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NAFTA: POLÉMICA POR LA TASA
2 de mayo de 2024
El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó hoy contra los intendentes que cobran más cara la nafta por la aplicación de un impuesto en sus municipios y aseguró que el Gobierno “evalúa todas las alternativas para que esto deje de ocurrir, y no pase este abuso donde tienen cautiva a la gente”.
“Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible; estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase, en un abuso que hay, que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa.
Ante la caída de los ingresos por la crisis y el ajuste público implementado desde Casa Rosada, varios jefes comunales del conurbano bonaerense decidieron implementar una serie de tasas e impuestos para equilibrar sus cuentas.
Si bien, las palabras del portavoz de gobierno apuntan a lo que acontece en Buenos Aires, cabe señalar que en esta ciudad se aplica este impuesto al combustible.
FONDO ESPECÍFICO
En este sentido el senador provincial Alejandro Rabinovich defendió la iniciativa del Ejecutivo y planteó que no fue “una creación”. Explicó que, por el contrario, la Municipalidad de General Pueyrredon retiró un componente de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y lo trasladó a la tarifa del combustible.
En diálogo con radio Brisas, Rabinovich “indicó que es un fondo específico” y que sus resultados “se los ve hoy por la avenida Independencia, donde están las maquinitas trabajando”.
“Se retiró un componente de la TSU del mantenimiento de calles y asfalto y se lo trasladó a una que se aplica en la carga de combustible con un monto de afectación específica para las obras viales. No sé cómo se manejan en otras ciudades ni quiero entrar en el debate”, aseguró, en referencia a las declaraciones brindadas este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni.
Rabinovich consideró también que “hay muchos municipios donde aumentaron 200 o 300% las tasas y crearon nuevas para gastos corrientes. Acá hay un fondo de afectación específica que se retiró de la TSU y se lo puso como tasa de consolidación urbana para asfaltar y hoy las máquinas hacen ese trabajo. No se pede usar esa plata para pagar salarios”, enfatizó.
“El tema es ver qué función está teniendo el tributo, para saber si es para obras o para ver cómo se pagan salarios o se aumenta la planta municipal. Es un fondo de afectación como el de Promoción Turística”, añadió.
En ese marco, insistió en que “12 o 13 millones de personas utilizan las redes viales, cargan combustible y hacen uso del asfalto. ¿Es lógico que eso vaya a las personas que se mueven a pie? Entendemos que ahí está la diferencia. No fue una creación, sino que se desdoblaron los componentes, es distinto a otros casos”.
“Entiendo la posición de Adorni, pero nosotros, como dice el intendente, tenemos menos personal que cuando ingresamos en 2019. Si el Gobierno Nacional quiere utilizar un sistema para ver en qué se usa, podría lograrlo a través de una medida judicial. Ya tuvimos una en febrero y dimos una respuesta”, finalizó.
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El Gobierno tildó de ‘político’ el paro universitario
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó este lunes la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, para el próximo 1.° de septiembre, y de esa forma le respondió a los sindicatos que anunciaron un paro para el este miércoles 12 de agosto.
En un comunicado, al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, la cartera que lidera Sandra Pettovello calificó la protesta como de "carácter político".
También, en medio de cuestionamientos sindicales por la falta discusión salarial, señaló que la reunión paritaria fue pactada "conforme al cronograma oportunamente establecido" y remarcó el accionar del área educativa estatal.
"A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia", subrayaron desde el Ministerio.
En ese sentido, el Ejecutivo cuestionó con dureza la medida de fuerza ratificada por los sindicatos docentes y no docentes para el 12 de agosto.
"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", concluyó el texto oficial.
La medida de este miércoles fue confirmada por distintas organizaciones gremiales el jueves pasado y se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, el pago de una deuda que los gremios estiman en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir a la medida, mientras que Conadu Histórica anunció además una nueva jornada de protesta de mayor duración. Según anticipó el gremio, también realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.
Las organizaciones sindicales también reclaman el envío de fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades y cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% contemplado para ese concepto.
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Universidades: el Gobiernio busca destrabar conflicto salarial
Docentes y no docentes de las universidades nacionales paralizarán las actividades este miércoles 12 de agosto. El Ejecutivo confirmó una reunión salarial para el 1° de septiembre y cuestionó la protesta. Los sindicatos reclaman recomposición de ingresos, fondos para el funcionamiento del sistema y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas tendrá un nuevo capítulo este miércoles 12 de agosto, cuando docentes y trabajadores no docentes realicen un paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo.
La medida fue ratificada por las organizaciones gremiales pese a que el Ministerio de Capital Humano confirmó que la próxima reunión paritaria se realizará el 1° de septiembre.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello cuestionaron la huelga y aseguraron que la convocatoria salarial forma parte del cronograma establecido previamente.
El Gobierno sostuvo además que la Subsecretaría de Políticas Universitarias actuó de acuerdo con la normativa vigente y las decisiones judiciales, y calificó el paro como una medida de “carácter político”.
Los sindicatos rechazan esa interpretación y aseguran que permanecen pendientes reclamos salariales y presupuestarios que justifican la continuidad del plan de lucha.
Los gremios hablan de una deuda salarial del 28,5%
Uno de los principales puntos del conflicto es la recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.
Las organizaciones universitarias estiman que existe una deuda salarial acumulada del 28,5% hasta junio y reclaman que ese porcentaje sea incorporado a los salarios.
También exigen el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio y los recursos previstos para los hospitales universitarios.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales venía reclamando desde julio una convocatoria urgente a negociación paritaria ante el deterioro salarial.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La discusión tiene como uno de sus principales antecedentes la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso en 2025.
La norma tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del sistema universitario público y establece mecanismos para actualizar las partidas presupuestarias y recuperar los ingresos de los trabajadores del sector.
El conflicto por su implementación llegó a la Justicia y durante junio la Corte Suprema dejó vigente una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar distintos aspectos de la ley mientras continúa la discusión judicial de fondo.
Ese antecedente es uno de los argumentos utilizados por los gremios para reclamar una actualización mayor de los salarios y las partidas universitarias.
El Gobierno, en cambio, sostiene que viene cumpliendo las obligaciones establecidas y que no existe un incumplimiento que justifique la medida de fuerza.
El antecedente del aumento otorgado en junio
En junio, luego de varios meses de conflicto, el Gobierno había dispuesto una recomposición para el sector universitario.
El esquema contempló un aumento salarial del 24,33%, compuesto por una actualización del 21,33% y otro incremento posterior del 3%.
También se anunció una actualización del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos adicionales destinados a hospitales universitarios.
Las organizaciones gremiales consideraron que las medidas resultaban insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada y mantuvieron el reclamo por la aplicación completa de la ley.
Ese desacuerdo es el que ahora vuelve a expresarse con el paro nacional del miércoles.
Docentes y no docentes paralizan las universidades
La medida tendrá alcance nacional y comprende tanto al personal docente como al no docente.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió realizar el paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.
Por su parte, la CONADU Histórica profundizará el plan de lucha: además de adherir a la protesta del 12 de agosto, convocó a un paro nacional entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.
La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y una recomposición de los ingresos.
Las organizaciones sindicales también comenzaron a plantear la posibilidad de avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria si el conflicto no encuentra una salida.
La discusión continuará en septiembre
Con posiciones todavía enfrentadas, la próxima instancia formal será la reunión paritaria convocada para el 1° de septiembre.
El Gobierno considera que esa convocatoria demuestra que el proceso de negociación permanece abierto y sostiene que el paro del miércoles no responde a un incumplimiento de su parte.
Los sindicatos, en cambio, señalan que esperar hasta septiembre prolongaría una pérdida salarial que consideran pendiente y reclaman respuestas inmediatas.
Así, a dos días de la nueva medida de fuerza, el paro universitario continúa firme y la confirmación de la paritaria no logró desactivar el conflicto
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Inflación de julio será apenas una décima por arriba de junio
En el Gobierno esperan que la inflación de julio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se conocerá el próximo jueves, se ubique cuando mucho apenas una décima por arriba de la de junio, en un nivel mucho menor al último dato de la ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,9%.
Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difunde por el Banco Central y que concentra proyecciones de proyecciones de 33 economistas y 13 bancos, el próximo IPC será de entre 1,9% y 2%, casi en línea con 1,9% del mes anterior.
El REM destaca que la inflación a nivel nacional seguirá en baja, en octubre y noviembre 1,6%, y una suba a 1,8% en diciembre, que habitualmente es un mes inflacionario.
Desde el BCRA destacaron que, según sus cálculos, no hubo aumento de la inflación, porque miden la subyacente, que quita componentes como alquileres y frutas, que son volátiles.
Ese indicador excluye la variación de precios estacionales, promedió un aumento mensual de 2,1% en el trimestre y llegó a 1,6% en junio, un registro comparable con los valores observados en 2017.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijo en conferencia de prensa que “esta evolución confirma que la reducción de la inflación no se debe solo a factores transitorios, sino que responde a un proceso difundido atribuible a los determinantes profundos del régimen macroeconómico”.
Hay muchas expectativas por la difusión del próximo IPC nacional, teniendo en cuenta el salto de la inflación en CABA, que dio 2,9% en julio, como informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, contra el 1,8% de junio en el distrito porteño.
Según ese índice los rubros que más subieron en la ciudad de Buenos Aires durante el mes pasado fueron Recreación y cultura, con un alza de 5,8%; seguido por Restaurantes y hoteles, con 5,3%; y Transporte, que subió 3,1%.
El avance de los dos primeros rubros se debe principalmente a factores estacionales, en coincidencia con las vacaciones de invierno. Mientras que el segundo se explica por los aumentos en transporte público, como el aumento del boleto de las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad, cuyas tarifas escalaron 3,9%. Sumado a los ajustes en los pasajes de avión.
Entre las variables que incidirían en un leve aumento de la inflación de julio a nivel nacional están el impacto de las vacaciones de invierno, que generan remarcaciones de precios en turismo, en recreación.
Esto se suma a cierto traslado del aumento del dólar, por la suba de $100 entre fines de junio y principios de julio, algo habitual en las vacaciones de invierno. ( TN)

