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Buscan aumentar las penas a quienes defraudan a las aseguradoras
29 de agosto de 2024
El martes 27 de agosto se realizó el primer Coloquio del Centro de Investigación para el Desarrollo del Seguro (CIDES), fue en el Alvear Palace Hotel, bajo el lema “El impacto de la litigiosidad en la economía argentina”. Participaron referentes del sector, junto con funcionarios del Gobierno nacional y representantes de la Justicia. Allí, el propio ministro Mariano Cúneo Libarona planteó que hay que aumentar las penas contra quienes defraudan a las aseguradoras.
El presidente del CIDES, Alejandro Simón, destacó el incremento de la litigiosidad judicial en la industria del seguro. Al respecto, mencionó “la falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales, muchas veces injustificables (cuyos costos, incluso, no recaen en la parte que realiza reclamos finalmente rechazados en su procedencia o magnitud), y los esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos”.
A lo largo de distintos paneles, los expositores abordaron los principales problemas que atraviesa el sector. Sobre el tema, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, expresó que “la ley 27.348 tuvo por objeto ordenar la litigiosidad” cuando se sancionó en los años 90. En ese sentido, recordó que se había logrado reducir de 120.000 juicios laborales anuales a sólo 40.000. “Hoy, lamentablemente, volveremos a estar con un saldo de 120.000 juicios. La solución es cumplir con la ley”.
Por su lado, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, enfatizó que “se necesita tener una superintendencia fuerte, que supervise y pueda ayudar a la Justicia”. Al respecto, explicó que trabajan para “establecer regulaciones que se puedan cumplir y eliminar las que no se pueden controlar”. Plate informó también que “hay aseguradoras que excluimos del sistema porque llenaban de juicios los juzgados”.
En tanto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la Argentina necesita una planificación institucional para evitar la excesiva litigiosidad. El magistrado se refirió a la “excesiva litigiosidad” y alentó la formación de “agencias” que aceleren la solución de las controversias y que cuenten con los incentivos necesarios para ello.
Aumento de las penas
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propuso en el coloquio aumentar las penas contra aquellos que realizan fraudes contra las compañías de seguros e ir por los beneficios patrimoniales que, eventualmente, consiguen los implicados a través de esas “estafas”.
Las denuncias de falsos siniestros contra las compañías de seguro representan “un tremendo ataque a la propiedad y al mercado, que daña al sistema de seguros, pero va a más allá, porque afecta a la economía en general”.
En la actualidad, estas maniobras “tienen penas de entre uno a seis años de prisión, porque se trata como una estafa común y, si es tentativa, es mucho menor, por lo que puede haber probation. “La pena de fraude a compañías de seguro no puede ser tan baja. Tenemos que aumentarlas, como pasa en Alemania o España”, dijo el ministro de Justicia.
Pero además, el ministro propuso “también ir en la búsqueda de los bienes obtenidos” por los implicados en estas estafas.
Autos sin seguro
La gerente legal de Siniestros de la Caja de Ahorro y Seguros, Fabiana Compiani, advirtió que en Argentina “hay 15 millones de vehículos que circulan en Argentina, 40% de autos y motos circulan sin seguros”.
Según el Observatorio Vial “se producen 4.369 muertes anuales por accidentes viales, por 3.642 siniestros”, una cifra que permanece más o menos estable en los años “y que marcan una estabilidad de una ausencia de políticas públicas para evitar estos accidentes”.
“El crecimiento de una sociedad implica más vehículos y más accidentes, y se requieren políticas para que eviten esos siniestros”, dijo Compiani. “Se pagan por accidente de automóviles tres millones de siniestros por año”, entre accidentes, incendios, robos. Además, existen “500.000 juicios pendientes, con demoras en pericias y fallos”.
Roberto Parrilli, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, señaló que “los litigios se transforman en juicios”. Además, apuntó que “es muy difícil que alguien pueda conciliar una demanda cuando existe una inflación tan elevada”. Propuso “ir a una ley específica sobre el tema vial que debe considerar un procedimiento previo de oferta que tiene que hacer la aseguradora”.
Al respecto, Gustavo Trías, presidente de Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), explicó que “los juicios pendientes en el sector sin incluir riesgo del trabajo son 220.000, de los cuales entre transporte y autos, son 200.000”. Trías dijo que “hay 140.000 víctimas de accidentes de tránsito al año, eso quiere decir que en 20 años el 10% de la población va a ser damnificada”.
“Este flagelo deviene en reclamos a la actividad aseguradora. De esos dos millones de siniestros, 95% se resuelve por vía administrativa, el 5% pasa a etapa de mediación y el 68% que estuvo en mediación se resuelve en esa etapa. Sólo se judicializa el 1,6%”.
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Sale a la venta el chalet con vistas al Obelisco porteño
El chalet Díaz, construido en una terraza con vistas al Obelisco porteño, fue puesto en venta junto con todo el edificio.
El chalet y su altillo, que constituyen uno de los hitos arquitectónicos más destacados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), se encuentra a la venta junto a al edificio de estilo francés de más de 10.300 metros cuadrados construidos, ubicado en Sarmiento al 1100, y tiene un valor de 8 millones de dólares.
Cuenta con nueve pisos de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores.
El chalet Díaz, que corona la edificación, responde a un estilo normando, con techo de tejas, inspirado en la clásica arquitectura marplatense. Fue construido en 1927 por Rafael Díaz, inmigrante español y fundador de Muebles Díaz, una de las mueblerías más importantes de Buenos Aires durante buena parte del siglo XX.
El chalet fue testigo de los ensanchamientos de la 9 de Julio y de la construcción del Obelisco, inaugurado en 1936.
Además de esa vista única, el chalet tiene cinco ambientes, el altillo y dos terrazas: 200 metros cuadrados cubiertos en total. Conserva gran parte de sus elementos originales, entre ellos pisos de pinotea, aberturas, ventanales y luminarias de época.
Fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo el amparo de la ley 1.227. Por lo tanto, cualquier proyecto que realicen los eventuales compradores del conjunto estará condicionado a ese estatus histórico y deberá adecuarse a las normas vigentes en materia de accesibilidad, seguridad y prevención de incendios.
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ARCA elimina la actualización automática de montos
ARCA (exAFIP) redefinió umbrales y criterios de cálculo para entidades financieras y agentes del mercado de capitales. Los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) modificó el Régimen Informativo de Operaciones Financieras y eliminó la actualización automática de los montos mínimos que deben informar entidades financieras y agentes del mercado de capitales. La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 5814/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El cambio alcanza a bancos, agentes de liquidación y compensación, sociedades depositarias de fondos comunes de inversión y agentes de colocación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). La norma redefine umbrales, criterios de cálculo y obligaciones informativas.
Uno de los puntos centrales de la resolución elimina la actualización automática de los montos mínimos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hasta ahora, la normativa obligaba a ajustar los pisos informativos semestralmente, en junio y diciembre de cada año.
Con la nueva disposición, Arca deja los montos fijos hasta que una futura resolución determine una modificación expresa. El organismo justificó la decisión en el incremento previo de los umbrales y en la estabilidad de las variables macroeconómicas.
Las entidades financieras alcanzadas por la Ley 21.526, que deben informar altas, bajas, modificaciones, saldos y movimientos en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo, cuentas de la seguridad social y cuentas especiales bajo normativa del Banco Central.
Las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión (FCI) y los agentes de colocación y distribución integral de FCI, todos bajo supervisión de la CNV.
Nuevos umbrales de información mensual
La resolución también modificó la forma en que los ALyC y las sociedades depositarias de FCI deben informar las operaciones. A partir de ahora, los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas.
El monto neto surge de la sumatoria de todas las transacciones realizadas durante el mes, incluidos comisiones, gastos y transferencias entre agentes, clientes o cuotapartistas.
Para determinar si se supera el umbral, ARCA no considera operaciones aisladas, sino la suma mensual de compra y venta de títulos (bonos, acciones y suscripción o rescate de cuotapartes de FCI), movimientos de fondos, pases y cauciones.
Si la sumatoria total mensual supera el tope correspondiente, el agente debe informar la totalidad de las operaciones, incluso aquellas de menor monto individual.
En el caso de operaciones en moneda extranjera, la conversión a pesos se realizará según el tipo de cambio comprador del Banco Nación, tomando como referencia la fecha de liquidación o el último día hábil del mes informado.
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Celulares más baratos
Los aranceles a la importación de teléfonos celulares serán eliminados completamente a partir de este jueves 15 de enero. En función del decreto 333/25 publicado en mayo de 2025, el gobierno nacional reducirá definitivamente la tasa aduanera a 0%.
Esta normativa fue planteada progresivamente en dos tramos. En primer lugar se bajó el impuesto del 16% al 8% en el momento en el que se publicó en el Boletín Oficial y, finalmente bajarlo de 8% a una alícuota del 0% desde este jueves.
Además de este esquema de beneficios impositivos, la determinación incluye la supresión de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego (bajaron del 9% al 0%), además de la reducción de impuestos internos para televisores y consolas de videojuegos que vengan desde el exterior, que pasaron del 19% al 9,5%.
Mediante esta decisión, el gobierno busca incrementar la oferta de dispositivos, estimular la competencia, disminuir los valores finales de los productos y facilitar el acceso a los consumidores.
Según las proyecciones oficiales, la medida provocará un descenso de los precios de aproximadamente el 30 %. El objetivo es igualar las condiciones de los productos nacionales con los importados, en una época donde los precios locales son altamente elevados en comparación con otros países vecinos.
Sin embargo, el impacto en los precios de los celulares no será de inmediato. La llegada de los nuevos valores al consumidor final dependerá de la dinámica del mercado, los costos logísticos y el stock de los comercios.
