País
Se agudiza conflicto gremial aeronáutico
18 de septiembre de 2024
El conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios aeronáuticos va escalando hora tras hora a partir de las decisiones que emanan del Ejecutivo y de las medidas que anticipan los sindicatos, que derivarán indefectiblemente en más complicaciones para los viajeros.
Por un lado el Gobierno avanzó en la desregulación de la actividad aérea y por el otro denunciaron al sindicalista Pablo Biró, titular de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), por “extorsiones y amenazas”, mientras los gremios advertían en un comunicado que el Gobierno busca el “cierre autoinflingido” de Aerolíneas Argentinas.
Hoy, el Gobierno nacional dio un paso más hacia la desregulación del sistema de atención en tierra de los servicios aéreos, culminando así con el monopolio que ejercía hasta el momento la empresa estatal Intercargo, uno de los bastiones sindicales.
Intercargo era, hasta hoy, la única empresa que prestaba esos servicios a las compañías aéreas que no contaban con soporte de handling propio, como sí lo tienen Flybondi, la propia Aerolíneas Argentinas y American Airlines.
Eso provocaba que, si este gremio paralizaba sus actividades, se resentía toda la actividad aerocomercial, ya que solamente las tres empresas mencionadas podían seguir operando normalmente.
Al dejar de lado el monopolio de Intercargo, las compañías aéreas primero, y cualquier otra empresa en condiciones de hacerlo después, podrán prestar el servicio de rampa, liberando de esa manera la dependencia casi exclusiva que tenía hasta hoy la empresa estatal.
Mediante la resolución 326/2024 publicada esta mañana en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó el nuevo “Reglamento para la obtención del Certificado de Atención en Tierra”, para aquellas empresas que quieran brindar servicios de rampa o handling.
Esta decisión, se dio en línea con lo anunciado oficialmente ayer, en cuanto a que cualquier empresa aérea o particular, podrá prestar desde ahora los servicios de rampa, abarca cuestiones como la provisión de escalerillas para el embarque y desembarque de pasajeros, equipos de carga y descarga de equipajes, mercancías y otros objetos, dirección de maniobras de las aeronaves en tierra, limpieza de cabinas y retiro de residuos, equipos de pushback (retroceso de las aeronaves en su posición) y la operación de las mangas, entre otras.
A partir de este momento, las empresas aéreas podrán autoprestarse sus propios servicios de handling y ofrecer los mismos a otras aerolíneas, siendo éste el caso de Flybondi, que ya obtuvo de parte de la ANAC, la autorización para hacerlo.
En los considerandos de la resolución se indica que “las necesidades actuales del mercado aerocomercial y el nuevo esquema de política de aviación comercial, con el cual se aspira al funcionamiento adecuado del mercado, la libre competencia, la libertad de acceso al mercado y la mayor eficiencia, requieren la revisión del ordenamiento jurídico”.
Y agrega que “se estableció la política de cielos abiertos basada en los principios de libre acceso a los mercados, lealtad comercial, desregulación tarifaria, estricto resguardo de la seguridad operacional y la seguridad en la aviación, vigilancia operacional continua de los servicios autorizados, el principio de unicidad del estado, la libertad contractual, celeridad, comunicación directa, dinamismo, integralidad y eficacia, entre otros”.
Como resultado de esta resolución, la empresa Dnata, proveedor líder mundial de servicios aéreos y de viajes, que ofrece asistencia en tierra, carga, viajes, catering y venta minorista de calidad y seguros en 34 países de seis continentes, manifestó su intención de operar los servicios de rampa en la Argentina.
El Secretario de Transporte de la Nación, mantuvo una reunión con el Embajador de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Alqemzi, con Phil MacGrane CEO para Brasil de la empresa DNATA, junto al Subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez y la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), María Julia Cordero, donde la empresa se interiorizó sobre las ventajas que está ofreciendo el país con la desregulación aérea.
Mientras tanto, esta tarde, los gremios aeronáuticos denunciaron que el Gobierno Nacional pretende el cierre “autoinflingido” de Aerolíneas Argentinas y fustigaron duramente al presidente de la compañía, Fabián Lombardo.
El comunicado, firmado por APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), APA (Asociación del Personal Aeronáutico), UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) y AAA (Asociación Argentina de Aeronavegantes), advierte que se está procurando “un Lock out patronal, que buscaría detener la operación de la compañía para luego culpar a los Sindicatos y sus trabajadores”.
Y remarcan que la cuestión “no es salarial, sino política” y se manifestaron dispuestos “a dar la pelea por la continuidad de nuestro trabajo hasta las últimas consecuencias”, señalando que no van “a negociar” su “dignidad ni a ceder ante un proyecto destructivo y precarizador, cuya única meta es disciplinar, someter y reducir para poder vendernos a sus socios extranjeros”.
Esta tarde también. el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, denunció a Pablo Biró por presuntas extorsiones y amenazas, a raíz de declaraciones donde el dirigente había advertido que el conflicto salarial en el sector iba a ponerse «mucho peor».
La denuncia quedó a cargo del juzgado federal 12 que subroga el juez Ariel Lijo y fue presentada por el abogado Fernando Soto, que representa al ministerio que conduce Patricia Bullrich, según informaron fuentes judiciales.
La presentación se hizo porque las expresiones del sindicalista «generan serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolíneas Argentinas y en la seguridad de los pasajeros».
Además el Ministerio sostuvo que esas expresiones «podrían ir más allá del ejercicio legítimo del derecho a huelga» y podrían ser «amenazas extorsivas».
En declaraciones periodísticas, Biró había dicho en los últimos días que el conflicto que mantienen los gremios aeronáuticos con el Estado nacional por reclamos salariales es «grave» e iba a ponerse «mucho peor».
Mañana, los gremios realizarán una asamblea conjunta de la que pueden surgir nuevas medidas de fuerza, en tanto que el próximo viernes, se reunirá el Directorio de Aerolíneas Argentinas, que convocará a la Asamblea de Accionistas para dentro de 20 días, donde se decidirá la expulsión del Directorio, de Pablo Biro.
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
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PARO DOCENTE
La Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) formalizaron su adhesión a la jornada nacional de lucha con paro y movilización programada para este lunes 3 de agosto.
La medida de fuerza es impulsada por CTERA, ATE Nacional, CONADU y CONADU Histórica en rechazo a las políticas económicas de la administración del presidente Javier Milei.
La protesta unificada tiene como ejes centrales la defensa de la educación y la universidad pública, la protección del empleo en el sector público, la recomposición salarial y el sostenimiento de los derechos laborales. En ese marco, los gremios denuncian un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la sociedad y de la capacidad operativa del Estado.
En un comunicado conjunto, las dirigencias sindicales apuntaron contra la parálisis de la paritaria nacional docente y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalaron que el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la caída sostenida del poder adquisitivo salarial comprometen de forma directa el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles.
Asimismo, las centrales obreras repudiaron la ola de despidos en la administración pública nacional y lo que consideraron un vaciamiento sistemático de organismos estratégicos. Advirtieron que estas decisiones buscan debilitar la estructura estatal y restringir los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Ante este panorama, la CTA-A y la CTA-T exigieron la restitución inmediata de los recursos destinados al sistema educativo y el acatamiento de las resoluciones judiciales y leyes sancionadas por el Congreso. Demandaron además la aprobación de un presupuesto que asegure el funcionamiento pleno de escuelas, universidades y dependencias del Estado.
Los referentes sindicales remarcaron que el libre ejercicio de la negociación paritaria y la actualización de los ingresos constituyen condiciones indispensables para resguardar la paz social. Afirmaron que el sostenimiento de los puestos de trabajo estatales es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de la población.
La postura de las dos centrales quedó plasmada a través de un documento firmado por sus respectivos secretarios generales, Hugo Yasky por la CTA-T y Hugo Godoy por la CTA-A. Ambas conducciones recalcaron que la universidad, la educación y un Estado presente representan pilares centrales para el desarrollo soberano de Argentina.
