Desde la Federación de Inquilinos Nacional expresaron su máxima preocupación por la falta de políticas estatales que permitan garantizar plenamente el pago de la renta por el alquiler de una vivienda.

Las 16 agrupaciones de inquilinos nucleadas en la Federación advirtieron sobre un crecimiento en las suspensiones de pagos de los alquileres y en los desalojos judiciales debido a que el impacto en el bolsillo es el más alto de la historia. En ese sentido, alertaron que esta situación puede ser el inicio de una profunda crisis habitacional y social.

"La libertad de contratación es en realidad una libertad de negocios que nos encadena a destinar la mitad - o más - de nuestros ingresos del hogar sólo al pago del alquiler. Trabajamos la mitad del mes para el rentista", reclamaron.

Según lo informado a través de un comunicado, "la Argentina triplicó la cantidad de familias inquilinas en las últimas tres décadas mientras el impacto del alquiler en el bolsillo del trabajador/a que alquila, es el más alto de la historia".

En ese marco, las entidades sostienen, "muchísimas familias, parejas o personas solas, que ya no pueden afrontar aumentos trimestrales atados a la inflación, buscan desesperadamente una habitación en vivienda particular compartida, los jóvenes que tienen donde volver lo hacen a casa de los padres o familiares, y otros simplemente quedan en la calle invisibilizados".

"Las consecuencias del DNU 70 del Gobierno de Javier Milei, es un retroceso de 100 años, cuando las familias trabajadoras vivían hacinadas y no podían ejercer ningún derecho, solo entregar su fuerza de trabajo y pagar el alquiler. En nombre del perverso y cínico 'acuerdo entre partes', de Ushuaia a La Quiaca tres millones de hogares inquilinos están sufriendo la mayor extracción de ingresos que se recuerde y cuyas consecuencias son dramáticas. El Gobierno ha nacionalizado el saqueo sin ley ni protección alguna", recalcaron

"No hay una sola organización comunitaria que desconozca lo que ocurre, porque inquilinas e inquilinos somos la mayoría de los que trabajan y los que estudian. El futuro inmediato es obvio: empieza a proliferar la suspensión de pago, crece el desalojo judicial. Nos adentramos en una crisis habitacional que desembocará inevitablemente en una crisis social", concluyeron desde la Federación.

Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) lanzaron este lunes en el Hotel Presidente de la Ciudad de Buenos Aires la agrupación "La Carlos Menem", un nuevo espacio que integrará el ecosistema del oficialismo y que buscará reivindicar la figura del exmandatario fallecido en el 2021.

El acto contó con la presencia de diversas figuras del Gobierno, además de personalidades liberales, conservadoras y del peronismo, incluyendo al exsecretario de la Presidencia Alberto Kohan y a Zulemita Menem, hija del exmandatario riojano.

La presentación del sello ocurre mientras que La Libertad Avanza (LLA) trabaja en el armado de candidaturas propias para las elecciones legislativas del 2025, con Karina Milei como principal articuladora.

Entre los presentes estuvieron el armador bonaerense Sebastián Pareja, la legisladora porteña Pilar Ramírez y el senador nacional Juan Carlos Pagotto.

Participaron, también, funcionarios y dirigentes cercanos al fallecido Menem, como su hija Zulemita y su exsecretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, figura central del menemismo.

En la convocatoria, los organizadores manifestaron que el acto rendiría "homenaje" al dos veces mandatario "después de años de demonización kirchnerista".

A la par, indicaron que La Carlos Menem "es una agrupación política que surge en el seno de La Libertad Avanza, reconociendo la conducción de Javier y Karina Milei".

En esa línea, indicaron que la misión es "contener y promover dirigentes que sostengan políticas de transformación basadas en la apertura económica, la descentralización del Estado, la unidad nacional, y la defensa de la vida".

"La agrupación se enfoca en la libertad de mercado, en la defensa irrestricta de la propiedad privada, y en la promoción de una mano firme contra el delito", detallan.

El secretario general de la agrupación, Enzo Di Fabio, explicó que "el legado de Carlos Menem sigue siendo un ejemplo de modernización y una inspiración para salir de la decadencia. Nos inspira a trabajar por una Argentina más libre, ordenada, y unida, reafirmando los valores occidentales".

El evento contará con un programa que incluirá discursos de funcionarios de LLA, de los principales referentes del movimiento, donde se destacarán los valores fundamentales de la agrupación y su agenda, "que busca la reducción del gasto público, la promoción del libre comercio, y la defensa del federalismo y la resistencia ante la agenda de género", precisaron.

Cabe recordar que a mediados de septiembre la Justicia reconoció a La Libertad Avanza (LLA) como partido político en la provincia de Buenos Aires, un paso clave pensando en las elecciones legislativas del año próximo.

Posteriormente, el presidente Javier Milei encabezó un acto en el Parque Lezama, donde lanzó LLA a nivel nacional.

El Gobierno anunció la privatización de los 100 megahertz de espectro que el Estado le había reservado a Arsat y los 50 correspondientes del Enacom. Además confirmaron que los diarios y revistas de papel más aquellos que tengan suscriptores en su versión digital tributarán el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, “se eliminarán las exenciones del Impuesto al Valor Agregado de la ley del impuesto a los diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como también las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea”, una medida con la que, explicó Adorni, se espera aumentar la recaudación en 264 mil millones de pesos.

El anuncio fue en el marco de la conferencia de prensa en la que Adorni anunció esta tarde la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación en su lugar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. 

“Con esta modificación los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos”, dijo Adorni sobre la quita de exención para los medios.

De acuerdo con el inciso a) del artículo 7 de la ley 23.349, Ley de Impuesto al Valor Agregado, estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley “libros, folletos e impresos similares, incluso en fascículos u hojas sueltas, que constituyan una obra completa o parte de una obra, y diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea, en toda la cadena de comercialización y distribución, en todos los casos cualquiera fuere el soporte o el medio utilizado para su difusión, excepto los servicios de distribución, clasificación, reparto y/o devolución de diarios, revistas y publicaciones periódicas que sean prestados a sujetos cuya actividad sea la producción editorial”.

Telecomunicaciones

Adorni también informó que el Gobierno decidió ampliar la oferta en el rubro de las telecomunicaciones para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector, con mejor servicio y menor precio. 

En primer, lugar “va a poner a disposición los 100 mhz de espectro que el Estado nacional le reservó a Arsat para comunicaciones móviles y que no está utilizando. Además de los 50 mhz que se encuentran en manos del Enacom”, que se van a utilizar para el servicio de 5G.

Además, el Estado va a impulsar la relicitación para el contrato de provisión del servicio de conectividad en las 16.000 escuelas de todo el país. A su vez, a través de la Auditoría General de la Nación se realizó una auditoría sobre la gestión del Enacom que arrojó como resultado, dice el Gobierno, que las empresas Telecom y Telefónica debían más de 3.000 millones de pesos en concepto de aportes de inversión al fondo fiduciario del servicio universal, ante la omisión y las demoras del organismo que debía intimarlas.

Por eso, “el Estado Nacional iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento”, y en pos de “la protección de los derechos de los consumidores”.