La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por el decreto que dictó el Gobierno nacional por el cual se modificaron reglamentaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Según Adepa, el decreto 780/2024, contiene excepciones “que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto 'interés público'".

En esa línea, la entidad consideró que esas restricciones "podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia".

Además, la institución sostuvo que esas modificaciones podrían ocasionar "aplicaciones restrictivas" e incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos".

A su vez, en el escrito publicado, Adepa le recordó al Poder Ejecutivo los "principios consagrados en el artículo 1° de la Ley de Acceso a la Información, y que se encuentran fuera del alcance de la competencia regulatoria del Poder Ejecutivo, figuran los de ‘presunción de publicidad’, ‘máxima divulgación', ‘máximo acceso’, 'alcance limitado de las excepciones'" e "in dubio pro petitor" ("ante la duda, a favor del peticionante").

Para Adepa, uno de los cambios más preocupantes del decreto marcha por el alcance de las definiciones de información pública y documento, establecidos en el artículo 3º del texto original. En ese punto, el Gobierno estableció que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria". 

Según la institución, la definición original de esa Ley prescribía que información pública es "todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien".

En ese contexto, Adepa dejó en claro que los "funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios".

"El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país", subraya el documento difundido por Adepa. 

Para concluir, Adepa consideró que "necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos".

No hubo acuerdo hoy entre los gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas y los trabajadores amenazan con la realización de nuevas medidas de fuerza en los próximos días. El único gremio que acordó una recomposición salarial con la empresa fue APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico).

El resultado de la reunión mantenida hoy en el Aeroparque Jorge Newbery entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) con los representantes de la línea de bandera, fue confirmado tanto por fuentes de la propia empresa como de parte de los gremios.

En ese sentido, APA, señaló en un comunicado que, “en el marco de las negociaciones en curso, informamos que tras la reunión mantenida hoy, no se ha llegado a un acuerdo con Aerolíneas Argentinas”.

“Las propuestas presentadas por la empresa resultaron provocativas. Claramente inaceptables. Es inadmisible la falta de capacidad demostrada por el actual Secretario de Transporte, Franco Mogetta, en su gestión”, refiere el documento difundido esta tarde.

Agrega que “el funcionario ha demostrado, en repetidas ocasiones, su incompetencia para entender las complejidades del sector y las necesidades de recomposición salarial de los trabajadores aeronáuticos. Su actitud negligente y su escasa disposición al diálogo están llevando al sector del Transporte a una crisis profunda, afectando no solo a los trabajadores, sino también a millones de usuarios”.

Finaliza afirmando que “resulta evidente que su nombramiento no se basó en la capacidad técnica ni en la experiencia requerida para el cargo, sino en criterios que poco tienen que ver con las necesidades del sector. Por todo esto vamos a profundizar el conflicto. Vamos a implementar medidas de fuerza más contundentes y elocuentes, que sirvan para que el Gobierno Nacional entienda la necesidad imperiosa de recomponer nuestros degradados salarios”.

Esta fue la segunda reunión entre las partes, la primera se desarrolló ayer con el mismo resultado y se avecinan tiempos complicados ante el anuncio de nuevas medidas de fuerza que volverán a poner a los usuarios como rehenes de una situación de la que no son parte.

Ya hubo cinco asambleas en las últimas semanas de agosto que perjudicaron a cerca de 11.000 pasajeros

Los gremios señalaron que Aerolíneas les hizo la misma oferta que ayer, y que, por ahora, los gremios no volverán a reunirse con la empresa, pero sí entre ellos para establecer cómo seguir.

Más de mil páginas web de apuestas ilegales fueron bloqueadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Así señalaron este martes el interventor del organismo, Juan Martín Ozores y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genual, ambos instruidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En este sentido, Genua afirmó que "la adicción al juego online en niños y adolescentes es un flagelo que se produce al amparo de sitios web que promueven las apuestas ilegales", al tiempo que agregó: "Tenemos el compromiso de trabajar articuladamente con otros organismos para prevenir el desarrollo de estas plataformas ilegales".

Por su parte, Ozores consideró que cuando llega al ENACOM un oficio judicial que solicita el bloqueo del acceso a los sitios de apuestas ilegales, informan inmediatamente a las empresas proveedoras de Internet para que lo implementen.