País
Gobierno reglamenta el arancelamiento para extranjeros en las universidades
3 de octubre de 2024
El Gobierno avanzará en las próximas horas en el arancelamiento para los extranjeros que concurran a las universidades públicas. La medida será oficializada en las próximas horas y fue confirmada por los principales dirigentes de La Libertad Avanza. Se da un día después de la multitudinaria marcha que reclamó que se garanticen los fondos para las casas de altos estudios.
Se conoce también, luego de que el presidente Javier Milei confirme el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante la consulta por la decisión que tomó el Gobierno.
La posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros es una potestad que Poder Ejecutivo había planteado en el texto inicial de la Ley Bases, pero que fue excluida durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso.
Fuentes del oficialismo subrayaron que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes, destacando que el texto de la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros.
Fuentes oficiales recordaron los principales ejes que planteó inicialmente la norma para introducir reformas en el sistema educativo. A saber:
- Examen al finalizar la educación secundaria: fortalecimiento de la política de evaluación Aprender.
- Liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria.
- Garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico.
- Evaluación a docentes en un período no mayor a 4 años y fortalecimiento de la formación continua.
- Aprobar la educación secundaria para poder ingresar a la enseñanza de grado en el nivel superior.
- Universidades deben ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero no deben tener un carácter selectivo excluyente.
- Determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades.
- Universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
- Evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas). Repetirse cada 10 años.
- Incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y OSC.
- Educación técnica: duración equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción.
Qué decía el artículo de la Ley Bases sobre las Universidades
Durante el inicio del debate de la ley que el gobierno consideró fundacional, el objetivo fue modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, para que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales puedan “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para aquellos estudiantes que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para todo extranjero que no cuente con residencia permanente en el país.
“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios del párrafo siguiente. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclaró en aquella oportunidad. Sin embargo, este punto fue excluido durante el duro proceso que culminó en la aprobación del proyecto.
La gestión Milei tenía decidido avanzar tanto en el veto de la ley de financiamiento universitario como en la reglamentación de la facultad concedida por la Ley Bases. No obstante, las medidas luego de una evaluación del impacto de la segunda Marcha Federal Universitaria.
Aunque la movilización fue masiva, el oficialismo unificó su respuesta al asegurar que las motivaciones fueron estrictamente políticas. Para sostener ese argumento expuso la participación de los principales líderes de la oposición.
Por otro lado, tanto el presidente Milei como los principales referentes del oficialismo sostienen que la intención del gobierno no es desfinanciar el sistema, si no obligar a las máximas autoridades de las universidades a que rindan más exhaustivamente el uso que les dan a los fondos que reciben.
118 mil estudiantes extranjeros
Desde 2015, la cantidad de estudiantes extranjeros que eligen carreras de grado o posgrado en la Argentina ha ido en aumento. De acuerdo a las cifras oficiales disponibles, la mayoría de quienes vienen desde el extranjero a estudiar en la Argentina son jóvenes latinoamericanos que valoran la calidad y accesibilidad de la educación argentina, la conveniencia económica con respecto a sus países y la cultura amigable y abierta del país.
Las cifras publicadas en la última Síntesis de Información Estadísticas Universitarias, elaborada oportuname nte por el ministerio de Educación de la Nación, mostraban que en 2021 se registró un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un total de 2.730.754 estudiantes.
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La visita del papa León XIV duraría tres días en Argentina
La posibilidad de que el papa León XIV visite Argentina este 2026 cobró fuerza luego del anuncio de su próximo viaje a Perú en noviembre. Su gira por América Latina duraría unas dos semanas. En el país se estima que estaría unos tres días. Aún se espera la confirmación oficial del Vaticano.
La gira internacional más reciente del Sumo Pontífice fue en España.https://00132f48ddc138d43e8b4d71694bbd38.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El viaje de León XIV se extendería por diez días en Perú, tres en la Argentina y uno y medio en Uruguay. “Aunque falta la confirmación oficial, es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados”, contó el obispo castrense Santiago Olivera, citado por La Nación. Este miércoles saludó al Sumo Pontífice al final de la audiencia general.
“Fue breve el saludo porque estaba con las fuerzas de paz, le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’ con una sonrisa casi cómplice”, afirmó Olivera al medio de Buenos Aires. “Aún falta el anuncio, falta lo técnico, aunque aquí lo dicen con bastante fuerza, con mucha probabilidad”, agregó.
La eventual llegada de León XIV sería la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. El último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II, quien estuvo en 1982 y nuevamente en 1987, con multitudinarias celebraciones en Buenos Aires.
Ante la posibilidad de una misa masiva, la dirigencia de River Plate ofreció el estadio Monumental como sede para un encuentro con miles de fieles.
“Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.
Por su parte, el propio Javier Milei dijo que era «altamente probable» que León XVI venga a Argentina.
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Rescatan material histórico del Libertador general José de San Martín
En un procedimiento ligado al tráfico ilícito de bienes culturales, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) recuperaron una gran cantidad de importantes documentos históricos relacionados a distintas instituciones y organismos del Estado nacional y provincial argentino, destacándose entre ellos cartas del general José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid; entre otros. Los mismos evidenciaban por su tipografía, sellos y datación, estar en infracción a la ley N°15.930 referente al Archivo General de la Nación

Carta del general San Martín a un compañero de armas
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La investigación se inició a partir de diversas tareas de prevención que habitualmente realiza personal del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de esta Institución, monitoreando y corroborando múltiples páginas de subastas y compraventa online. De esta manera pudo determinarse que, a través de un sitio web de dominio público, se ofrecía a la venta un lote compuesto de más de doscientos documentos históricos entre recortes periodísticos, libros y fotografías, así como otros elementos, vinculados a distintas instituciones y organismos del Estado nacional y provincial.

Las piezas eran ofertadas por un monto inicial de 100 mil dólares en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la ciudad de Buenos Aires.
Con el material probatorio reunido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, secretaría N°7 a cargo de Diego Fernando Arce, dispuso una orden de presentación con allanamiento en subsidio a dicho lugar y posterior traslado de los documentos a la dependencia policial en calidad de depósito judicial, a exclusiva disposición de la judicatura actuante, debiendo practicarse a la brevedad las pericias pertinentes. Todo lo secuestrado quedó a disposición del magistrado interventor.
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Sube la tasa aeroportuaria de seguridad para vuelos de cabotaje
El Gobierno aumentó más de un 560% la Tasa de Seguridad de la Aviación para los vuelos de cabotaje por lo que aumentará el costo de los pasajes para viajar por el país a partir de esta semana.
El ajuste en la mencionada tasa aeroportuaria fue instrumentado por el Ministerio de Seguridad Nacional, mediante la Resolución 565/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La última suba había sido a principios de 2023.
La medida busca adecuar los recursos destinados al servicio de seguridad en los aeropuertos que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), frente a la suba de los costos operativos necesarios para garantizar la protección de la aviación civil.
Al respecto, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que es “necesario actualizar el valor de la citada Tasa, atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”.
El tributo es abonado por los pasajeros que embarcan en vuelos de transporte regular desde aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). La actualización entrará en vigencia a los tres días de su publicación oficial, es decir a partir del sábado 27 de junio, y será aplicable para aquellos pasajes emitidos con posterioridad a esa fecha.
Los valores según el tipo de vuelo
Vuelos de cabotaje: se fijó un valor de $1.725 por cada pasajero doméstico. Previamente el costo era de $260, lo que implica un incremento de 563,46%.
Vuelos regionales: el costo seguirá siendo de US$1,40. Bajo esta categoría se consideran los vuelos hacia terceros países de la región cuya distancia recorrida sea igual o inferior a 1.000 kilómetros.
Vuelos internacionales: la tasa también se mantendrá en US$1,40. En este caso, aplica para vuelos a terceros países con una distancia superior a los 1.000 kilómetros.
Entre las funciones de la PSA se encuentran la vigilancia y control de instalaciones, aeronaves, tripulaciones, equipajes y carga, así como la respuesta inmediata ante situaciones de crisis o actos de interferencia ilícita.
La Ley 27.701 faculta a la cartera de Seguridad a fijar el monto de esta tasa, con el límite de que su valor no supere el 0,25% del sueldo básico de un oficial principal del escalafón general de la PSA.

