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Seguridad: Bullrich tiene un plan
15 de octubre de 2024
En su presentación en el marco de la discusión en comisión del Presupuesto 2025, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un aumento del 19% en el presupuesto para su cartera, tras el veto a lasen medio de las unoversidades, al tiempo que presentó un plan para reducir homicidios en zonas conflictivas y pidió nuevas leyes para abordar la violencia en el fútbol y crímenes de género
La ministra de Seguridad, , anunció que el aumento del 19% en el presupuesto para 2025 que recibirá el área a su cargo será utilizado en la renovación y adquisición de equipamiento que considera clave para las fuerzas federales. Asi lo hizo saber ante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Cámara Diputados de la Nación.
fue a defender el aumento del 19% en las partidas para el Ministerio de Seguridad que figura en el proyecto de Presupuesto 2025, que se debate en comisión en la Cámara de Diputados, y en ese marco destacó que uno de los problemas más serios que enfrenta su ministerio es la falta de helicópteros operativos para interceptar vuelos ilegales. Remarcó que, mientras los decomisos terrestres son significativos, el control aéreo es clave en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, y hasta ahora la falta de recursos aéreos ha sido un gran obstáculo.
“Los recursos presupuestarios son limitados, y por eso estamos pensando muy bien cómo priorizarlos”, dijo Bullrich, quien se presentó ante el Congreso en medio de decenas de tomas de facultades de universidades públicas tras el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, que fue confirmado por el Congreso gracias a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, el partido de Mauricio Macri, al igual que, dos semanas antes, el veto a la mejora de las jubilaciones.
“No podemos bajar la guardia, y con estas inversiones en equipamiento vamos a estar mejor preparados para enfrentar estos desafíos”, dijo la ministra.
La ministra de Seguridad, además, destacó los avances en la baja de la tasa de homicidios y anunció el lanzamiento del plan 90-10, que se aplicará en las zonas más conflictivas del país. Según Bullrich, el 90% de los homicidios en Argentina ocurren en solo el 10% del territorio, por lo que el objetivo es focalizar los esfuerzos en estos lugares para lograr una reducción significativa de los crímenes violentos.
“En 193 municipios de los 2.000 que tiene el país han ocurrido homicidios, y ese es nuestro foco. Hemos generado un comando unificado con los ministros de seguridad de las provincias que formarán parte de este plan 90-10”, explicó Bullrich. Inicialmente, el plan se implementará en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta y Santa Fe, donde se encuentran los municipios más afectados por la violencia. “Este es un plan que cruza todos los colores políticos del país, y será efectivamente el plan más importante de reducción de homicidios”, afirmó.
Además del plan 90-10, Bullrich anunció la presentación de dos nuevas leyes para abordar otros tipos de violencia. “Vamos a presentar dos leyes más. Una ley antibarras para bajar la violencia en el fútbol y una ley de homicidios vinculares y de género”, señaló la ministra. Según sus cifras, los homicidios vinculados a relaciones personales y de género representan el 10% de los homicidios en el país, por lo que considera fundamental abordar este tipo de crímenes con herramientas legales específicas.
Bullrich, delineó los principios fundamentales que marcarán la nueva estrategia del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en Argentina. Estos principios incluyen la focalización, la persecución penal, la inteligencia criminal, el uso de tecnología, y la gestión basada en evidencias.
“Para lograr estos objetivos, es crucial movilizar los recursos necesarios. Vamos a implementar cambios tanto en las fuerzas federales como en las provinciales”, aseguró Bullrich. Las áreas seleccionadas para el enfoque intensivo incluyen ciudades como Rosario, Santa Fe Capital, Villa Gobernador Gálvez, Córdoba Capital, y Gran Córdoba, así como municipios en la provincia de Buenos Aires, como 3 de Febrero, Moreno, Esteban Echeverría, General San Martín, y General Pueyrredón. La ministra destacó que este plan fue consensuado con los ministros de seguridad de cada región.
En un movimiento adicional, Bullrich anunció la implementación de un segundo plan bandera que se llevará a cabo en Orán y Aguas Blancas, mencionando que el intendente de Aguas Blancas fue detenido recientemente por narcotráfico. “Este tipo de situaciones nos muestra la urgencia y la importancia de actuar de manera contundente en estas localidades”, dijo la ministra.
Con estos enfoques, el gobierno argentino busca fortalecer la capacidad operativa y reducir significativamente la incidencia del narcotráfico y la violencia en las áreas más afectadas del país.
Bullrich también aseguró que el Estado ha logrado avances sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico en Rosario, una ciudad que se había convertido en un bastión del crimen organizado. “Estamos recuperando el control de Rosario, y esto ha sido una prioridad”, afirmó Bullrich ante la Comisión de Presupuesto, donde expuso detalles del despliegue de las Fuerzas Federales en la ciudad santafesina.
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
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PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
