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Bullrich rastrea las redes sociales con IA para evitar el ciberdelito
28 de mayo de 2024
El ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, emitió la resolución 428/2024, que establece un protocolo para que las fuerzas de seguridad federales realicen labores “preventivas” en el ciberespacio utilizando fuentes digitales abiertas y de acceso público.
La resolución se fundamenta en un amplio espectro de leyes nacionales e internacionales. Entre ellas, las que mencionan la responsabilidad de desarrollar políticas y programas para la prevención del delito. Bullrich se apoya en la ley N°26.388 de delitos informáticos y el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa.
El artículo 5° dice que “el uso de software o cualquier dispositivo o herramienta tecnológica de tratamiento de la información automatizada basada en inteligencia artificial, aprendizaje automático, sistema experto, redes neuronales, aprendizaje profundo o cualquier otra que en el futuro se desarrolle se ajustará a las estrictas necesidades de la actividad regulada en este protocolo. Su uso deberá ser supervisado por el Ministerio de Seguridad”.
Destaca además que las actividades preventivas «deberán ajustarse a las facultades dispuestas por la Constitución Nacional, Pactos Internacionales de Derechos Humanos, leyes nacionales y sus reglamentaciones, leyes y decretos orgánicos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y sus normas reglamentarias y complementarias».
Asimismo, remarca que deben utilizarse «fuentes digitales abiertas», indica que «la judicialización de las conductas prevenidas requerirá de un análisis en función de las características comunicacionales propias del medio en que se realizan y del presunto infractor» y pone de manifiesto que «se excluirán de la lista para su presunta judicialización aquellas conductas susceptibles de ser consideradas regulares, usuales o inherentes al uso de Internet y que no evidencien la intención de transgredir alguna norma».
También estipula que «la utilización de un ‘agente revelador’ deberá contar con autorización judicial y ajustarse a las pautas de la ley 27.319, sus ampliaciones y modificaciones”.
Según la resolución 428/2024, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales tienen el mandato de realizar labores preventivas exclusivamente mediante el uso de fuentes digitales abiertas. Esto implica que las investigaciones se llevarán a cabo en sitios web de acceso público, respetando estrictamente la ley de protección de datos personales, N°25.326.
La norma detalla que las fuerzas deberán enfocarse en una amplia gama de delitos, incluyendo amenazas, fraudes, abuso infantil, lavado de dinero, terrorismo y trata de personas.
Una de las preocupaciones centrales de esta normativa es el respeto a la privacidad de los ciudadanos. Según la resolución, se prohíbe expresamente el tratamiento de datos sensibles sin autorización judicial y establece que la información obtenida debe ser destruida si no se judicializa.
Además, asegura que el ciberpatrullaje no interferirá con la libertad de expresión garantizada constitucionalmente. La norma también enfatiza la prohibición de métodos invasivos o violatorios de la dignidad humana para la obtención de información.
El uso de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y sistemas de aprendizaje automático, está contemplado en la resolución, pero bajo estricta supervisión del Ministerio de Seguridad.
La resolución ordena a las fuerzas de seguridad federales a adecuar sus procedimientos a estas directrices y a remitir informes mensuales sobre las actividades realizadas. El Ministerio de Seguridad establecerá lineamientos y prioridades estratégicas basadas en estadísticas y denuncias ciudadanas para guiar las tareas preventivas.
El artículo 4º de la resolución destaca que «se encuentra prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política», así como «emplear métodos ilegales, prohibidos, invasivos y violatorios de la dignidad de las personas para la obtención de información» y «comunicar o publicitar información que viole los principios descriptos en el artículo anterior, como así también incorporar datos o información falsos”.
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Trigo a granel rumbo a China
El primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China zarpó desde la provincia de Santa Fe, marcando un hito en la relación con el país asiático.
Este despacho marca la apertura de un nuevo flujo comercial y consolida a China como un mercado esencial para los granos argentinos, supo la Agencia Noticias Argentinas.
La carga se llevó a cabo en la terminal portuaria de Cofco International en Timbúes, donde el buque MV Shandong Fu Yi inició el proceso para transportar 65.000 toneladas de trigo hacia el país asiático.
El evento contó con la presencia del embajador de China en Argentina, Wang Wei, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, subrayando la relevancia diplomática y productiva del acuerdo.
El ministro Puccini destacó la oportunidad que representa esta exportación, que coincide con "muy buenas cosechas que hemos tenido en la Argentina, principalmente en nuestra región núcleo", lo que permite "estrechar los lazos con la República Popular China" y "pensar también en nuevos desafíos".
Por su parte, Alfonso Romero, director ejecutivo de Cofco International en Argentina, resaltó la "sinergia natural enorme" entre ambas naciones.
"China es uno de los mayores mercados de alimentos del mundo, Argentina es un neto exportador de alimentos... hay una sinergia no solo en granos y oleaginosas, sino en otros productos como frutas, pesca, vino, carne y creo que hay mucho para desarrollar entre estos países hermanos", afirmó Romero.
El gobernador Pullaro, en tanto, enfatizó que la complementariedad con el mercado chino es una base fundamental para profundizar las estrategias comerciales de la provincia, impulsar el perfil productivo e industrial de Santa Fe y generar empleo local. #AgenciaNA
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
