El Gobierno Nacional, a través del Poder Ejecutivo, presentó en las últimas horas un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para implementar el divorcio simplificado en casos de mutuo acuerdo. La propuesta busca que los procesos de disolución matrimonial puedan tramitarse en sedes administrativas y civiles, evitando así la judicialización que suele demandar más tiempo y dinero, además de sobrecargar innecesariamente los tribunales.

Según los fundamentos del proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia, el divorcio judicial implica mayores costos por las costas judiciales y los honorarios profesionales de los abogados. Además, las partes no pueden disponer libremente de sus bienes durante el tiempo que dura el proceso legal.

“Además del costo económico, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes una limitación en el manejo de sus bienes”, explicó el Ministerio en su exposición de motivos. Asimismo, remarcaron que los divorcios judiciales incrementan la cantidad de causas en el sistema judicial, generando lentitud en su funcionamiento y costos que, indirectamente, recaen sobre los contribuyentes.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó que la iniciativa permitirá que los cónyuges puedan disolver su vínculo matrimonial de manera más rápida y económica. “Se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esa manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial por una vía más simple”, aseguró.

El proyecto propone que el divorcio en sede administrativa sea gestionado ante el oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Este mecanismo permitiría a las parejas disolver su vínculo de manera expedita, del mismo modo en que lo contrajeron: de mutuo acuerdo.

En relación con experiencias internacionales, el texto del proyecto señala que varios países ya cuentan con sistemas de divorcio administrativo o notarial, entre ellos Brasil, Colombia, México, Bolivia, Noruega, Italia y Japón. Estos sistemas permiten un proceso más ágil y menos costoso que los tradicionales divorcios judiciales.

El Gobierno también refutó las críticas que argumentan que facilitar el divorcio podría destruir la familia y la sociedad. En el texto del proyecto, se señala que tras la sanción de la ley 26.994, que en su momento modernizó la normativa sobre el divorcio, no se registraron impactos negativos duraderos en la familia o en el desarrollo de los hijos.

“Si bien se alegaba que el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia, esto no sucedió. Los estudios indican que los efectos negativos en los hijos no se deben al divorcio per se, sino al deterioro matrimonial, independientemente de que haya una disolución formal o no”, concluye el proyecto.

El divorcio simplificado, de ser aprobado, podría ser una solución efectiva para descomprimir los tribunales y brindar una alternativa más accesible a las parejas que desean disolver su vínculo sin conflictos judiciales.

ABOGADOS: 'ES UNA MENTIRA'

En tanto, los abogados sostienen que el proyecto es una falacia, dado que esto podría traer para los involucrados algunas complicaciones.

La idea -dicen- es que la gente piense con esto que va a ahorrar dinero, que va a tener que realizar menos trámites, que se va a presentar al Registro Civil y se va a divorciar

Lo que se pierde de vista acá es que este hipotético ahorro, no prevé consecuencias de actos sin intervención de la judicatura y sin un debido asesoramiento, que pueden provocar perjuicios después, y además deja afuera cuestiones que tienen que ver con protección de los integrantes de la familia, segun los abogados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich salió al cruce de los cuiestionamientos del diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau  durante la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Al responder a las preguntas del opositor, la funcionaria se refirió al tema del sistema de inteligencia en cárceles y recordó que se implementó durante la gestión anterior. “Expediente 82003451. Búsquelo Mena”, dijo, en alusión al exsecretario de Justicia de la Nación Juan Martín Mena. “No, Soria. Soria era el ministro”, aclararon los legisladores de UP sobre el rionegrino Martín Soria, que ahora forma parte del bloque.

“Nosotros lo que hicimos fue reforzarlo”, continuó la ministra, y alargó la confusión: “¿Quién era ministro de su gobierno? Bueno, Mena, perdón, me equivoqué. Pero usted lo puso en marcha”.

Entre más gritos, por el mareo de Bullrich, la funcionaria continuó: “Me equivoqué de nombre. ¿Cómo te llamas, Soria? Perdón Soria, discúlpeme. El diputado Soria puso en marcha…”. Y fue en ese momento cuando Moreau le gritó “mercenaria” y la ministra estalló. 

“Pará nene, pará, pará Moreau, pará flaco. Conmigo no te la creas, pará un poquito. ¿Quién habla? Callate vos, caradura. ¿Queres que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá? ¿Queres que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moreau? ¿Queres que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, caradura. Cuidado eh. Cuidadito”, disparó, provocando los aplausos de oficialistas. 

Al retomarse la exposición, Bullrich insistió: “Estoy muy de acuerdo con lo que hizo Soria de volver a poner el sistema de inteligencia porque es absolutamente fundamental tener el sistema de inteligencia penitenciario”. 

Fuente Parlamentario/Dailymotion

El gobierno de Javier Milei autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar una auditoría sobre las cuentas de la universidades nacionales, medio de la escalada del conflicto universitario tras el veto presidencial a la ley de financiamiento,

La Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, firmó un dictamen dirigido al Ministerio de Capital Humano en el que concluyó que la SIGEN está en condiciones de controlar a las casas de estudio de todo el país, más allá de que estas están sujetas a la comprobación de Auditoría General de la Nación (AGN).

En el documento oficial, Barra sostuvo que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional "puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional".

“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, plantea el texto rubricado por Barra.

De esta manera, el oficialismo revirtió un dictamen firmado el 28 de noviembre de 2022 por el entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que había excluido a la Sindicatura del sistema de control interno aplicable a las universidades nacionales.

"Desde ese entonces, solo la AGN, órgano dependiente del Congreso, quedaba investida con la capacidad auditora a las casas de estudio superiores. El dictamen firmado por el procurador del Tesoro revierte la situación y vuelve a otorgar a la SIGEN la capacidad de auditar las universidades", destacaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.

La Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso y ejerce el control externo de la Administración Pública, presentó su Programa de Acción Anual 2025 en el que detalle los organismos que auditará.

Incluye diferentes tipos de auditorías a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y a las universidades de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, el Nordeste, Cuyo, Tierra del Fuego, Patagonia, Chilecito y Avellaneda.

El Programa presentado por la AGN debe ser aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que está compuesta por 6 senadores y 6 diputados, pero actualmente están vacantes los cargos de los representantes del Senado.