País
Postergan aumentos
30 de abril de 2024
El Gobierno definió que no se aplicarán los nuevos incrementos en las boletas de luz y gas que estaban previstos para mayo. Se busca consolidar la baja de la inflación.
Se trata de la postergación de los mecanismos de indexación mensual que había definido la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo, para evitar un retraso en términos reales de los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas. Los mismo sucederá con la actualización del impuesto a los combustibles (ICL), con un impacto del 8% que se evaluaba dividir en dos tramos tal como había adelantado este medio, pero ahora no se hará efectiva.
En el caso de las tarifas de energía, el Enre y el Enargas aún no publicaron los cuadros tarifarios correspondientes al mes que inicia este miércoles. Fuentes oficiales comentaron a este medio que se evalúa la magnitud de las subas y cómo pueden aplicarse, tras los fuertes aumentos del 200% en electricidad y mayores al 300% en gas a los que se sumaron el agua (209%) además el transporte público (410%) durante el primer cuatrimestre. “Se va a hacer, solo que puede demorarse un poco”, comentaron desde la Secretaría de Energía a La Gazeta.
En el sector fueron informados de cuál es lo que les corresponde aumentar, en base a las fórmulas polinómicas que se definieron tras las últimas actualizaciones de tarifas: serían 10,7% para las distribuidoras de electricidad, 12,5% para las de gas y 12% para el transporte de gas. El ministro de Economía, Luis Caputo, es quien tendrá la última palabra a la hora de aplicar las subas. Las empresas involucradas -Transener, Transba, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, etcétera- esperaban un traslado en torno al 5% en las facturas finales.
Fuentes del sector señalaron a Infobae que la suspensión de esta fórmula es “una mala señal” y que podría poner en riesgo la cadena de pagos nuevamente, tal como había sucedido con el congelamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Sucede que transportistas y distribuidoras deben pagar a Cammesa por la energía que le compra a las generadoras. Desde mayo se esperaba que esa “bicicleta” comenzar a rodar, normalización que ahora peligra.
En ese marco, las generadoras le reclaman a Cammesa unos USD 2.000 millones adeudados en lo que va del año. En el Ministerio de Economía dicen que la deuda consolidada es de $500 millones y que debieron hacerse cargo de los pagos correspondientes a octubre y noviembre del Gobierno anterior.
No es la primera vez que el equipo económico del Gobierno toma una definición de postergar subas para no aliviar el efecto en la inflación. La quita de subsidios que se iba realizar a principio de año solo se aplicó en usuarios de altos ingresos, industrias y comercios. Por caso, 2 de cada 3 usuarios residenciales pagan menos del 10% del costo de la electricidad y la Canasta Básica Energética (CBE) recién se pondría en marcha en junio. Las subas del gas previstas para febrero recién se dieron en abril. En tanto, el boleto de colectivos del AMBA por ahora no aumentará en mayo, como estaba previsto, y habrá más subsidios a las empresas.
En el caso de la energía, las distribuidoras también esperaban que se publicara antes de que termine abril en el Boletín oficial los nuevos precios estacionales de la electricidad. Tampoco hubo noticias y, según pudo saber este medio, no las habrá en el corto plazo.
Allí debía definirse si subiría lo que pagan del costo de la electricidad los usuarios residenciales de ingresos bajos (N2) y medios (N3) (que cubren menos del 10%) o si eso sería cubierto por más subas en N1, comercios e industrias.
Hacia adelante, se sumarán más factores de presión sobre las tarifas. En el Gobierno saben que no pueden pisar indefinidamente los pagos por subsidios, más allá de que es una de las principales partidas a recortar para consolidar el superávit fiscal en 2024. Por ahora la quita de subvenciones a la luz y el gas no avanza como tenía previsto el secretario Chirillo.
Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio. En los próximos días se publicarán los detalles en el Boletín Oficial. Si todo se mantiene igual, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% del costo real de la energía consumida.
La demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.
País
Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
País
Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
País
Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
