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Rechazo a la Ley de Góndolas

4 de julio de 2024

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó el proyecto de Ley de Góndolas ingresado al Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró que, en caso de ser aprobado, perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final.

“Desde hace casi 100 años la CAC promueve los principios de iniciativa privada y libertad económica, en el convencimiento de que son esos los valores que generan el progreso, tal como lo deja en claro la experiencia internacional y la propia historia argentina”, afirma la entidad en un comunicado de prensa.

En esta línea, meses atrás celebró la derogación de la Ley de Góndolas a nivel nacional; y ahora “observa con franca preocupación el proyecto bonaerense”. 

Sin embargo, la entidad advirtió que coincide con diversos objetivos planteados en la iniciativa –como el de evitar prácticas distorsivas, promover el crecimiento de las pymes o alcanzar precios competitivos–, pero consideró que la herramienta propuesta es no solo incorrecta sino incluso contraproducente: “la excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores”, agregó.

Consideró además que el proyecto vulnera la libertad de comercio consagrada en la Constitución Nacional. “Si bien no es un derecho absoluto, resulta abusivo que mediante una ley se impongan condiciones de comercialización para solamente algunos de los actores que participan en las relaciones de consumo masivo”, indicó la entidad que conduce Mario Grinman.

“Nuestro país tiene un largo historial en políticas que, amparadas en fines loables, acaban por generar un severo daño. Las omnipresentes y excesivas regulaciones que se han ido estableciendo en Argentina –algunas con una complejidad tal que las hace virtualmente impracticables– representan un severo lastre para las pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas, que limita sus posibilidades de crecimiento y, en no pocos casos, acaba por poner en riesgo su viabilidad”, agregó el comunicado. .

Sobre el final destacó que los argumentos ya esgrimidos tienen “un correlato adverso en el campo laboral, como así también en los indicadores sociales: sin un sector privado pujante no es posible crear empleo genuino ni generar la riqueza necesaria para superar los escandalosos niveles de postergación y pobreza que nuestro país registra”.

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Homicidio en el barrio Fray Luis Beltrán

En horas de la la madrugada de este viernes, un llamado al 911 alertó a la comisaría 15ta acerca de varias detonaciones en la calle Las Higueras y Vuelta de Obligado. Al arribar al lugar, el personal policial descubrió que en el interior de una de las casas de la cuadra se encontraba un hombre sin vida.

Según las primeras investigaciones, la victima habría sido llevada al lugar por un grupo de varios personas en medio de una pelea. En ese contexto, se efectuaron las detonaciones que acabaron con su vida. Médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que acudieron al lugar constataron que la muerte se produjo de forma traumática.

Peritos de la Policía Científica realizaron las tareas periciales pertinentes por orden del doctor Leandro Arévalo de la Unidad Fiscal de Instrucción Nro. 07. El médico policial dispuso la realización de la autopsia para la tarde de hoy, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del homicidio.

Según indicó el parte de prensa de la policía, la víctima contaba con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737 (ley de drogas), violación de domicilio y robo calificado por el uso de arma. Las autoridades continúan investigando el caso para dar con los responsables del crimen y determinar los motivos detrás de este violento hecho.

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Piden prisión preventiva para el ex jefe de la Departamental

El fiscal general adjunto del Departamento Judicial, Marcos Pagella presentó ayer el pedido de prisión preventiva para el extitular de la Jefatura Departamental de la policía bonaerense, comisario mayor José Segovia, y otros seis acusados de integrar una asociación ilícita cuyo liderazgo se atribuye al mencionado jefe policial y cuyas actividades ilícitas abarcarían desde extorsiones y desvío de investigaciones hasta hechos vinculados al mercado ilegal de cambio de moneda y juego clandestino.

A lo largo de la jornada del viernes, los imputados y sus abogados ingresaron al despacho del Juzgado de Garantías N°1 marplatense para plantear las modificaciones y/o consideraciones que debería tener en cuenta el magistrado antes de tomar la decisión final el próximo martes.

Pese a que no se conoció en detalle cuáles fueron los pedidos que presentó cada uno de los acusados, las fuentes judiciales confirmaron que hubo casos en los que se solicitó adecuar los delitos que se le atribuyen, la falta de mérito respecto de los cargos, el beneficio de la excarcelación bajo la premisa de que no existe riesgo de fuga y/o entorpecimiento de la investigación, y una morigeración para los que tengan que cumplir con la prisión preventiva como, por ejemplo, que sea en modalidad domiciliaria.

Más allá de la decisión que tome el juez, existiría la posibilidad de que toda la causa o algunos de los delitos que la conforman sean juzgados en la órbita federal. Según las fuentes que fueron consultadas por el medio local 0223, la investigación por la participación activa en la compraventa ilegal de moneda extranjera e intermediación financiera no autorizada podría ser trasladada a un juzgado de jurisdicción federal.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantuvo las imputaciones de los acusados en la solicitud enviada, por lo que el ex jefe de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, José Luis Segovia, continúa sindicado como el líder de la asociación ilícita mixta, debido a que presuntamente habría brindado protección a los “arbolitos”, a la vez que desviaba investigaciones relacionadas con robos calificados.

Previo a esto, el Juzgado de Garantías N°1 aseguró que la organización estuvo “impregnada de manejos autoritarios y con un férreo sesgo piramidal”. En este sentido, plantearon que Segovia intentaba dar la imagen de ser un “eficiente jefe policial, por un lado, y un manejo ilegal de los procedimientos policíacos”. Incluso, apuntaron que el ex comisario habría sido el que “diagramó, armó y ejecutó como jefe una policía dual”.

Acerca de la policía desdoblada que logró conformar, las autoridades judiciales señalaron que éste cumplió su cometido al mantener, por un lado, a “funcionarios policiales honestos y eficientes”, mientras que en la vereda contraria “se valió de policías en actividad y de otros que ya estaban fuera de la fuerza policial”.La sede de la Jefatura Departamental de Mar del PlataLa sede de la Jefatura Departamental de Mar del Plata

Entre el resto de los implicados, se encuentran el ex policía Javier González y el oficial Gastón Moraña, sospechados de haber sido los recaudadores de Segovia; y el agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Nicolás Rivademar, quien cursa un arresto domiciliario por supuestamente haber sido miembro de la banda y habría brindado protección en un caso investigado por la Justicia Federal.

En la causa también fueron involucrados el ex policía Christian Holtkamp y el comerciante cambista Jorge Toletti, quienes eran los encargados de monitorear que los “arbolitos” cumplieran las tareas encomendadas. Además, fue comprobado que los socios los vigilaban desde un café ubicado en la avenida Luro.

El último detenido en el marco de la investigación es el abogado Lautaro Resúa. Aparentemente, el defensor habría funcionado como un nexo entre varias partes de la agrupación, ya que tenía contacto con los acusados de ser recaudadores. Asimismo, se cree que podría haber contribuido en la desviación de varias causas penales. (INFOBAE/DIB)

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FUE MAS RÁPIDO Y SE ENTREGÓ!

Un joven de  27 años, que si bien había sido identificado por las cámaras del COM no pudo ser localizado, se presentó finalmente este miércoles en la sede de la DDI y allí se lo notificó por la infracción al artículo 193 bis del Código Penal.

Lo hizo junto a un abogado en su moto, una Kawasaki Ninja, en la que se lo vio  en un video por las redes sociales circular a toda velocidad por la costa a más de 200km/h. La moto quedó secuestrada.

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