País
Buscan aumentar las penas a quienes defraudan a las aseguradoras
29 de agosto de 2024
El martes 27 de agosto se realizó el primer Coloquio del Centro de Investigación para el Desarrollo del Seguro (CIDES), fue en el Alvear Palace Hotel, bajo el lema “El impacto de la litigiosidad en la economía argentina”. Participaron referentes del sector, junto con funcionarios del Gobierno nacional y representantes de la Justicia. Allí, el propio ministro Mariano Cúneo Libarona planteó que hay que aumentar las penas contra quienes defraudan a las aseguradoras.
El presidente del CIDES, Alejandro Simón, destacó el incremento de la litigiosidad judicial en la industria del seguro. Al respecto, mencionó “la falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales, muchas veces injustificables (cuyos costos, incluso, no recaen en la parte que realiza reclamos finalmente rechazados en su procedencia o magnitud), y los esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos”.
A lo largo de distintos paneles, los expositores abordaron los principales problemas que atraviesa el sector. Sobre el tema, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, expresó que “la ley 27.348 tuvo por objeto ordenar la litigiosidad” cuando se sancionó en los años 90. En ese sentido, recordó que se había logrado reducir de 120.000 juicios laborales anuales a sólo 40.000. “Hoy, lamentablemente, volveremos a estar con un saldo de 120.000 juicios. La solución es cumplir con la ley”.
Por su lado, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, enfatizó que “se necesita tener una superintendencia fuerte, que supervise y pueda ayudar a la Justicia”. Al respecto, explicó que trabajan para “establecer regulaciones que se puedan cumplir y eliminar las que no se pueden controlar”. Plate informó también que “hay aseguradoras que excluimos del sistema porque llenaban de juicios los juzgados”.
En tanto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la Argentina necesita una planificación institucional para evitar la excesiva litigiosidad. El magistrado se refirió a la “excesiva litigiosidad” y alentó la formación de “agencias” que aceleren la solución de las controversias y que cuenten con los incentivos necesarios para ello.
Aumento de las penas
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propuso en el coloquio aumentar las penas contra aquellos que realizan fraudes contra las compañías de seguros e ir por los beneficios patrimoniales que, eventualmente, consiguen los implicados a través de esas “estafas”.
Las denuncias de falsos siniestros contra las compañías de seguro representan “un tremendo ataque a la propiedad y al mercado, que daña al sistema de seguros, pero va a más allá, porque afecta a la economía en general”.
En la actualidad, estas maniobras “tienen penas de entre uno a seis años de prisión, porque se trata como una estafa común y, si es tentativa, es mucho menor, por lo que puede haber probation. “La pena de fraude a compañías de seguro no puede ser tan baja. Tenemos que aumentarlas, como pasa en Alemania o España”, dijo el ministro de Justicia.
Pero además, el ministro propuso “también ir en la búsqueda de los bienes obtenidos” por los implicados en estas estafas.
Autos sin seguro
La gerente legal de Siniestros de la Caja de Ahorro y Seguros, Fabiana Compiani, advirtió que en Argentina “hay 15 millones de vehículos que circulan en Argentina, 40% de autos y motos circulan sin seguros”.
Según el Observatorio Vial “se producen 4.369 muertes anuales por accidentes viales, por 3.642 siniestros”, una cifra que permanece más o menos estable en los años “y que marcan una estabilidad de una ausencia de políticas públicas para evitar estos accidentes”.
“El crecimiento de una sociedad implica más vehículos y más accidentes, y se requieren políticas para que eviten esos siniestros”, dijo Compiani. “Se pagan por accidente de automóviles tres millones de siniestros por año”, entre accidentes, incendios, robos. Además, existen “500.000 juicios pendientes, con demoras en pericias y fallos”.
Roberto Parrilli, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, señaló que “los litigios se transforman en juicios”. Además, apuntó que “es muy difícil que alguien pueda conciliar una demanda cuando existe una inflación tan elevada”. Propuso “ir a una ley específica sobre el tema vial que debe considerar un procedimiento previo de oferta que tiene que hacer la aseguradora”.
Al respecto, Gustavo Trías, presidente de Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), explicó que “los juicios pendientes en el sector sin incluir riesgo del trabajo son 220.000, de los cuales entre transporte y autos, son 200.000”. Trías dijo que “hay 140.000 víctimas de accidentes de tránsito al año, eso quiere decir que en 20 años el 10% de la población va a ser damnificada”.
“Este flagelo deviene en reclamos a la actividad aseguradora. De esos dos millones de siniestros, 95% se resuelve por vía administrativa, el 5% pasa a etapa de mediación y el 68% que estuvo en mediación se resuelve en esa etapa. Sólo se judicializa el 1,6%”.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
