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Universitarios van al paro la semana que viene
29 de mayo de 2024
Los gremios universitarios -docentes y trabajadores-, que la semana pasada habían rechazado la propuesta salarial que les hizo el Gobierno nacional, definieron este martes realizar un paro nacional de 48 horas la semana que viene, luego de que en una reunión que tuvo lugar hoy el Ejecutivo no mejorara su oferta.
“Retomando el cuarto intermedio tras la reunión de la semana pasada en la que el Frente Sindical rechazó la insuficiente propuesta salarial del Gobierno, en el día de hoy se realizó una nueva paritaria con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, en la cual los representantes del Ejecutivo no realizaron ninguna propuesta salarial”, se consignó en un comunicado.
Así, el Frente Sindical Universitario definió realizar una medida de fuerza de 48 horas para los días martes 4 y miércoles 5 de junio. A su vez, mañana miércoles se reunirá el Plenario de Secretarios Generales de la Federación “para evaluar cómo continúa el plan de lucha, ya que el conflicto universitario sigue abierto”.
“No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes. La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza. #SomosLaUniversidadPública”, concluye el comunicado publicado anoche los gremios.
En tren de negociaciones, el lunes el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, recibió a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales. En ese encuentro, el Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la Universidad de Buenos Aires. Hoy martes era el turno de los trabajadores. (DIB)
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Las ventas minoristas pyme caen 3,2% interanual en abril
| La actividad minorista pyme registró en abril una contracción interanual del 3,2% a valores constantes. La evolución mensual evidenció una merma del 1,3%, consolidando una retracción acumulada del 3,5% durante el primer cuatrimestre del año. En cuanto al estado de los comercios, el 53,3% de los propietarios reportó estabilidad respecto al año anterior, cifra que representa un incremento de 2,5 p.p. sobre los valores de marzo. Este desplazamiento se origina en la disminución del segmento con percepción desfavorable, que se situó en el 39,6% frente al 42,2% del período previo.  Para el 49% de los encuestados (+1 p.p. vs marzo) la situación de cara a los próximos 12 meses se mantendrá en las mismas condiciones, mientras que el 37,2% aguarda una mejora (-2,5 p.p. mensual) y el 13,8% proyecta un retroceso. Sobre la disposición a invertir, el 58,7% considera que el contexto no es propicio para desembolsos, frente a un 12,6% que lo percibe de forma oportuna y un 28,7% sin definición.  El análisis por rubros ratificó la tendencia descendente con seis de los siete sectores en terreno negativo. Los retrocesos se localizaron principalmente en Bazar y decoración (-12,3%), Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%). El segmento de Farmacia constituyó la única excepción, con una variación positiva del 6,1%. El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad. Durante abril, se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 8% y una suba intermensual desestacionalizada del 0,7%. Sin embargo, ese desempeño no logró compensar la contracción observada en el índice general de las ventas minoristas de CAME.  El período cerró con una contracción mensual del 1,3%, profundizando el retroceso acumulado del 3,5% en lo que va del año. La actividad se orientó hacia rubros esenciales y de recambio estacional, bajo un comportamiento de compra marcado por la búsqueda de financiamiento y bonificaciones. El incremento en las erogaciones operativas y los servicios básicos limitó la capacidad de maniobra y la rentabilidad de los establecimientos pyme.En términos prospectivos, el 37,2% de los comerciantes prevé una evolución favorable para el próximo año. Sin embargo, la mayor parte de los encuestados (58,7%) posterga proyectos de inversión dada la inestabilidad en los valores de reposición y el bajo volumen de demanda interna. La recuperación del sector queda supeditada a la recomposición del ingreso real y a la normalización de la estructura de gastos fijos. |
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Prefectura controla 200 buques extranjeros en mar Argentino
La Prefectura Naval Argentina tras el paso de un fuerte temporal en el Atlántico Sur, coordina un estricto operativo de monitoreo sobre los buques pesqueros extranjeros que habían ingresado a aguas nacionales en busca de refugio.
Con la mejora de las condiciones meteorológicas en la región, las unidades iniciaron un abandono gradual de la Zona Económica Exclusiva (ZEEA) para retomar su navegación hacia las áreas de operación habituales en el mar, siempre bajo la mirada de la Autoridad Marítima nacional.
La Institución mantiene un seguimiento exhaustivo mediante el Sistema Guardacostas, una plataforma que procesa datos de identificación automática y posicionamiento que bajo el sistema AIS puede verificar, en tiempo real, las derrotas, velocidades y permanencia de cada embarcación.
Este control se complementa con el uso de imágenes satelitales de Radar de Apertura Sintética (SAR) provistas por la CONAE, tecnología que permite detectar la ubicación física de los buques incluso ante la nula visibilidad o condiciones climáticas adversas, blindando así la fiscalización de los espacios marítimos.
El despliegue incluyó además un patrullaje de largo alcance con el avión PA-22, que despegó desde Comodoro Rivadavia para sobrevolar el área de resguardo. Equipado con sensores especializados, el personal de la Fuerza pudo constatar de forma visual y electrónica que el contingente, integrado por 193 embarcaciones, incluyendo pesqueros y un buque frigorífico, se encuentra abandonando el área de jurisdicción nacional en condiciones seguras.
La flota monitoreada pertenece a una amplia variedad de banderas, destacándose unidades de China, Corea del Sur, Rusia, España, Vanuatu, Tanzania, Kenia y Liberia.
Con este operativo, que combina medios aéreos, vigilancia satelital y tecnología de posicionamiento, la Prefectura reafirma su compromiso con la soberanía marítima, la protección de los recursos naturales y la seguridad de la navegación en el Atlántico Sur.
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Aeronáuticos ratifican ante la OIT las denuncias contra Milei
Cuatro sindicatos del sector aeronáutico ratificaron y ampliaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las denuncias contra el Gobierno por “violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales”.
Los gremios que hicieron las presentaciones fueron la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Pablo Biró (APLA), Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano (APA), reafirmaron su “compromiso inquebrantable” con la protección del derecho de huelga, reconocido como “una herramienta esencial de los trabajadores para defender sus derechos laborales, salariales y convencionales”.
Al respecto, Brey destacó el trabajo conjunto realizado desde el sector aeronáutico en la defensa de las condiciones laborales y de los derechos de todos los trabajadores del sector. En este sentido, afirmó que “sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena” y que sin esta libertad “no es posible garantizar un trabajo digno”.
Además, repudió cualquier intento de utilizar la declaración de esencialidad, contenida en la Ley de Reforma Laboral, como “un mecanismo para restringir o limitar el ejercicio legítimo de la acción sindical”.
Y añadió: “La seguridad operacional y la prestación de servicios públicos no pueden ser justificativos para ignorar derechos fundamentales establecidos en la normativa nacional e internacional”.
