El gobierno oficializó en el Boletín Oficial de este jueves la reglamentación de la reforma laboral, estableciendo los cambios que ya comenzaron a regir en materia de indemnizaciones, períodos de prueba y contratos de trabajo.

La normativa, que había sido aprobada por el Congreso en julio, incorpora varias modificaciones que impactarán tanto en trabajadores como en empleadores.

Uno de los principales cambios es la creación del nuevo Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo a las indemnizaciones tradicionales. Este fondo funcionará como un reemplazo para las indemnizaciones por despido, buscando reducir el impacto económico para las empresas. Asimismo, se detallaron las condiciones para acceder a esta nueva modalidad, que ahora será una opción válida frente a los métodos anteriores.

La reglamentación también amplía el período de prueba en los contratos laborales, permitiendo a las empresas evaluar a sus empleados por un plazo mayor antes de definir su contratación definitiva. Además, se incluyó la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para los contratos de obra, de servicios y de agencia, lo que limita la presunción automática de relación de dependencia.

En cuanto al blanqueo laboral, la reforma establece que las empresas que regularicen trabajadores no registrados no recibirán multas ni sanciones. Este esquema busca incentivar la formalización de empleados, permitiendo además que los trabajadores que sean regularizados puedan computar hasta 60 meses de aportes previsionales, incluso si no tienen esa antigüedad en la empresa.

Otra novedad es la definición de una indemnización especial para casos de despido por discriminación. Este tipo de despido, que anteriormente no contaba con una regulación específica, ahora tendrá una compensación adicional, lo que busca proteger a los trabajadores de posibles abusos por parte de sus empleadores.

El gobierno nacional de Javier Milei ha dado un paso significativo en su plan de privatización de la Unidad Turística de Chapadmalal, recibiendo tres ofertas para la concesión de los Hoteles 2 y 7.

Las propuestas fueron presentadas por tres entidades: Grupo Área SRL, José Antonio Guerra y Mifranchu SRL. Las primeras dos tienen su sede en Buenos Aires, mientras que Mifranchu SRL opera desde Miramar.

Los detalles específicos de las ofertas aún no han sido divulgados, pero se han exigido a los postulantes que presenten una oferta económica que incluya precios por día en modalidad de clase turista, tanto para pensión completa (incluyendo desayuno, almuerzo y cena) como para pensión simple. La concesión se otorgará por un plazo inicial de 12 meses, con la posibilidad de prórroga por un año adicional.

Uno de los aspectos más destacados de esta licitación es que los concesionarios no deberán abonar un canon al Estado Nacional. En su lugar, deberán desarrollar un “plan de Conservación, Definitiva y Mejoras”. Este plan incluye una serie de acciones para el mantenimiento adecuado de las instalaciones, mobiliario y equipamiento, asegurando que se preserven en condiciones óptimas más allá del desgaste normal.

Entre las tareas de conservación estipuladas se encuentran la reparación de equipos esenciales como heladeras, hornos y cocinas, así como la reposición de elementos menores como griferías, vidrios y espejos. También se contempla el mantenimiento del mobiliario, que incluye sillas, mesas y bancos, así como pinturas y otros elementos que puedan haber sufrido daños por el uso.

Ahora, se espera que los organismos responsables de evaluar las licitaciones estudien las ofertas presentadas, con la incertidumbre sobre si las concesiones podrán hacerse cargo de la explotación de ambos hoteles durante la próxima Temporada 2024/25.

Por el momento, no hay información sobre el futuro de otros hoteles que funcionaron durante el último verano y que aún no han sido privatizados.

Trabajadores aeronáuticos marcharon junto a los gremios en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Mientras los diputados defendían sus respectivos proyectos de ley, en la Plaza de los Congresos hubo una manifestación en contra de la venta de la empresa área de bandera.

Mientras en el Congreso de la Nación se llevaba a cabo el plenario de comisiones donde el oficialismo buscaba un dictamen express para poder avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas, en la plaza aledaña al edificio legislativo, trabajadores aeronáuticos y gremios marcharon en conjunto para manifestarse en contra.

Cabe destacar que este debate se da en medio del conflicto gremial que mantiene el Gobierno nacional con el ALPA, sindicato de pilotos dirigidos por Pablo Biró, a raíz de un reclamo por un aumento salarial. Según indicaron los trabajadores, actualmente se encuentran 77% por debajo de la inflación.

“El Gobierno nacional de Javier Milei forzó la tensa situación con los gremios aéreos a propósito”, expresó Juan Pabló Bray, secretario general de aeronavegantes que expresó: “No a la privatización de nuestra línea aérea de bandera. Todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende”,

El motivo de esta marcha tiene que ver con el rechazo a los proyectos presentados por Hernán Lombardi, del Pro y de Juan Manuel López de la Coalición Cívica. El debate finalmente seguirá el próximo martes ya que no obtuvo dictamen de comisión.

En este contexto, desde Unión por la Patria aprovecharon para invitar a Pablo Biró a exponer y responder preguntas en la comisión de la próxima semana, ya que muchas de las criticas del oficialismo, además de ir por el deficit hablan de un avasallamiento de la dirigencia.

A pesar de que se vivieron momentos de tensión en la marcha, por el enfrentamiento entre la Policía Federal y los syndicalist, la movilización registró represiones como las que se observaron en otras marchas como la de los jubilados o la que rechazó la Ley Bases.