País
UIA alerta: aumentan juicios por accidentes laborales
18 de septiembre de 2024
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación por el aumento sostenido de la litigiosidad laboral vinculada a accidentes de trabajo, a pesar de que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos.
Durante la última reunión de su Junta Directiva, se destacó que en agosto de este año se notificaron 13.750 nuevos juicios a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), y acumulo un total de 81.709 demandas en 2024. Este incremento, que representa un 12,3% más que en agosto de 2023, afecta directamente la competitividad del sector productivo.
A pesar de los esfuerzos realizados por empleadores y trabajadores para reducir los riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo, la UIA advirtió que los juicios han crecido un 25% este año. Esto ha generado un impacto significativo en los costos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Reclamos y costos
Uno de los principales puntos abordados fue la necesidad de conformar cuerpos médicos forenses provinciales, tal como lo establece la Ley 27.348 de Reforma del Sistema de Riesgos del Trabajo, sancionada en 2017. Estos cuerpos permitirían evaluar las incapacidades laborales de manera objetiva, lo que ayudaría a reducir la litigiosidad.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) también advirtió sobre esta situación, calificándola como una “amenaza que urge resolver”. Según la UART, a pesar de la constante disminución de accidentes y la atención integral a los trabajadores, los reclamos judiciales no han dejado de aumentar. “Menos siniestros y mejores servicios, pero cada vez más juicios. Esta paradoja es difícil de explicar y genera un grave contrasentido en el sistema”, señaló la entidad en un comunicado.
La UART destacó que la solución pasa por la creación de los cuerpos médicos forenses en todas las provincias adheridas a la Ley 27.348, con profesionales seleccionados por concurso y que utilicen el Baremo de la Ley (una tabla de medición de incapacidades) de manera adecuada. Actualmente, Mendoza es la única provincia que ha implementado estos cuerpos, con resultados alentadores.
Otro tema central discutido en la reunión fue el impacto de los altos costos logísticos portuarios en la competitividad de las exportaciones argentinas. Un informe de la UIA reveló que mover un contenedor de 40 pies en las terminales argentinas puede ser hasta tres veces más caro que en puertos de la región, como los de Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Esto afecta tanto a las exportaciones como a las importaciones, generando un desincentivo para el comercio exterior.
La UIA se encuentra en conversaciones con la Administración General de Puertos (AGP) para encontrar soluciones que reduzcan estos costos sin comprometer la actividad exportadora.
Actividad industrial
El Centro de Estudios de la UIA (CEU) presentó los últimos indicadores de actividad industrial, mostrando que en julio la industria registró una caída interanual del 5,8%, aunque con una mejora mensual del 12,8% respecto a junio. A pesar de esta leve recuperación, el sector acumula 14 meses consecutivos de caídas interanuales y un descenso del 12,8% en lo que va de 2024.
Los datos preliminares de agosto anticipan una nueva caída interanual, lo que podría revertir parte de la mejora registrada en julio. Además, el 69% de las empresas reportó que la utilización de su capacidad instalada en julio fue inferior a la considerada óptima, y más de la mitad no espera una recuperación significativa hasta la segunda mitad de 2025.
Representantes sectoriales y regionales subrayaron la necesidad de avanzar en medidas que mejoren la competitividad de la industria, como la sanción de una nueva Ley PyME que contemple la reducción de costos, el fortalecimiento del mercado interno y el impulso a las exportaciones con valor agregado.
Asimismo, se reiteró la urgencia de combatir la competencia desleal, tanto por la informalidad como por la importación de bienes terminados que no tributan en el país.
En el ámbito institucional, la UIA participará en la 20º Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), y en el evento “Somos Industria”, que se realizará en la provincia de Buenos Aires en octubre.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
