País
Gobierno reglamenta el arancelamiento para extranjeros en las universidades
3 de octubre de 2024
El Gobierno avanzará en las próximas horas en el arancelamiento para los extranjeros que concurran a las universidades públicas. La medida será oficializada en las próximas horas y fue confirmada por los principales dirigentes de La Libertad Avanza. Se da un día después de la multitudinaria marcha que reclamó que se garanticen los fondos para las casas de altos estudios.
Se conoce también, luego de que el presidente Javier Milei confirme el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante la consulta por la decisión que tomó el Gobierno.
La posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros es una potestad que Poder Ejecutivo había planteado en el texto inicial de la Ley Bases, pero que fue excluida durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso.
Fuentes del oficialismo subrayaron que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes, destacando que el texto de la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros.
Fuentes oficiales recordaron los principales ejes que planteó inicialmente la norma para introducir reformas en el sistema educativo. A saber:
- Examen al finalizar la educación secundaria: fortalecimiento de la política de evaluación Aprender.
- Liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria.
- Garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico.
- Evaluación a docentes en un período no mayor a 4 años y fortalecimiento de la formación continua.
- Aprobar la educación secundaria para poder ingresar a la enseñanza de grado en el nivel superior.
- Universidades deben ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero no deben tener un carácter selectivo excluyente.
- Determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades.
- Universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
- Evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas). Repetirse cada 10 años.
- Incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y OSC.
- Educación técnica: duración equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción.
Qué decía el artículo de la Ley Bases sobre las Universidades
Durante el inicio del debate de la ley que el gobierno consideró fundacional, el objetivo fue modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, para que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales puedan “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para aquellos estudiantes que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para todo extranjero que no cuente con residencia permanente en el país.
“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios del párrafo siguiente. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclaró en aquella oportunidad. Sin embargo, este punto fue excluido durante el duro proceso que culminó en la aprobación del proyecto.
La gestión Milei tenía decidido avanzar tanto en el veto de la ley de financiamiento universitario como en la reglamentación de la facultad concedida por la Ley Bases. No obstante, las medidas luego de una evaluación del impacto de la segunda Marcha Federal Universitaria.
Aunque la movilización fue masiva, el oficialismo unificó su respuesta al asegurar que las motivaciones fueron estrictamente políticas. Para sostener ese argumento expuso la participación de los principales líderes de la oposición.
Por otro lado, tanto el presidente Milei como los principales referentes del oficialismo sostienen que la intención del gobierno no es desfinanciar el sistema, si no obligar a las máximas autoridades de las universidades a que rindan más exhaustivamente el uso que les dan a los fondos que reciben.
118 mil estudiantes extranjeros
Desde 2015, la cantidad de estudiantes extranjeros que eligen carreras de grado o posgrado en la Argentina ha ido en aumento. De acuerdo a las cifras oficiales disponibles, la mayoría de quienes vienen desde el extranjero a estudiar en la Argentina son jóvenes latinoamericanos que valoran la calidad y accesibilidad de la educación argentina, la conveniencia económica con respecto a sus países y la cultura amigable y abierta del país.
Las cifras publicadas en la última Síntesis de Información Estadísticas Universitarias, elaborada oportuname nte por el ministerio de Educación de la Nación, mostraban que en 2021 se registró un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un total de 2.730.754 estudiantes.
País
Adorni negó censura al periodismo
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó esta mañana que el gobierno del presidente Javier Milei haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la sala de periodistas por más de una semana.
Hoy se produjo la reapertura pero no se permitió el ingreso de Canal 13 y TN, canal que emitió imágenes del interior de la Casa Rosada sin autorización oficial.
Adorni se mantuvo en que se trató de un "hecho grave" y que las decisiones sobre la seguridad interna de la Casa de Gobierno las maneja Casa Militar.
Respecto de las polémicas en torno a la compra de inmuebles y sus viajes al exterior realizando gastos que no se condicen con su declaración jurada, insistió en que la causa se encuentra en la Justicia y que sólo dará explicaciones en tribunales.
Luego no precisó en qué fecha presentará su nueva declaración jurada aunque afirmó que lo hará "en tiempo y forma". Tiene plazo hasta el 31 de julio.
Asimismo, el jefe de Gabinete confirmó que volverá a un esquema de ruedas de prensa frecuentes. Si bien explicó que no las daría a diario, sí dio a entender que tendrán mucha regularidad.
Otra pregunta tuvo que ver con las encuestas que indican una caída en la imagen positiva del gobierno de Milei. El funcionario sostuvo que no gobiernan pensando en los sondeos de opinión sino en "mejorar la calidad de vida de los argentinos".
Tampoco habló sobre el aumento salarial de más de mil funcionarios nacionales que tuvieron los sueldos congelados hasta 2025. Entre enero y junio se estima que recibirán una suba del 123% para compensar el tiempo sin incrementos. Al respecto, Adorni dijo que no leyó las notas periodísticas y que tampoco haría declaraciones.
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Donación de sangre: no más pedido de dadores de familiares
El Ministerio de Salud de la Nación actualizó las normas administrativas y técnicas que regulan el Sistema Nacional de Sangre. Luego de 10 años, la medida busca modernizar todo el proceso de donación y transfusión de sangre y el funcionamiento de los servicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular del país para garantizar mayor seguridad tanto a los pacientes como a los donantes voluntarios.
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Los cambios fueron publicados en el Boletín Oficial, a través de la Resolución N° 536/2026, y la modificación más saliente es la referida al régimen de donación para paciente específico, es decir, los familiares no necesitarán impulsar colectas entre personas conocidas. Asimismo, la normativa actualiza los criterios de selección de donantes.
La resolución incorpora también nuevos lineamientos regulatorios para el procesamiento de terapias celulares así como de componentes especiales como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO).
La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y las instituciones tendrán un plazo máximo de dos años para implementar los cambios tecnológicos y estructurales requeridos.
"La medida reemplaza el modelo de donación de reposición, vinculada a un paciente específico, por un modelo de donación 100% voluntaria y habitual. En este sentido, se prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares. Las donaciones destinadas a un paciente específico, solo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica. De esta manera, se deja de trasladar la responsabilidad de conseguir sangre a los pacientes y familiares, y se garantiza mayor seguridad transfusional, dado que el donante voluntario y habitual presenta menor prevalencia de infecciones transmisibles", apuntó la cartera sanitaria en un comunicado.
Respecto a los criterios de selección de donantes, el nuevo marco normativo elimina la exclusión de grupos poblacionales enteros considerados de riesgo y propone evaluar solo las conductas del donante (como prácticas sexuales específicas o uso de drogas) y la evidencia científica. También se elimina el ayuno previo y se recomienda beber al menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción.
De igual modo, en sintonía con los avances en las pruebas de tamizaje, se actualizan los tiempos de espera para donar según factores de riesgo. "Se difiere la donación por 6 meses para quienes hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos 3 meses y hayan tenido relaciones sexuales anales, hayan utilizado estrategias orales de profilaxis de preexposisión o postexposición, se haya realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, o hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas", apuntó la nueva normativa.
Red integrada de sangre
Las modificaciones presentadas consolidan un modelo de red integrada de sangre, con procesos coordinados, trazabilidad y mayor capacidad de respuesta. Para ello, fortalece los Centros Regionales de Hemoterapia y dispone la desactivación progresiva de los Bancos de Sangre Intrahospitalarios para alcanzar mayores estándares de eficiencia, efectividad y seguridad transfusional. Establece también para todos los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios de medicina transfusional del país, la obligatoriedad de informatizar los registros y garantizar sistemas de trazabilidad. Esto significa que cada proceso, desde la promoción de la donación voluntaria hasta que la sangre llega al paciente, deberá estar rigurosamente protocolizado, controlado y auditado.
País
Gas: subsidio de 25% extra de las boletas de 4,7 millones de usuarios
El Gobierno nacional dispuso este lunes una bonificación extraordinaria del 25% sobre las tarifas de gas para el mes de mayo, que elevará al 75% el nivel de subsidio sobre el bloque de consumo alcanzado por el esquema oficial.
La medida dispuesta a través de la Resolución 11/2026 alcanza a 4.780.000 usuarios y apunta a amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en las facturas de los usuarios de menores ingresos.
La decisión fue formalizada a través de la resolución de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025. Según se estableció, los usuarios que ya reciben asistencia estatal tendrán durante mayo un 25% adicional de bonificación, que se suma al 50% general vigente.
El esquema de subvenciones que comenzó a regir este año estableció una "base" de 50% de precio subsidiado para los usuarios alcanzados por subvenciones, más un 25% adicional que fue disminuyendo todos los meses (en abril, por caso, fue 18%). La decisión del Gobierno, en concreto, es que en mayo vuelva a ser excepcionalmente de 25%. Luego seguiría siendo reducido a lo largo del año.
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional se encuentra afectado por “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas”, lo que incrementó la volatilidad de los precios del gas. También señaló que, si bien la Argentina cuenta con producción propia, mantiene integración con el mercado global a través de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), por lo que las variaciones externas impactan en el costo de abastecimiento.
En ese marco, se indicó que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, lo que justifica la decisión de reforzar temporalmente la asistencia estatal.
La resolución establece que la bonificación adicional del 25% se aplicará exclusivamente durante mayo de 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio y organizaciones de bien público, que estén incluidos en el régimen.
En paralelo, el Gobierno mantiene sin cambios la trayectoria de reducción de subsidios en el caso de la electricidad. Según el comunicado, en ese segmento “se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año”.
“El Gobierno nacional continúa avanzando hacia una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible, que concentra los recursos en quienes realmente los necesitan, ordena la relación entre tarifas y costos y brinda mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas de luz y gas a lo largo del año”, se indicó en un comunicado.
