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Revelan que la indigencia infantil aumentó un 14,3% durante 2023
12 de marzo de 2024
Según Unicef Argentina, hay 630 mil chicos más que viven en hogares que no cubren la canasta básica de alimentos sin contar el transcurso de este 202412 de marzo 2024·18:10hs
Unicef Argentina reveló que la indigencia en niñas y niños aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023, lo que equivale a 1,8 millones de chicas y chicos, 250 mil más en comparación a 2022, según un informe elaborado. De acuerdo con estimaciones del organismo, el escenario se habría agudizado hacia finales del año pasado hasta alcanzar al 19,4% de la población infantil. Son 630 mil chicas y chicos más que viven en hogares que no cubren la canasta básica de alimentos sin contar el transcurso de este 2024.
En tanto, la pobreza monetaria afecta al 57,0% de niñas y niños, lo que equivale a 7,1 millones de chicas y chicos. Algunos de ellos se encuentran incluso en situaciones de mayor vulnerabilidad: la pobreza se eleva cuando los referentes del hogar tienen muy bajo clima educativo (83%), en los casos de hogares monomarentales (68%) o cuando residen en barrios populares (84%).
En este contexto, el presupuesto nacional destinado a niñez muestra, al día de hoy, una caída del 75% en términos reales, según tres nuevos informes de Unicef basados en cifras oficiales que abordan la pobreza monetaria y las privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños; el presupuesto destinado a la infancia; y la suficiencia de las políticas de protección de ingresos.
«El presupuesto constituye una herramienta clave para aportar elementos desde la política fiscal que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”, explicó en videoconferencia Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina al presentar los informes enmarcados en los monitoreos sobre la situación de la niñez y la adolescencia que realiza la organización de forma continua desde 2016.
En ese sentido, señaló: “Con esta información, buscamos contribuir a la toma de decisiones de los gobiernos, en cumplimiento con los planes de trabajo acordados con el Estado nacional, y a partir del mandato establecido en la Convención de los Derechos del Niño».
La implementación de políticas nacionales claves para la infancia presenta signos de alerta en lo que va de 2024. Por un lado, se registra un número importante de iniciativas que muestran niveles de ejecución nulos o casi nulos (fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, Plan Nacional de Primera Infancia, entre otros).
Por el otro, la Asignación Universal por Hijo –AUH- y la Prestación Alimentar muestran niveles de ejecución elevados para el momento del año debido a que los montos previstos en el presupuesto actual –prorrogado de 2023- no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año.
Las políticas de protección de ingresos resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza: sin estos programas alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de 1 millón pasarían a ser indigentes.
“De mantenerse las tendencias actuales, la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70%, mientras que la indigencia llegaría al 34%, con repercusiones en el bienestar actual y de largo plazo”, sostuvo Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina.
“En un contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza infantil, es importante sostener las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares. Si bien hubo señales positivas en este sentido, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones”, subrayó.
Los aumentos establecidos a principios del año del 100% en los montos de la AUH y la Prestación Alimentar contribuyeron a mitigar el impacto de los incrementos de precios en los hogares en situación de pobreza. Sin embargo, durante los últimos años, la capacidad de compra de ambas prestaciones evidencia una significativa caída.
En la actualidad, la AUH representa el 45% de la Canasta Básica Alimentaria y el 21% de la Canasta Básica Total, y la Tarjeta Alimentar enfrenta una situación similar. Los informes presentados este martes mencionan la necesidad de un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que integre la variación de precios y replantee el esquema de las condicionalidades vigente para acceder a estos programas.
Los análisis publicados hoy forman parte de una serie de informes generados por Unicef: en los últimos siete años, presentó a las autoridades nacionales, provinciales, locales y al público en general, siete análisis sobre los niveles y determinantes de la pobreza infantil en Argentina; cinco documentos sobre la inversión social dirigida a la infancia realizada por el Estado argentino y cinco informes de análisis del presupuesto nacional con foco en niños, niñas y adolescentes para el debate parlamentario; cuatro estudios sobre las políticas de protección de ingresos a los hogares con niños con foco en la cobertura y suficiencia de estas políticas; siete encuestas rápidas sobre las condiciones de vida de niñas y niños, entre otros esfuerzos de generación de evidencia robusta y representativa
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Buscan suspender embargos e iniciar una moratoria para pymes
La comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, logró este martes un dictamen unificado para impulsar políticas de alivio fiscal, reactivación y protección a mipymes, con firmas de diputados de Provincias Unidas, Unión por la Patria, Movimiento de Integración y Desarrollo, Unión Cívica Radical y Pro.
El proyecto de ley contempla a las mipymes con certificado vigente, suspende juicios por un año y limita embargos, establece un régimen de regularización tributaria y crea la Ventanilla Única Pyme y el Legajo Único Financiero.
Sobre el proyecto, el santafesino Pablo Farías (PU), expresó que "se ha tratado de tener un dictamen comprensivo de los distintos proyectos, siempre buscando un consenso lo más amplio posible porque creemos que la situación apremiante que están atravesando las empresas, que se vio reflejada en los numerosos pedidos de centrales empresarias y de empresarios que hemos escuchado en esta comisión y que también me han hecho a mí, personalmente, como presidente de la comisión, exige medidas concretas reparadoras y urgentes”.
Asimismo, el presidente de la comisión de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación expresó: “Desde marzo mantuvimos reuniones con diferentes sectores de la industria y la producción, escuchamos sus problemáticas, sus necesidades y propuestas para salir de la profunda crisis que atraviesan, marcada por la baja del consumo, la importación indiscriminada de productos, el contrabando y, sobre todo, las presiones del ARCA, el ente recaudador nacional, ante atrasos impositivos de muy pocos días”.
“El dictamen, como bien se dijo acá, no es la solución definitiva para nadie, son medidas de urgencia, medidas que hay que tomar, que el gobierno debiera tomar”, continuó Farías.
A su vez, el diputado nacional subrayó que las medidas que “muy tímidamente anunció hace pocos días el ministro Caputo, de suspensión de embargos y de un mayor plazo de pago que pasó de 12 meses a 18, no le está sirviendo prácticamente casi a nadie y además nada dice sobre las empresas que ya están embargadas”.
“El dictamen que hoy estamos firmando —continuó— lo que establece es, sí, 1 año de suspensión, pero también liberar a las empresas que hoy están embargadas por el Arca”.
Además, Farías expresó que “permanentemente desde el bloque oficialista se nos planteó no querer avanzar con ningún proyecto que tuviera impacto fiscal negativo. Bueno, el impacto fiscal negativo hoy lo está teniendo la actitud de Arca porque está embargando y está llevando a la muerte a muchísimas empresas, es decir, estamos perdiendo a corto plazo un montón de contribuyentes si lo que impera es la mirada fiscal. Con lo cual, este proyecto no solo no tiene un impacto fiscal negativo, sino que al contrario, si logramos que avance, y que avance en las comisiones que faltan y con las voluntades que faltan, sería un alivio que permitiría a muchas empresas poder seguir funcionando y en eso hasta se beneficia el fisco”.
Por último, Farías agradeció a sus pares, ya que “hubo muchos esfuerzos que confluyeron en que hoy podamos tener el dictamen, pero fundamentalmente creo que la realidad nos pasa por encima. Era imposible que de esta comisión hoy no saliera un dictamen de este tipo con la situación que tenemos y creo que eso fue lo que terminó imperando y, que más allá de ser una comisión, como todas, donde el oficialismo se garantiza su mayoría, hemos podido sacar un dictamen. Creo que la fuerza de los hechos está produciendo esto”.
Principales ejes del dictamen
►La resolución, que incluye a todas las mipymes con certificado vigente, amplía la definición de sujetos beneficiarios para incluir a cooperativas, empresas recuperadas inscriptas en el Inaes y agricultores familiares (ley 27.118).
►Suspende por un año de los juicios de ejecución fiscal y trabas cautelares por parte de Arca y modifica el artículo 92 de la ley 11.683 para limitar los embargos de cuentas bancarias exclusivamente al monto nominal reclamado, más un 15 % (en concepto de intereses y costas), liberando el resto del capital de trabajo.
►Establece el Régimen Excepcional de Regularización: plan de facilidades de pago para obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas.
►Condiciona el mantenimiento de los beneficios fiscales y de la suspensión de ejecuciones a la preservación de la nómina salarial.
►Crea la Ventanilla Única Pyme y el Legajo Único Financiero para agilizar la compensación de saldos y el acceso a líneas de crédito de inversión productiva.
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Diputados debate Ley Malvinas
El recinto de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles para sesionar en torno a un menú de proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que se destacan la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La sesión especial, pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y por otros diputados del oficialismo, comenzará a las 12 del mediodía y se espera un largo debate que culminará a altas horas de la madrugada.
El temario también incluye los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
Ley Malvinas
El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como "Ley Malvinas", pero podría sufrir la amputación de un capítulo entero que es resistido por sectores dialoguistas.
El jueves pasado el oficialismo intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor, y se llevó reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cirugía mayor en el capítulo 7 a cambio de los votos.
El oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.
Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral (aplica multas a extranjeros que financien campañas electorales).
Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar respaldo amplio en torno al núcleo duro de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
El capítulo también aplica penas por organizar o colaborar con operaciones de inteligencia a cuenta de un Estado extranjero contra la seguridad nacional argentina, por revelar secretos de Estado a un país extranjero, y por participar de campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población nacional.
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A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.
El proyecto propone un régimen sancionatorio (penal y económica) por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores (se deja afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones).
Si bien esta parte de la ley es aceptada por la oposición dura, no sucede lo mismo respecto con el resto del proyecto, especialmente con la propuesta de aumentar de las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida "amenaza externa".
Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un "caballo de Troya" que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.
Esto se refleja en las funciones que adquiere el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo encargado de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estatégica que será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.
Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en "operaciones no convencionales" son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.
Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.
Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.
Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay "motivos razonables para sospechar".
Para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Reforma del Banco Central
El otro tema que demandará varias horas de debate durante la sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Al oficialismo no le dio la nafta para poder firmar en comisiones un dictamen insistiendo con la redacción original aprobada en Diputados, que establecía una suerte de cerrojo institucional para que en un futuro no viniera una administración de otro signo político y pudiera remover directores con facilidad y volver a "prender la maquinita" de la emisión "inflacionaria".
Aquella media sanción establecía el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central.
El Senado corrigió ese mecanismo y lo reemplazó por una mayoría absoluta únicamente del pleno de la Cámara alta para poder sacar integrantes del directorio.
Después de amagar con volver al proyecto original, el oficialismo en Diputados tuvo que aceptar a regañadientes los cambios aplicados en el Senado, que le quitan a Diputados voz y voto en la designación y remoción de funcionarios del Banco Central.
Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de "emisión cero".
Para el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.
De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro. NA
Foto Gentileza Agencia NA (DANIEL VIDES)
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Yerba mate y vino, 30 y 45 meses en rojo
Ocho de las 19 economías regionales que sigue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) continúan en rojo, según su último Semáforo: la yerba mate acumula 30 meses en esa zona y la vitivinicultura, 45.
El tablero casi no cambió respecto de agosto: cinco actividades están en verde, seis en amarillo y ocho en rojo. La única novedad fue la de las hortalizas, que salieron de la zona crítica por una mejora en su rentabilidad. Además de yerba y vino, están en rojo el arroz, el mosto, el algodón, la leche, la mandioca, la actividad forestal y los cítricos dulces.
La paradoja yerbatera
Pese a que el consumo interno subió a 6,2 kilos por habitante por año y las exportaciones crecieron 10%, hasta US$132 millones, la tonelada de hoja verde se paga alrededor de $280.000, lo mismo que un año atrás. Con una inflación interanual de 33,4%, eso implica una pérdida real cercana al 25%, y la participación del productor en el precio final cayó al 16%, frente a un promedio histórico del 21%.
Un relevamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate estimó que producir un kilo de hoja verde cuesta $473,70, mientras que los secaderos pagaban entre $240 y $300.
Desregulación y reclamos
El sector atribuye parte del problema a la desregulación: el DNU 70/2023 y el decreto 812/2025 quitaron al instituto la facultad de fijar el precio de la materia prima. El ministro Federico Sturzenegger sostiene que el organismo debe ocuparse de la calidad y la promoción. En Misiones, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, calculó que la economía yerbatera perdió más de $1,44 billones desde diciembre de 2023.
En el caso del vino, la actividad no sale de la zona crítica desde enero de 2023 y, desde 2018, estuvo en rojo en siete de cada diez meses.
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Fuente: Coninagro

