País
Ministerio de Justicia despide a un empleado que amenazó con matar a Milei
11 de octubre de 2024
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció este viernes que despedirán a un joven que amenazó de muerte al presidente Javier Milei durante un móvil para un canal de streaming.
El acusado relató que trabaja hace más de 4 años en la cartera que lidera el abogado. “Esta es una prueba más de cómo anteriores gobiernos plagaron el Estado de empleados militantes”, cuestionó el funcionario.
“A raíz de este video comprobamos que este sujeto efectivamente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Será despedido inmediatamente por amenazar de muerte al Presidente de la Nación. Esta es una prueba más de cómo anteriores gobiernos plagaron el Estado de empleados militantes. Paso a paso vamos a desbaratar la banda militante de los ministerios y arreglar el desastre que nos dejaron”, expresó el ministro.
El anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
“Trabajo en el Estado. Si digo algo me puede comprometer… si tengo un arma pum pum pum”, respondió el joven cuando la cronista del canal de streaming Carajo le pidió su opinión sobre el Presidente. Allí relató también que trabaja en el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos hace más de 4 años.
El joven que fue despedido del Ministerio de Justicia dio un móvil al canal de streaming Carajo
En paralelo, hace algunas semanas, el juez federal Ariel Lijo procesó por el delito de amenazas al hombre que a través de un video que circuló por redes sociales dijo que iba a matar a Milei. “Le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza, me voy a tomar 10 Rivotril y le voy a romper un tiro en la cabeza”, había dicho en las imágenes que fueron publicadas por el periodista Tomás Díaz Cueto en su cuenta de “X” (ex Twitter) y que fueron registradas mientras se debatía la Ley Bases en el Congreso de la Nación en junio pasado.
El acusado es Fabián Barraza, quien fue detenido. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva por lo que el juez Lijo, propuesto por Milei para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó su inmediata libertad.
“Con una 44 Magnus, 22 Magnus, lo que sea. Pusimos fierro de esos para apachurrarlo. Tac. Pum”, cerró Barraza en el video. Por el hecho se inició una causa judicial por una denuncia de la División Custodia del Presidente y se dispuso la detención del acusado y el allanamiento de su vivienda.
La detención fue informada y celebrada en redes sociales por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Amenazó al Presidente de la Nación: a la cárcel”, comenzó a modo de título en la publicación. “¿Se acuerdan de un video que salió por las redes de un hombre que amenazó al Presidente @JMilei diciendo “Me voy a tomar 10 Rivotril y le voy a dar un tiro en la cabeza”? Esta madrugada este delincuente fue atrapado por la PFA”, aseguró la funcionaria.
“Yo vi las cámaras, me acerque y dije eso por decir. Pido disculpas, yo no planee nada, estaba borracho, jamás voy a hacer una cosa de esas, no mate ni voy a matar nunca a nadie. Hoy en día me re arrepiento, solo pase y dije mi opinión, yo estaba trabajando, me acerque y nunca pensé que se lo iban a tomar tan a pecho. Como voy a querer matar al presidente? Me fui un poquito de boca porque estaba re en pedo, no pensé que era importante lo que yo decía, solo dije eso, no lo quiero matar, no lo planee, ni tampoco lo voy a matar”, dijo Barraza cuando declaró en indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.
El juez no tuvo dudas de la amenaza hacia Milei. “Ha quedado demostrado que el día 12 de junio del año en curso -fecha en la que se realizaría una importante manifestación social en oposición al debate de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos- Fabián Leonel Barraza expresó que mediante el uso de armas de fuego le quitaría la vida al Presidente de la Nación, Javier Milei. Pues no solo los elementos de prueba recolectados en autos permiten llegar a tal conclusión -en especial el registro fílmico incorporado al legajo-, sino que ello ha sido admitido por el propio imputado”, sostuvo el magistrado en su resolución a la que accedió Infobae.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
