Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.564.716 pesos para no ser pobre en julio de 2026, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, el organismo oficial sostuvo que ese grupo familiar, conformado por una pareja y dos niños, requirió 708.016 pesos para no ser considerado indigente.

En la medición de la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), en julio fue de 2,6% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,2%. Estos datos fueron difundidos este jueves, junto con la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se ubicó en el 2,1 por ciento.

La variación interanual, en tanto, se ubicó en el 37,4% para la canasta alimentaria y en el 36,1% para la canasta total.

La medición de junio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había trepado un 1,3%, cuando la inflación fue del 1,9%. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) -que se amplía a bienes y servicios esenciales no alimentarios- había subido un 2,2%.

Según aquella medición previa, una familia con cuatro integrantes necesitaba 1.531.473 pesos para no ser pobre en junio de 2026. Además, el INDEC había establecido un piso de 689.853 pesos para que ese grupo familiar no sea considerado indigente.

En el nuevo reporte dado a conocer este jueves, el INDEC señaló que la línea de indigencia para un adulto que se mantiene solo se ubicaba en los 229.131 pesos, mientras el límite de la pobreza para esa persona fue de 506.381 pesos.

En el cálculo para las familias de tres, cuatro o cinco integrantes, los pisos de indigencia fueron de 563.663 pesos, 508.016 pesos y de 744.677 pesos respectivamente.

En tanto, el Indec estimó que la pobreza alcanzaba a esos grupos de familia si no llegaban a 1.245.696 pesos, 1.564.716 pesos y 1.645.737 pesos, según su conformación de tres, cuatro o cinco integrantes.

El reporte de la canasta básica alimentaria y la total se dio en forma paralela al de la inflación que para julio de 2026 fue del 2,1 por ciento, de acuerdo a la suba de los precios al consumidor (IPC) respecto de junio y que en lo que va del año también acumularon un alza de 19,3%.

La inflación de julio fue del 2,1%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,8% en los últimos doce meses.

Como se esperaba, se trató de una cifra superior al 1,9% que se había registrado el mes anterior y así se pausó el proceso de desinflación al que apostaba el Gobierno en la segunda parte del año.

"El dato vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar", dijo Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

En tanto, los precios acumularon un alza del 19,3% en lo que va de 2026.

La inflación núcleo se mantuvo por debajo de los dos puntos y tuvo una variación de 1,8%, seguida por los precios regulados (2,1%) y los estacionales (4,5%).

Dentro de las distintas regiones pegó más fuerte en el Gran Buenos Aires (GBA), con 2,3%, mientras que en la zona de Cuyo se mantuvo el mismo porcentaje que en junio (1,9%).

El alza en el IPC estuvo condicionada por el aumento en los rubros de Recreación y Cultura (5%), dado el aumento en paquetes turísticos y servicios culturales, y Restaurantes y hoteles (2,8%).

Del otro lado, compensaron Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%) y Prendas de vestir y calzado (-1,3%), siendo estos dos rubros los de menor aumento.

"El resultado también servirá para recalibrar las expectativas cambiarias y la demanda de cobertura de los inversores. Esa dinámica explica, en parte, por qué los argentinos siguen buscando alternativas para diversificar sus ahorros y reducir su exposición al peso, incluso en un escenario de mayor estabilidad cambiaria y desaceleración de la inflación", señaló Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

Tras este último dato, se cortó la racha desinflacionaria que había anotado desde marzo y volvió a registrarse una aceleración.

Las proyecciones de las consultoras ya habían anticipado un mal dato para el Gobierno. De esta manera, la tendencia echó por tierra la promesa del presidente Javier Milei de que en agosto de este año el índice inflacionario empezara en cero.

Incluso las proyecciones más optimistas indican que a ese porcentaje no se llegaría hasta entrado 2027.

"El mercado continúa descontando un sendero de desinflación. Los precios relativos entre instrumentos a tasa fija e instrumentos CER siguen reflejando una inflación implícita descendente en los próximos trimestres, sin que el dato de julio haya modificado de forma material esa estructura. En otras palabras, la compresión esperada en los breakevens se mantiene, y la curva sigue arbitrada bajo el supuesto de una convergencia gradual de la nominalidad", explicó Sergio González, head de asset management en Cohen.

Las universidades públicas realizan este miércoles un paro nacional de 24 horas para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, afecta las actividades académicas en distintas instituciones del país, con facultades que suspendieron las clases presenciales y virtuales.

Los gremios reclaman una recomposición salarial frente a una pérdida que ubican por encima del 28% y también cuestionan la falta de actualización de los recursos destinados a becas y hospitales universitarios. La protesta busca exponer el deterioro presupuestario que atraviesa al sistema y reclamar que el Gobierno cumpla con las disposiciones establecidas por la ley.

Laura Carboni, secretaria general de uno de los gremios universitarios, cuestionó la situación salarial al comenzar el segundo cuatrimestre. “El Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.

La protesta reúne a trabajadores docentes y no docentes de organizaciones como FEDUN, FAGDUT, FATUN y CONADU. En distintas provincias, los sindicatos también organizan concentraciones, cortes simbólicos y bocinazos.

El conflicto también enfrenta al Gobierno con los sindicatos por el aumento del 21,3% acordado entre rectores y federaciones, que comenzó a cobrarse en julio. Los gremios consideran que el incremento no compensa la pérdida salarial acumulada y reclaman una recomposición mayor. La AGD-UBA rechazó la propuesta y pidió profundizar el plan de lucha.

Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y la calificaron de “ilegítima” y vinculada con motivaciones políticas. Además, el Gobierno sostuvo que cumple con las obligaciones relacionadas con hospitales universitarios, salarios y gastos de funcionamiento.

En paralelo, un juez convocó a representantes del Gobierno y del sector universitario a una audiencia para intentar destrabar el conflicto. Las partes deberán discutir allí las demandas salariales y presupuestarias. Los sindicatos, sin embargo, advirtieron que podrían impulsar nuevas medidas de fuerza si la negociación no genera respuestas concretas.