País
Fumata negra en la Iglesia
3 de junio de 2024
Este viernes el Papa se reunió en el Vaticano con Mirosław Adamczyk, su nuncio en Buenos Aires, para intentar deshacer el nudo en la Iglesia argentina que ya ha costado la renuncia de tres obispos, el «exilio» de un sacerdote y la irrupción de católicos con pancartas de protesta en la Catedral de Mar del Plata. Francisco quiere dejar claro que no admite presiones cuando debe decidir nombramientos.
Esta rocambolesca historia comienza en julio de 2023, cuando designó al entonces arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Para sustituirle, a finales de julio nombró arzobispo a una de las nuevas estrellas de la Iglesia argentina, Gabriel Mestre, quien entonces tenía 54 años y llevaba seis al frente de otra ciudad con nombre parecido, Mar del Plata.
Las curvas comenzaron cuando Francisco buscó un sustituto para Mestre. Mientras el Papa lo elegía, el «consejo presbiterial» nombró «administrador diocesano» al número dos de Mestre, el sacerdote Luis Albóniga, personaje muy relevante en esta historia. Él gobernaría la Diócesis hasta que llegara el nuevo obispo. Era una decisión natural y de alguna forma lo señalaba como probable sucesor.
Pero el 21 de noviembre, Francisco anunció que el nuevo obispo de Mar del Plata sería José María Baliña, de 64 años y hasta entonces auxiliar de Buenos Aires. Sólo tres semanas después, el 13 de diciembre, Baliña anunció que no asumiría el cargo por motivos de salud y personales. «Hace varios meses que vengo luchando con un desprendimiento de retina, con dos operaciones y otra prevista para febrero (aparte de otras situaciones personales y familiares)», se justificó.
Aunque Albóniga aparentemente era el candidato perfecto, Francisco prefirió confiar la diócesis al claretiano Gustavo Manuel Larrazábal, que entonces tenía 62 años y ya era obispo auxiliar de San Juan de Cuyo. La toma de posesión se programó para el 20 de enero, pero tres días antes Larrazábal declinó el nombramiento.
La causa era una filtración publicada en un medio de Mar del Plata: Años antes el nuevo obispo había sido denunciado por una empleada por supuesto acoso laboral y abuso de poder cometidos entre 2007 y 2013. Aunque la denuncia no había prosperado en los tribunales y la Nunciatura calificó las acusaciones «sin fundamento», armó tanto ruido que Larrazábal prefirió no tomar posesión.
El diario «La Nación» de Buenos Aires reconduce la filtración del caso desechado por los tribunales a un sector cercano al anterior obispo Gabriel Mestre. Sus partidarios querían que el nuevo obispo fuera su mano derecha, Luis Albóniga. Y parecían decididos a plantar cara.
‘Exiliado’
Efectivamente, era una opción plausible, pero entonces Francisco prefirió encargar a un «administrador apostólico» que aclarase la situación. En enero confió esta misión a otro obispo auxiliar de Buenos Aires, el jesuita Ernesto Giobando. Y su primera decisión fue enviar a Albóniga muy lejos, a la diócesis de Jujuy, a 1.900 km, la distancia en línea recta entre Madrid y Berlín.
«La Santa Sede a través del Administrador Apostólico informa que el Pbro. Luis Albóniga fue trasladado por un tiempo a la Diócesis de Jujuy, debido a que se realizará un procedimiento canónico relacionado a esclarecer su actuación durante su tarea de administrador diocesano», se anunció a finales de enero.
La medida ha exasperado los ánimos. La prensa local sigue dando voz al «malestar» entre los fieles, y el pasado Martes Santo decenas irrumpieron en la misa crismal de Ernesto Giobando en la catedral y levantaron pancartas de apoyo al sacerdote. «Padre Luis, presente», «Queremos que vuelva el Padre Luis».
Sorprendido, el Papa Francisco convocó en el Vaticano a Gabriel Mestre, , con la idea de comprender por qué no ha intentado placar los ánimos de sus simpatizantes. Mestre dio cuenta de la conversación en una carta de este lunes. «En la Ciudad Eterna, después de confrontar algunas percepciones distintas con lo acontecido en la Diócesis de Mar del Plata desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, el Papa Francisco me pidió la renuncia a la sede platense», comunicó.
Javier Martínez- Brocal, Corresponsal en el Vaticano
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
