País
Diputados dio media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria
5 de junio de 2024
A través de un acuerdo entre Unión por la Patria, la UCR y otros bloques dialoguistas, la oposición logró pasada la medianoche asestarle un duro golpe al oficialismo al arribar en la Cámara de Diputados a la media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria alternativa a la que el Gobierno estableció a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Después de casi 14 horas de sesión, la iniciativa, que surgió a partir de la unificación entre las propuestas del kirchnerismo, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, cosechó 160 votos positivos, 72 rechazos y ocho abstenciones.
Mientras los diputados de distintos bloques desarrollaban sus exposiciones en torno al debate sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, detrás de las cortinas del recinto los líderes de los principales bloques opositores sellaron el acuerdo.
Superada la votación en general, el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, propuso eliminar del dictamen el artículo 11 que establecía la supresión de los regímenes jubilatorios de privilegio para presidentes y vicepresidentes.
La votación culminó con 109 afirmativos, 111 negativos y 15 abstenciones, por lo que el artículo se cayó con el apoyo de Unión por la Patria y Hacemos, en tanto que la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR se abstuvieron. La Libertad Avanza, el PRO y el grueso de la UCR votaron para que se mantuviera ese artículo, pero no les alcanzó.
La iniciativa tanto de UP como de los bloques dialoguistas (UCR, Hacemos, Coalición Cívica e Innovación Federal) es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU.
Además de actualizar los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta establece un aumentos adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo (si existiera una recuperación del salario por encima de la inflación).
En tanto, se fijó en la redacción que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, por lo que un jubilado que cobra la mínima pasaría a cobrar 285 mil pesos.
Por último, acordaron que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados, pero no a partir de lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como había insistido Hacemos, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional (impuesto al cheque, impuesto PAIS e IVA).
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta iniciativa de síntesis tiene un costo fiscal del 0,43 % del PBI.
La Libertad Avanza y el PRO la rechazaron en la votación. El bloque oficialista había firmado en comisiones un dictamen que reproduce exactamente los términos del DNU 274, que solamente reconoce una recomposición parcial del 12,5% de los haberes y sobre esa base actualiza por la inflación.
Movilidad jubilatoria
Por Unión por la Patria, compartieron el tiempo designado al miembro informante Ricardo Herrera e Itai Hagman. Durante su intervención, el peronista riojano puso el foco en “el error de considerar a los jubilados como variables de ajuste de este modelo”.
Hagman, por su parte, señaló que en el primer cuatrimestre de este año el gasto previsional en la Argentina, comparado con el mismo periodo del año pasado, disminuyó un 28,5%».
En esta línea, indicó que la incidencia en el ajuste total del gasto primario que está haciendo este Gobierno en el mismo periodo es del 36%”.
En nombre de La Libertad Avanza, el jefe de ese bloque, Gabriel Bornoroni, responsabilizó al kirchnerismo por “quebrar el sistema previsional” y habló de “una gran hipocresía” por parte de quienes «ahora dicen que quieren ayudar a los jubilados”.
“En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repitieron jubilaciones como si fueran planes sociales”, agregó, y destacó que “la Argentina tiene que debatir qué hacer con el sistema previsional, tiene que ser una discusión madura y realista; sin populismo».
Vehemente, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) apuntó contra el oficialismo y sostuvo que “es mentira que cuando arrancaron el Gobierno el 10 de diciembre o después con la propuesta de la Ley Bases, traían una solución para resolver la inequidad que había dado la fórmula del gobierno kirchnerista con ciento de miles de jubilados”.
Martín Tetaz (UCR) dijo que la propuesta de su bloque no era “irresponsable desde el punto de vista fiscal”, sino que busca “volver al punto de partida de este Gobierno” en términos del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios.
“No le pedimos que aumente el gasto en jubilaciones sino que lo recomponga al nivel que tenía cuando él llegó”, completó.
En tanto, la diputada kirchnerista Julia Strada remarcó que desde Unión por la Patria no están dispuestos “a entregar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad” de Anses, un objetivo que le atribuyó al Gobierno.
Para el referente del espacio de Elisa Carrió, este proyecto “es un acto de estricta justicia” si bien “no es la recomposición que merecerían los jubilados”.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
