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Vialidad: Fiscal pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años
26 de febrero de 2024
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó hoy que se condene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como «jefa de asociación ilícita» y se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa «Vialidad».
Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que «se condene a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita», delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.
La exvicepresidenta resultó condenada a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada» pero el Tribunal Oral Federal 2 la absolvió en voto dividido por el cargo de asociación ilícita.
El fiscal que actuó en el juicio Diego Luciani había reclamado doce años de cárcel.
Ahora, al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la ex Presidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López
En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por «administración fraudulenta»
Villar reclamó al cerrar su exposición, que comenzó a las 11 y finalizó poco antes de las 13, que se revoquen las absoluciones a otros dos exfuncionarios, Abel Fatala y Carlos Kirchner;, que se confirme la condena a todos los demás imputados por administración fraudulenta y que quede firme el decomiso de dinero ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.
Al inicio de su exposición, Villar afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo «una verdadera asociación criminal» integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron «desviar fondos hacia ellos mismos»
Lo hizo al comenzar a exponer ante la Sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por administración fraudulenta y ratificó que pediría que también recibiera pena por «asociación ilícita».
Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro De Vido, también apelada por la fiscalía.
«Cada ministro es responsable de los actos que legaliza», es decir «que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia», remarcó Villar.
«Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez», sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.
La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado 12 años al incluir la «asociación ilícita».
En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita «realizó los desvíos» de dinero y «se organizó para realizar estas defraudaciones»
Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando «funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado» hacia el dueño de Austral Construcciones.
«Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido», el exministro que resultó absuelto en el juicio por el TOF 2 pero que la fiscalía pidió ahora condenar.
Báez «se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto», dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py 2002, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.
Subrayó que para lograr «el fin delictivo» se «construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz» y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un «razonamiento arbitrario» al descartar la asociación ilícita «a los cinco miembros»
El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.
Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.
Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.
Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.
Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.
Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».
Las audiencias ante Casación continuarán el 29 de febrero con el inicio de la exposición de las defensas, en tanto los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, expondrán el 7 de marzo desde las 10.
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La inflación de octubre sería del 1,9 %, según estimaciones privadas
Los primeros relevamientos privados estiman que la inflación de octubre habría desacelerado levemente tras el 1,9% que marcó en septiembre. El informe oficial del INDEC se conocerá el jueves 12 de noviembre.
Según las proyecciones privadas, el índice cerrará entre 1,8% y 2% este mes. Además, los alimentos acumulan seis semanas consecutivas de aumentos.
Los relevamientos de LCG mostraron una suba del 4,4% en cuatro semanas para alimentos y bebidas. Entre los rubros más golpeados, las verduras subieron 7,9% y los panificados, 5,9%. También registraron alzas las carnes con 3,6% y los lácteos y huevos con 3,9%.
De acuerdo con LCG, tanto la proporción de productos que aumentaron como la de aquellos que bajaron de precio mostraron un rebote durante la última semana.
En paralelo, el Banco Central señaló en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) que la inflación promedio mensual se redujo durante el tercer trimestre y se ubicó en 1,9% entre julio y septiembre. “La inflación promedio mensual se redujo en el tercer trimestre del año, en línea con lo previsto en el IPOM anterior”, sostuvo la entidad. Además, destacó que la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y regulados, bajó a 2% mensual.
De cara al cierre del año, el BCRA identificó algunos factores que podrían presionar transitoriamente sobre los precios. “Durante el cuarto trimestre, la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna y la aceleración de ciertos ítems regulados podrían generar presiones transitoriamente alcistas sobre la inflación”, alertó. En particular, señaló que la carne suele registrar subas importantes entre noviembre y diciembre, aunque estimó que esta vez serían menores a las observadas entre fines de 2025 y principios de 2026.
También mencionó el impacto de la reducción de subsidios por Zona Fría sobre las tarifas de gas y los aumentos de los combustibles registrados a fines de septiembre, que tendrán un efecto pleno sobre el índice de octubre. A eso se podría sumar la evolución del precio internacional del petróleo.
Aun así, el Banco Central sostuvo que esos factores no modificarían la tendencia prevista para los próximos meses. “El sesgo de las políticas fiscal y monetaria, junto con una menor inercia en precios y salarios, debería conducir a un descenso de la inflación en lo que resta del año”, afirmó.
Con las estimaciones disponibles, octubre cerraría con una inflación cercana al 2%. La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 23,6% en lo que va del año. La cifra implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales en relación con agosto y se explicó por los aumentos de productos estacionales —como las verduras— y servicios regulados, principalmente gas, electricidad y prepagas.
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Reforma de la Ley de Salud Mental que habilita internaciones involuntarias
El Senado de la Nación dio luz verde a un paquete de proyectos que tiene como tema central la reforma de la ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones "involuntarias", eliminará los manicomios y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía.
Al abrir la sesión, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tomó juramento a la senadora libertaria riojana Claudia López, quien asumió en lugar del fallecido legislador Juan Carlos Pagotto.
La sesión comenzó con la presencia de 38 legisladores que fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, PRO, Provincias Unidas y Movimiento por Misiones, entre otros.
Tras la jura de López, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, rindió homenaje al exsenador riojano que falleció el pasado 21 de septiembre.
En el primer tramo de la sesión, se dio ingreso a nuevas postulaciones al Poder Judicial y a ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para promoverlo a la categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.
No obstabte el tema central fue la reforma de la ley de Salud Mental, donde se debatieron proyectos sobre Inversiones Relevantes, Mercado Voluntario de Carbono, educación emocional y pictogramas. (NA)
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Paro nacional docente por el femicidio de Nancy Godoy
Los gremios docentes de todo el país llevan adelante este jueves un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para exigir justicia por el femicidio de Nancy Godoy, la directora suplente de una escuela rural de Corrientes que fue hallada sin vida después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.
La medida incluye actividades de duelo, movilizaciones, radios abiertas, actos y otras acciones públicas para reclamar el esclarecimiento del crimen y mayores condiciones de seguridad para quienes trabajan en zonas rurales.
Ctera sostuvo que el asesinato de la docente correntina representa un hecho que conmocionó a toda la comunidad educativa.
La entidad reclamó una investigación "exhaustiva, transparente y sin demoras" y cuestionó las condiciones en las que Godoy desarrollaba su tarea docente.
La maestra trabajaba en la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.
