Intendentes de la mayoría de las provincias del interior del país llegarán hoy al Congreso Nacional para reclamar ante los legisladores la necesidad de que la distribución de los subsidios al transporte público sea más equitativa. La decisión se tomó semanas atrás luego de una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación que aumentó los subsidios solamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en los últimos meses, desde enero, se eliminó el Fondo Compensador del interior.

Pedirán que “de manera urgente” haya “un aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias y, así, atender a un problema que atañe al país entero mediante una distribución -más- federal de los recursos nacionales”, de acuerdo a la carta que difundieron.

La firman los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Jorge Jofré, de Formosa; Rosario Romero, de Paraná; Ulpiano Suárez, de Mendoza; Pablo Javkin, de Rosario; Marcos Castro, de Viedma; Mariano Gaido, de Neuquén; Gustavo Saadi, de Catamarca; Raúl Jorge, de Jujuy, Juan Pablo Poletti, de Santa Fe; Leonardo Stelatto, de Posadas, Rodrigo Buteler, de Cipolletti, Martín Pérez, de Río Grande, Tierra del Fuego; Othar Macaharashvili, de Comodoro Rivadavia; Eduardo Tassano, de Corrientes; Armando Molina, de La Rioja, Roy Nikisch, de Resistencia; Norma Fuentes, de Santiago del Estero; Pablo Grasso, de Río Gallegos; Emiliano Durand, de Salta capital; Francisco Azcue, de Concordia, Entre Ríos, y Damián Biss, de Rawson, Chubut.

Hay otros jefes municipales como Guillermo Montenegro (de General Pueyrredón) que prefirieron no firmar, aunque están de acuerdo con el planteo.

“Lo que Argentina no termina de resolver es una diferencia que es inaceptable que es que en el AMBA se pagan tarifas de tres a cuatro veces menores que lo que se paga en el interior”, afirmó el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

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En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el jefe comunal explicó que llevarán un proyecto a los legisladores con una forma de financiación de los subsidios que no reciben. “Nosotros hoy no vamos con un reclamo, vamos con una propuesta. Todos los argentinos pagamos el impuesto a los combustibles, cuando cargamos. Ese impuesto a los combustibles, cuando se reparte, contempla el transporte en el AMBA y cero al interior. Entonces estamos proponiendo que lo que se recauda en el interior quede para el sistema de transporte del interior”, explicó.

Javkin contó que en su ciudad, el boleto de colectivos pasará a $940 desde el 15 de junio, valor que, afirmó, aún está por debajo del costo operativo que tienen las empresas que ronde los $1240.

En la nota que difundieron al anunciar la protesta, los intendentes afirmaron que luego de la Resolución N° 4/2024 “la eliminación de los subsidios nacionales en el interior del país ha exacerbado las condiciones preexistentes, afectando gravemente a todas sus localidades”. Con esa medida, Transporte subió los subisidios para el AMBA en $148.745 millones para mayo y $160.777 millones para junio, con lo que destrabó un conflicto de las cámaras empresarias del sector con los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que pedían una recomposición salarial y amenazaban con paralizar los servicios.

El documento agrega que “la ausencia de estos subsidios ha impulsado la necesidad urgente de implementar soluciones para sostener el transporte público, mediante aportes extraordinarios municipales y provinciales, además de los aumentos de tarifas, las cuales, en el interior, triplican los valores del AMBA”.

 “El sesgado compromiso del Estado Nacional al retirar los subsidios ha creado una crisis que requiere medidas inmediatas y concretas para restaurar la funcionalidad y sostenibilidad del transporte público en el interior del país”, expresaron en otro párrafo.

“Es evidente que la eliminación de los subsidios nacionales en el interior del país ha exacerbado las condiciones preexistentes, afectando gravemente a todas sus localidades. Esta medida ha generado una notable incertidumbre y preocupación, tanto en el ámbito empresarial como en los gobiernos municipales y provinciales”, agrega el escrito. “Sumado a esta cuestión, está el hecho del aumento de la comisión que la Nación detrae a las jurisdicciones, en concepto de utilización del servicio SUBE, un incremento del 4% al 7%, sin haber registrado las devoluciones previstas”, aseguraron.

En Mar del Plata, por ejemplo, el costo del boleto mínimo es de $ 750 luego del incremento que dispuso la intendencia de la ciudad en marzo luego de recibir el aval del Concejo Deliberante. En el AMBA, en cambio, desde marzo el mínimo se mantiene en $ 270 porque en abril y en mayo desde el ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo y del que depende la Secretaría de Transporte, decidieron que la tarifa no se alterara.

Caída de los subsidios

En el primer cuatrimestre de 2024, los subsidios al transporte automotor en el AMBA cayeron un 23% respecto del mismo período de 2023, considerando la inflación, de acuerdo con el análisis realizado por Infobae de los datos provistos por la Secretaría de Transporte. Mientras que la quita de compensaciones giradas a las provincias registró una disminución del 85%.

En los primeros cuatro meses de este año, el total de subsidios transferidos a las empresas de colectivos que transitan en la zona metropolitana fue de $287.025 millones. En tanto que en el mismo período de 2023, esas empresas habían recibido $374.105 millones, en ambos casos a valores ajustados por inflación a abril pasado. Estas transferencias fueron en concepto del llamado Atributo Social, el Boleto Integrado SUBE y las Compensaciones Tarifarias, subsidios incluidos en el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).

En cambio, el resto de las provincias recibieron en el primer cuatrimestre del 2024 apenas $19.353 millones, contra $129.620 millones en el mismo período en 2023, a valores ajustados a abril de este año por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un 85% menos.

Los datos muestran una marcada desproporción entre lo que recibe el AMBA y lo que Nación le gira a los distritos del interior del país. En este primer cuatrimestre de 2024, a valores ajustados por inflación, el AMBA recibió el 94% de los subsidios totales al transporte automotor, mientras que todas las restantes provincias apenas el 6% restante. (Infobae/Dib)

Un total de cinco entidades gremiales empresarias de la provincia de Buenos Aires unificaron su rechazo al proyecto de ley de La Cámpora que pretende modificar la tasa de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia laboral y pidieron establecer una mesa de diálogo con los senadores de todos los bloques para “evitar esta modificación legislativa”.

Es que, el rechazo al proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados fue efectuado por la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Federación Económica bonaerense (FEBA), la Unión Industrial de la Provincia (UIPBA), la Confederación Económica bonaerense (CEPBA) y la Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).-

En este sentido, las entidades afirmaron que el proyecto impulsado por la diputada bonaerense de La Cámpora, Maite Alvado, para modificar la forma en que se calculan los intereses en las sentencias por juicios laborales traerá “graves consecuencias para las Pymes locales”.

Vale recordar que, el proyecto de ley modifica el artículo 48 de la legislación 11.653, en el que sustituye la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses de las indemnizaciones laborales, por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), reglamentada por el Banco Central, más una tasa pura del 6% anual, busca equiparar los montos al índice de inflación.

“El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas. Solicitamos que se evalúen el grave perjuicio para las Pymes y para la generación de empleo”, afirmaron los organismos que nuclean al sector empresarial.https://diputadosbsas.com.ar/diputados-aprobo-proyecto-indemnizaciones-laborales/embed/#?secret=rQ3aw73fYx#?secret=H4H2P7zHNr

En esa línea, las entidades exhortaron a los senadores bonaerenses que tratarán el proyecto de indemnizaciones laborales en comisiones a conformar “una mesa de diálogo urgente con el sector empresario para evitar esta modificación legislativa”. “Solicitamos se revea su tratamiento y no se avance hasta tanto se genere este espacio”, puntualizaron.-

Según precisaron desde ADIBA, FEBA, UIPBA, CEPBA y CARBAP el Coeficiente de Estabilización de Referencia “contraría la legislación vigente en cuanto a la prohibición del artículo 770 del Código Civil y también de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 (en versión ley 25561)”.

“La aplicación de la tasa de actualización prevista para las indemnizaciones laborales continúa generando un resultado desproporcionado y de significativo impacto para las empresas comprometiéndolas a su cierre y/o reducción. Entendemos que el parámetro debe ser modificado por uno que se encuentre dentro del sistema bancario y sin una actualización extra”, expresaron las entidades empresarias.

Es preciso mencionar que, el proyecto de ley de indemnizaciones laborales fue aprobado en Diputados con los votos de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, y del bloque libertario dialoguista, por lo que, de repetirse el apoyo del espacio conducido por Sergio Vargas, el oficialismo conseguiría los 24 votos necesarios en la Cámara alta para sancionarlo.

El dictamen final de comisión de la Ley Bases que salió del Senado mantiene el beneficio para las regiones que en 2021 se incorporaron al régimen de “zona fría”, por el cual cerca de la mitad de los usuarios residenciales de gas natural de la Argentina reciben un descuento de entre 30% y 50% en sus facturas finales. El eje había sido excluido en la media sanción de la Cámara de Diputados.

Este punto generaba preocupación a los gobernadores, en la previa de los nuevos aumentos de tarifas que aplicará el Gobierno desde junio. Si bien los subsidios por zona fría no surgen de un aporte del Tesoro, sino que se financian con un recargo en las facturas de todo el país, la intención de la gestión de Javier Milei era eliminar el beneficio. Según pudo reconstruir Infobae, hubo una fuerte presión de los legisladores por sostener a Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca y unas 50 localidades de Buenos Aires dentro del esquema.

El proyecto de ley del oficialismo que había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados autorizaba al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios. La norma contemplaba la exclusión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas creado por la Ley 25.567 aunque no hizo mención a la última modificación.

El dictamen que salió de la Cámara de Senadores incluyó la modificación de Ley 27.637 impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner que extendía el beneficio a más zonas del país que las originalmente previstas. Ese detalle había generado preocupación en legisladores del interior, quienes buscaron asegurar el mantenimiento de estas subvenciones.

El régimen previsto por la Ley 25.565 de Zonas Frías originalmente preveía que desde 2002 unos 800.000 usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) tengan un descuento en sus tarifas del 50% sobre lo que pagan en el precio del gas. Hace dos años el beneficio se amplió a otras zonas del país con clima frío o templado-frío y escaló a los 4,3 millones de hogares, sobre un total de 9 millones en el país. Se sumaron localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, ese subsidio no se nutre de aportes del Tesoro Nacional sino que surge de un recargo del 5,44% sobre el precio del gas (PIST) -uno de los cuatro ítems que componen la factura además de transporte, distribución e impuestos- que pagan todos los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) del país. Los aportes van al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. INFOBAE