Los salarios de los privados aumentaron 235,1% y los no registrados un 178,9%, con una pérdida del poder adquisitivo de 27,9 y 84,1 puntos, respectivamente.

El índice de salarios subió 7,5% mensual en julio y la ganó por cuarto mes consecutivo al Indice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, en la comparación interanual la variación fue del 206,2%, por debajo de la inflación. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).https://6550ccb6e12b83e06f13dd4876b11d61.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

“Otra vez sube el salario real”, posteó en X el presidente Javier Milei luego de que el organismo de estadística difundiera la cifra. Si bien el promedio de los salarios subió por encima de la inflación en julio, y muestran signos de recuperación, continúan por debajo del índice de precios al consumidor en el año.

El promedio de los salarios aumentó 7,5% gracias a la mejora de 6,3% en el sector privado, un 6,7% en el público y un 15,1% en el privado no registrado. Cada sector acumula, en los primeros siete meses del año, un alza de 105,8%, 84,9% y 95,4%, respectivamente. De esta manera, el único sector que exhibe pérdidas frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el público.

Sin embargo, en los últimos doce meses, todos los sectores continúan entre 27,9 y 93 puntos porcentuales debajo del IPC. Los que más pierden son los estatales, que aumentaron 170% interanual frente a una inflación de 263% en el año. Los privados aumentaron 235,1% y los no registrados un 178,9%, con una pérdida de 27,9 y 84,1 puntos, respectivamente.

El Ministerio de Economía posteó: “Cuarto mes consecutivo de recuperación salarial; en julio de 2024, el índice de salarios subió un 7,5% respecto a junio, con una inflación para el mes del 4%”.

Y agregaron: ‘’El ordenamiento fiscal y monetario, a través de la baja en la inflación y la mejora en las expectativas, es la base de la recuperación salarial”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó hoy la decisión de un tribunal, por la cual se prohíbe «la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación» sobre el periodista Jorge Lanata y su esposa Elba Marcovecchio. 

Al respecto, la entidad consideró, a través de un comunicado, que «se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser 
incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa».

«El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado», añade la nota.

Además, la directiva de ADEPA remarcó que «La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película «La Última Tentación de Cristo» contra Chile. 

«El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación», agregó.

Por tal motivo, el organismo sostuvo que esta decisión judicial «puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, lo que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público».

Las hijas del periodista, Bárbara y Lola, hicieron una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia número 8 en la que solicitan «en forma urgente» la designación de una red de apoyo provisoria para su padre, quien se encuentra internado desde hace tres meses debido a sus problemas de salud.

El juzgado, por su parte, aceptó el pedido de prohibir a los medios informar sobre la situación de salud de Lanata y el conflicto entre sus hijas y Marcovecchio por el patrimonio del comunicador.

El Gobierno elevó los niveles de alerta nacional de seguridad por la escalada de violencia de Medio Oriente y el temor a agresiones contra la comunidad judía o representantes del sistema financiero en el país.

Según publicó el portal Infobae, la medida en cuestión es llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y se definió para reforzar el control territorial y coordinar acciones para prevenir incidentes.

En este marco, las autoridades solicitaron a las provincias que refuercen la seguridad de objetivos de la comunidad judía. Se pondrá atención en distintos puntos sensibles, incluyendo instituciones escolares, deportivas y culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta la llegada del Shabat. Además, se brindará protección a sinagogas.

En el mismo sentido, señalaron desde el Gobierno, se mantendrán contactos permanentes con los enlaces de seguridad de las comunidades con el fin de realizar un monitoreo constante “y generar respuestas rápidas ante cualquier contingencia”.

Además, se reforzarán las custodias de entidades bancarias, cajeros automáticos y financieras vinculadas a capitales norteamericanos e israelíes; mientras que también se brindará una protección especial a diplomáticos de los países que están involucrados en el conflicto