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‘Les voy a vetar todo’
5 de junio de 2024
El presidente Javier Milei reiteró sus intenciones de vetar la eventual nueva fórmula jubilatoria y señaló que le «importa tres carajos» el respaldo legislativo que haya tenido la iniciativa, al mismo tiempo se jactó de haber echado a «a 25 mil empleados estatales”, y adelantó: “Vamos a despedir a 50 mil más”. Lo hizo durante su participación en el Latam Economic Forum, el evento de finanzas y economía que se lleva adelante en Parque Norte.
Durante su discurso, el mandatario se refirió también al ajuste: “Empezaron a cuestionar su calidad; de 123 años tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacerlo”, y agregó que “a diferencia de otros que con ajuste de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de siete, estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea”.
Con respecto al equilibrio fiscal, y el día después de la media sanción de la nueva fórmula jubilatoria en la Cámara de Diputados, planteó: “Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romperlo, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”.
“Es cierto que la política mete la cola, ensucia. Cuando miran la Ley Bases más el DNU hay una cuestión de devolverle la libertad a los ciudadanos, de hacer los mercados más pro competencia, y hay un tercer elemento que es terminar con los curros. Este tercer punto explica muy fuertemente esto”, desarrolló.
En la misma línea, amplió: “No me importa nada. Ayer los degenerados fiscales, una de las cosas que hicieron, haciendo alarde de ser casta y de creerse más que el resto de la gente, mientras que para aprobar una ley que favorece al resto de los argentinos salvo a los chorros la tienen estacionada seis meses, son rápidos para subirse un 80% los sueldos”.
“Están buscando romper el equilibrio fiscal”, planteó al tiempo que admitió que imitará a su par de El Salvador, Nayib Bukele, quien “gobernó a puro veto” durante su primera presidencia en 2019. “Cada cosa que hacían los degenerados fiscales se las vetaba todas, que es lo que voy a hacer yo”, anticipó Milei.
Por otra parte, el mandatario dedicó algunos minutos a explicar en detalle su rechazo a la jubilación de privilegio que perciben los expresidentes e hizo alusión a los dichos de Miguel Ángel Pichetto: “Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Como es un derecho adquirido, no es que voy a tocar a los que están atrás. Es decir que tocan desde mi persona hacia adelante”.
«Puedo llegar a estar cuatro u ocho años si todo sale muy bien, pero después, una vez que termine con esto, voy a tener que salir a laburar, por eso me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien porque sino el día después me cago de hambre. ¿Qué conferencias voy a vender si fui un desastre como Presidente? no es un tema menor. Se creen que hacer la cosa mal es normal, total tiene un seguro (jubilaciones de privilegio), ¿qué seguro? se terminó, si hacen las cosas mal que se caguen de hambre”, arremetió.
En otro pasaje de su discurso, el mandatario aseguró que el 90% del ajuste que lleva adelante se compone de “motosierra” estatal, y aclaró que solamente el 10% de “licuadora”, y reveló que avanzará con los despidos en el Estado hasta dar de baja 75 mil contratos.
«No sé si se acuerdan, que mi frase es «afuera» reconocida internacionalmente, y me llevó a reducir la cantidad de ministerios a la mitad. Eso no fue gratis porque obviamente echamos gente, en materia de contratos vamos a echar a 75 mil y llevamos 25 mil, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, y la obra pública», puntualizó.
Como contrapeso, reveló además que su Gobierno apostó a “hacer una fuerte política de contención social”, y destacó la tarea de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “quien ha sido tan torpedeada en los últimos días”.
“Hicimos un tremendo ajuste y solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza”, se escudó, y amplió: “Creían que era gratis, obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar y la están operando a ella”.
En el tramo final de su alocución, el Presidente pidió generar “las instituciones correctas, ya sea el DNU, la Ley Bases”, las que calificó como “la fase 1 de las reformas estructurales” para establecer «las condiciones para que en un lapso de, como mucho, 40 años, volvamos a ser potencia mundial”.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
