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Bullrich rastrea las redes sociales con IA para evitar el ciberdelito
28 de mayo de 2024
El ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, emitió la resolución 428/2024, que establece un protocolo para que las fuerzas de seguridad federales realicen labores “preventivas” en el ciberespacio utilizando fuentes digitales abiertas y de acceso público.
La resolución se fundamenta en un amplio espectro de leyes nacionales e internacionales. Entre ellas, las que mencionan la responsabilidad de desarrollar políticas y programas para la prevención del delito. Bullrich se apoya en la ley N°26.388 de delitos informáticos y el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa.
El artículo 5° dice que “el uso de software o cualquier dispositivo o herramienta tecnológica de tratamiento de la información automatizada basada en inteligencia artificial, aprendizaje automático, sistema experto, redes neuronales, aprendizaje profundo o cualquier otra que en el futuro se desarrolle se ajustará a las estrictas necesidades de la actividad regulada en este protocolo. Su uso deberá ser supervisado por el Ministerio de Seguridad”.
Destaca además que las actividades preventivas «deberán ajustarse a las facultades dispuestas por la Constitución Nacional, Pactos Internacionales de Derechos Humanos, leyes nacionales y sus reglamentaciones, leyes y decretos orgánicos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y sus normas reglamentarias y complementarias».
Asimismo, remarca que deben utilizarse «fuentes digitales abiertas», indica que «la judicialización de las conductas prevenidas requerirá de un análisis en función de las características comunicacionales propias del medio en que se realizan y del presunto infractor» y pone de manifiesto que «se excluirán de la lista para su presunta judicialización aquellas conductas susceptibles de ser consideradas regulares, usuales o inherentes al uso de Internet y que no evidencien la intención de transgredir alguna norma».
También estipula que «la utilización de un ‘agente revelador’ deberá contar con autorización judicial y ajustarse a las pautas de la ley 27.319, sus ampliaciones y modificaciones”.
Según la resolución 428/2024, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales tienen el mandato de realizar labores preventivas exclusivamente mediante el uso de fuentes digitales abiertas. Esto implica que las investigaciones se llevarán a cabo en sitios web de acceso público, respetando estrictamente la ley de protección de datos personales, N°25.326.
La norma detalla que las fuerzas deberán enfocarse en una amplia gama de delitos, incluyendo amenazas, fraudes, abuso infantil, lavado de dinero, terrorismo y trata de personas.
Una de las preocupaciones centrales de esta normativa es el respeto a la privacidad de los ciudadanos. Según la resolución, se prohíbe expresamente el tratamiento de datos sensibles sin autorización judicial y establece que la información obtenida debe ser destruida si no se judicializa.
Además, asegura que el ciberpatrullaje no interferirá con la libertad de expresión garantizada constitucionalmente. La norma también enfatiza la prohibición de métodos invasivos o violatorios de la dignidad humana para la obtención de información.
El uso de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y sistemas de aprendizaje automático, está contemplado en la resolución, pero bajo estricta supervisión del Ministerio de Seguridad.
La resolución ordena a las fuerzas de seguridad federales a adecuar sus procedimientos a estas directrices y a remitir informes mensuales sobre las actividades realizadas. El Ministerio de Seguridad establecerá lineamientos y prioridades estratégicas basadas en estadísticas y denuncias ciudadanas para guiar las tareas preventivas.
El artículo 4º de la resolución destaca que «se encuentra prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política», así como «emplear métodos ilegales, prohibidos, invasivos y violatorios de la dignidad de las personas para la obtención de información» y «comunicar o publicitar información que viole los principios descriptos en el artículo anterior, como así también incorporar datos o información falsos”.
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Banco Nación lanza una promoción especial de Reyes Magos
Con el slogan “Llegan los Reyes con una promo mágica”, el Banco Nación lanza una campaña especial, diseñada para ofrecer descuentos y beneficios exclusivos a los clientes en todo el país.
Desde el viernes 3 al domingo 5 de enero, la entidad ofrece un 30% de descuento sin tope de reintegro y 12 cuotas sin interés con MODO BNA+ y las tarjetas Visa y Mastercard en jugueterías adheridas.
La promoción bonifica además un 10% para aquellos usuarios que cobren su sueldo en el Banco, con un tope de $10.000 por cliente, durante la vigencia del beneficio de la promoción. Consultá la lista y el mapa de comercios adheridos en: https://semananacion.com.ar/semananacion/reyesmagos
De esta manera, el Banco Nación apoya a la industria del juguete en una de las fechas más importantes para el sector, que según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete representa el 30% de sus ventas anuales.
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Nación oficializó la disolución de la Administración General de Puertos
El gobierno nacional oficializó este viernes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y anunció la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo que asumirá las funciones de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, área administrativa encargada de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal.
El vocero presidencial Manuel Adorni realizó el anuncio en su cuenta de X. En un post precisó que la cúpula de la compañía en funciones "será completamente removida".
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“Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios. La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos. Se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios. La cúpula directiva de la AGP será completamente removida. En 2025 seguimos adelante con la reducción del gasto público. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, detalló Adorni en X.
La Administración General de Puertos fue creada en 1956 y se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. La eliminación de la empresa estatal es la segunda que aplica el gobierno de Javier Milei, luego de que disuelva Trenes Argentinos Capital Humano en octubre pasado.
El jefe de Gabinete del gobierno nacional, Guillermo Francos, anunció hace poco más de un mes el llamado a licitación para la concesión del servicio de dragado y balizamiento en la hidrovía. El Poder Ejecutivo busca concesionar la gestión de la vía navegable por 30 años, con posibilidad de prórroga por otras tres décadas.
El proceso está abierto tanto a empresas nacionales como internacionales y el gobierno no descarta una eventual prórroga de tiempo si fuera necesaria. El futuro concesionario deberá cumplir el plan de obras establecido en los pliegos de la licitación y el nuevo contrato, que determina las etapas de obras prioritarias que se deberán realizar en los primeros cinco años de la concesión.
La licitación prevé lograr una profundización de 39 pies en el tramo Timbúes-Océano, así como nuevas zonas de fondeo y sobrepaso. El proyecto abre la posibilidad de llevar el calado hasta los 42 pies, pero eso lo deberá definir el concesionario mediante los estudios de factibilidad.
En el nuevo pliego no se establecerían cambios en el sistema de peajes, por lo que se mantienen las secciones y subsecciones actuales. Con un tránsito anual de aproximadamente 4.000 barcos y 79 puertos involucrados, la hidrovía canaliza el 80% de las exportaciones argentinas.
Luego de tres décadas en las que los belgas de la empresa Jan De Nul administraron la operación la principal vía navegable interior del país, en 2021 terminó la concesión y la Administración General de Puertos (AGP) tomó a su cargo esa tarea, rodeada por una serie de organismos de control creados también para dar participación a usuarios y provincias.
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Camioneros logró un bono de $600 mil y un aumento de 5,5%
El gremio de camioneros logró un bono de $600 mil, en cuatro cuotas, y un aumento del 5,5 % para los próximos tres meses. El acuerdo está algo lejos del 15 % que buscaba el gremio que conduce Hugo Moyano pero el ministerio de Trabajo de la Nación intervino para bajar esas expectativas y marcar así una referencia para el resto de los sindicatos.
Si bien el acuerdo todavía no fue homologado, trascendió que Camioneros firmará una paritaria de 2,2 % con los sueldos de diciembre, 1,8 % con los haberes de enero y de 1,5 % con los de febrero.
La paritaria de Camioneros se venía negociando desde diciembre con reuniones entre autoridades del gobierno, las empresas y el gremio. A pesar de la amenaza concreta de medidas de fuerza, la Casa Rosada ratificó que no iba a avalar acuerdos salariales por encima del 1% mensual, en línea con los estándares de inflación que prevé para este año.
Si bien inicialmente había pedido tres subas del 5 % mensual en diciembre, enero y febrero, el gremio de Moyano estaba negociando con su contraparte empresaria un incremento escalonado de entre 7 % y 8 % para ese trimestre.
Un grupo importante de paritarias, como los casos de Camioneros, los mecánicos de Smata, trabajadores de la UOM, la industria del cuero y de Sanidad (convenio con clínicas y sanatorios) convinieron incrementos que acumulados en 2024 se ubicaron en línea con la evolución del IPC.
