

En tanto, el sistema de juicio por jurados garantiza la imparcialidad de los fallos, dado que de su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales.

El acusado también se beneficia por el hecho de ser juzgado por pares y no por el Estado propiamente dicho, muchas veces colonizado por intereses corporativos.

El sorteo público, a cargo de la Cámara de Casación Penal, se realiza sobre la base de los padrones que confecciona laCámara Nacional Electoral(CNE) cada dos años, y es una carga pública para aquellos ciudadanos que salen sorteados, los cuales deben ser de la misma circunscripción territorial en la que se hubiera cometido el delito.

Esto significa que no cumplen con alguna de las incompatibilidades detalladas en la normativa, no pueden excusarse y están obligados a comparecer, bajo apercibimiento de sanción.

Para ser jurado, el ciudadano debe tener entre 18 y 70 años, dos años de residencia en la jurisdicción del hecho, saber leer y escribir y tener aptitudes físicas y psíquicas.

Quedan excluidos funcionarios de los tres poderes del Estado, abogados, escribanos, profesores de Derecho, como también condenados por delitos de lesa humanidad y deudores morosos.

El juicio por jurado ya existe en muchos países del mundo y también se implementa en la Justicia de 12 provincias: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Neuquén.

El despacho de mayoría recibió la rúbrica de los bloques mayoritarios, en tanto que los diputados de Encuentro Federal Fernando Brügge y Alejandra Torres presentaron un dictamen alternativo.

“Si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”, celebró el presidente de la comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar.

Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas, entre ellos el juez de Cámara electoral Alberto Dalla Via, quien aclaró que el juicio por jurados "es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del Juez en el proceso”, ya que “el jurado solo toma una decisión política y no jurídica”. 

“Desde la creación de la Nación los constituyentes quisieron adoptar el modelo que tenía la Constitución de Estados Unidos porque era la más democrática en su momento y con mayor apertura”, comentó.

Para Dalla Via, “incorporar el jurado es incorporar la participación ciudadana al proceso judicial”.

En tanto, el director general de la oficina de juicio por jurado de CABA, Gastón Blanchetiére, reparó en que “debe ser considerado si o si la capacitación de los operadores en materia de audiencias preliminares.

A su turno, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE.UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la Justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”.

En este sentido, consideró que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.

Por su parte, el diputado de la UCR Fernando Carbajal (UCR) ponderó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia”. (Fuente NA)

El gobierno nacional pone en marcha una modificación del código de tránsito, según expresó Federico Sturzenegger. El Observatorio Vial Latinoamericano advirtió que el cambio no modificará cuestiones de fondo de la vida cotidiana como la siniestralidad y criticó la forma de otorgamiento de licencias.

En este sentido, Sturzenegger aseguró que los chequeos psicofísicos se podrán hacer con un médico particular y enviarlo certificado, sin la necesidad de hacer el trámite, dijo en declaraciones a Radio Mitre de Buenos Aires. De todas formas, cada provincia tiene que adherir a los cambios luego de la publicación en el Boletín Oficial.

"Tienen que adherirse, porque son trámites municipales. Muchas veces, los municipios usan esto como un mecanismo de recaudación, por tal motivo, en la ley vamos a cambiar el sistema para que pueda ser mucho más ágil", planteó el funcionario. Sin embargo, por cuestiones de seguridad para los mayores de 65 no habrá cambios y deberán seguir haciendo sus controles de manera presencial y frecuentemente.

Las reformas que gestiona Sturzenegger se basan en un proyecto de la diputada del PRO, Patricia Vásquez. Entre otros puntos, la iniciativa legislativa propone crear un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito para registrar los datos de "presuntos infractores, prófugos, rebeldes, inhabilitados y de las sanciones impuestas".

En tanto, los conductores particulares tendrán licencias “sin fecha de vencimiento, debiendo los conductores presentar cada cinco años una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, su aptitud para conducir mediante un certificado emitido por médico acreditado por la autoridad de aplicación", propone el proyecto de ley. Los choferes profesionales y de transporte de pasajeros o carga sí deberán hacer una renovación cada cinco años.

El Gobierno nacional anunció la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el marco de una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Producto de la Ley Bases se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración de Javier Milei”, dijo el funcionario nacional.

Según Adorni, en 2024 “el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa” con “dinero que salió de cada uno de nosotros, de todos los argentinos”.

“Para dimensionar el deficiente estado del sistema ferroviario argentino de cargas, la distancia media transportada hoy es de 500 kilómetros y es exactamente la misma distancia media que se transportaba hace 50 años en la República Argentina”, aseguró.

Según comunicaron desde el Gobierno, el Belgrano Cargas opera 7.600 kilómetros de vías que ahora serán concesionadas a manos privadas, aunque los rieles y las tierras se mantendrán como propiedad del Estado Nacional.

La privatización será llevada adelante por el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (dependiente del Ministerio de Economía), Diego Chaher.

El Gobierno sostiene que la empresa “en manos estatales es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones”.