País
VIENTOS DE CAMBIO
19 de septiembre de 2024
El Gobierno inició conversaciones con «varias empresas privadas latinoamericanas» para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas «en caso de que las extorsiones continúen».
«Queremos comunicar que, en virtud de los persistentes paros que afectaron cerca de 40 mil pasajeros, el Gobierno ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de AA en caso de que las extorsiones continúen», dijo el vocero Manuel Adorni.
REUNIÓN URGENTE
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó hoy una reunión con gran parte del Gabinete para resolver el futuro de Aerolíneas Argentinas.
A través de un escueto mensaje en la cuenta de X de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno transmitió que debate la estrategia que adoptará con la aerolínea de bandera en medio del paro que realizan gremialistas aeronáuticos de ATE.
Del encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el titular de la compañía, Fabián Lombardo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el vocero, Manuel Adorni.
“Reunión del gobierno nacional para terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolíneas Argentinas”, comunicaron en el posteo.
PRIVATIZACION O CIERRE
El ex presidente Mauricio Macri, sostuvo hoy que Aerolíneas Argentinas necesita “un plan urgente de desarme” y sugirió alternativas para su cierre o privatización, al tiempo que fustigó a los gremios aeronáuticos por “haber estafado durante años a los argentinos”.
“Por el bien de todos los argentinos, lo que necesita Aerolíneas Argentinas es un plan de desarme urgente. La situación actual es una ruina sin salida. Los convenios colectivos de APLA (pilotos); APTA (mecánicos y despachantes) y AAA (representante de los tripulantes de cabina) estipulan privilegios insostenibles y vergonzosos”, sostiene Macri en la red social X.
Añade que “Biró y sus socios han estafado demasiados años a los argentinos, incluso a aquellos que no vuelan, bajo la falsa bandera de soberanía y el concepto anacrónico (y costoso) de aerolínea de bandera”.
“Son ellos quienes se encargaron de que hoy se vuele poco, de que sea caro, que haya menos conexiones entre provincias y principalmente, de hostigar descaradamente a la competencia para mantener sus beneficios. Cabe destacar que la mayoría de las pérdidas se dieron (y continúan) en las rutas internacionales, donde tiene todavía menos sentido que los argentinos subsidien conexiones que existen de todas formas, porque en todas hay competidores con tarifas similares que le cuestan cero a los argentinos”, continuó manifestando el ex presidente.
Remarcó que “la Revolución de los Aviones que vivimos entre 2015 y 2019 nos dejó una lección a todos: lo importante no pasa por quién es el dueño, sino porque la aerolínea funcione. Y funcionar es simplemente tener que hacer lo que hay que hacer sin costarle un peso a los argentinos”.
“Insólito, pero todavía hay que explicarlo. Durante esos años volar fue un 80% más barato que en 2015. Y en 2019, volaron por el país 6 millones más de pasajeros que en 2015. Por primera vez en 12 años ingresaron nuevas aerolíneas, después de años estancados sin opciones”, aseveró.
Luego prosiguió explicando: “Veamos la situación en el resto del mundo. Hoy la conectividad aérea se garantiza de otros modos. Como entre 2015 y 2019, cuando demostramos que se vuela más y más barato con un sistema de apertura y de competencia. El gobierno actual encara una política semejante, respondiendo el mandato social que pide responsabilidad fiscal y la reducción del Estado exagerado al que nos sometió el kirchnerismo por años”.
“Hoy –dijo- en el camino correcto que implica de manera urgente dejar de solventar el déficit de Aerolíneas con impuestos, las alternativas son tres:
- Iniciar un proceso de quiebra, que permite dos opciones, la continuación de la empresa luego de reestructurarla (no se trasladan al adquirente los viejos convenios colectivos) o la realización de sus bienes.
- La escisión de la empresa en dos (o tres) nuevas, una aérea y otra de servicios en tierra, también con nuevos convenios colectivos.
- La rápida reducción de la empresa y la liquidación de sus activos por separado: los aviones a las nuevas ingresantes del mercado, los simuladores, el área de mantenimiento y la empresa de rampa por otro”.
Luego aclaró que “aunque la mayoría de los empleados de la empresa sean excelentes profesionales y buenos trabajadores, no dejan de ser rehenes de unos pocos que no quieren que la empresa funcione. Aerolíneas Argentinas tiene activos humanos de primer nivel y materiales de interés sustancial para competidores del sector aéreo: aviones, talleres, infraestructura, simuladores”.
“En un sector de crecimiento e ingreso de nuevas empresas, los empleados altamente profesionales de Aerolíneas (que son la mayoría), hallarán rápidamente oportunidades. Hay muchos ejemplos en países de la región, como el caso de VARIG en Brasil, donde sus empleados pudieron insertarse en el mercado dentro de las aerolíneas que hoy vuelan más rutas y son más accesibles para la población”, señala Macri.
Apunta después que “hay frente a nosotros dos caminos. Uno es un país conectado, con opciones y pasajes baratos, donde miles de personas pueden subirse por primera vez a un avión y donde los argentinos se reencuentran con sus familias en cada una de las provincias sin costarle un peso a la sociedad, o un país donde Biró y sus socios siguen manejando nuestras vidas con el dinero de nuestros bolsillos para mantener sus beneficios. ¿Cuál vamos a elegir?”.
País
Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
País
Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
País
PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
