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AFIP pone la lupa en las billeteras virtuales
7 de octubre de 2024
Las regulaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a las transferencias entre cuentas bancarias o billeteras virtuales propias han cobrado mayor relevancia en los últimos tiempos. Durante el mes de octubre, es fundamental conocer los detalles de estas normativas para evitar inspecciones o problemas fiscales. Cometer errores en estas transacciones puede generar alertas en la AFIP, lo que derivará en la necesidad de justificar los movimientos de dinero.
A continuación, te explicamos las principales cuestiones a tener en cuenta al realizar transferencias entre cuentas propias, y qué se debe evitar para no tener problemas con el ente recaudador.
1. Evitar superar los límites permitidos sin justificación
Uno de los principales errores que pueden surgir al transferir dinero entre cuentas propias es exceder los límites establecidos por la AFIP sin tener una justificación válida. Si esto ocurre, es probable que se inicie un control exhaustivo.
En el caso de personas sin ingresos formales declarados, el límite es de $400.000 en movimientos de ingresos y egresos entre cuentas propias. Superar esta cifra sin respaldos adecuados puede hacer que la AFIP inicie una inspección para determinar el origen de los fondos.
Consecuencia de exceder los límites: Cuando una persona excede los montos permitidos sin documentación que justifique el origen de los fondos, la AFIP tiene la facultad de pedir explicaciones sobre la operación y, si no se presentan, puede desencadenar una investigación más profunda.
2. La importancia de justificar el origen de los fondos
Otro aspecto clave para evitar problemas con la AFIP es tener siempre un respaldo documental sobre el origen de los fondos transferidos. Este punto aplica incluso para movimientos entre cuentas propias. Si no se tiene esta documentación, tanto el banco como la AFIP pueden solicitar una justificación, especialmente si el contribuyente no tiene ingresos formales o declarados.
- Recomendaciones: Asegurarse de guardar comprobantes de sueldo, recibos de jubilación, facturas, o cualquier otro documento que respalde el origen del dinero transferido. Este paso es crucial para prevenir futuros inconvenientes con la entidad financiera o la AFIP.
3. Cumplir con la declaración de transferencias superiores a $700.000
Uno de los mayores inconvenientes que puede surgir es no declarar transferencias que superen los $700.000. La normativa establece que cualquier transferencia que sobrepase este monto debe estar respaldada por ingresos declarados y, de no ser así, se debe informar a la AFIP. Si este paso no se cumple, se corre el riesgo de que se inicie una investigación.
- Documentación requerida: Cuando se exceden los $700.000 en transferencias, es obligatorio tener la documentación que justifique esos movimientos. Si no se cuenta con ella, la AFIP puede iniciar procedimientos más rigurosos.
4. Responder a tiempo a las solicitudes de bancos o fintechs
Es fundamental prestar atención a las solicitudes de las entidades financieras, como bancos o fintechs, que puedan pedir una justificación del origen de los fondos transferidos. No responder a tiempo o no proporcionar la documentación adecuada puede derivar en la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Existen montos a partir de los cuales los movimientos son visibles para el ente recaudador (Foto: AFIP)
5. Documentación
La AFIP puede pedir diversos documentos para respaldar las transferencias entre cuentas propias. Estos incluyen:
- Boletas de compra y venta.
- Documentos que acrediten la venta de acciones o una empresa.
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
- Facturas de los últimos meses.
- Constancia de monotributo.
- Certificado de fondos emitido por un contador público.
Es recomendable mantener esta documentación organizada y fácilmente accesible, ya que puede ser solicitada en cualquier momento por la AFIP o la entidad financiera correspondiente.
Montos permitidos en octubre
Desde octubre de 2024, la AFIP ha endurecido los controles sobre los usuarios de billeteras virtuales cuyos movimientos superen ciertos límites. Las billeteras virtuales han ganado popularidad como método de pago y transferencia de dinero, pero es esencial tener en cuenta las regulaciones fiscales aplicables.
1. Límite de $400.000 para transferencias y consumos
La AFIP puede investigar a aquellos usuarios de billeteras virtuales que realicen transferencias o consumos que superen los $400.000. Este control tiene como objetivo asegurar que el origen del dinero sea lícito y que no se presenten irregularidades fiscales.
- Recomendaciones: Es recomendable no realizar transferencias o consumos que superen este límite sin contar con la documentación adecuada que respalde el origen de los fondos. De lo contrario, la AFIP puede iniciar una investigación.
2. Límite de $700.000 para saldos mensuales
Otro aspecto a tener en cuenta es que los saldos mensuales en las billeteras virtuales no deben exceder los $700.000. Superar este límite sin declaración puede ser motivo de investigación por parte de la AFIP.
- Actualización de los montos: Estos montos serán actualizados automáticamente cada seis meses, siguiendo las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto asegura que los límites se mantengan relevantes en un contexto de inflación.
3. Normativa impulsada por la AFIP
Estas medidas forman parte de la Resolución General N° 4298, que busca mejorar la transparencia del sistema financiero. Al igual que los bancos, las plataformas de billeteras virtuales están obligadas a reportar todas las transacciones y saldos que superen los límites establecidos.
¿Qué sucede si se exceden los límites? Si un usuario realiza transferencias por más de $400.000 o mantiene saldos superiores a $700.000 en su billetera virtual, la AFIP iniciará un proceso de investigación. En este caso, se solicitará al contribuyente que presente la documentación que respalde el origen de los fondos. Si no se puede justificar adecuadamente, la AFIP podría tomar medidas severas, como el cierre de la cuenta o la generación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF. (Fuente INFOBAE)
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
