País
Declaran emergencia del transporte urbano y piden igualdad de subsidios
3 de febrero de 2024
Los intendentes de las ciudades de Córdoba, Rio Cuarto, Rosario, Santa Fe, Paraná, Neuquén y Formosa junto al jefe comunal del partido bonaerense de General Pueyrredón declararon de forma conjunta la «emergencia económica» del transporte urbano como consecuencia de la asimetría de subsidios con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al tiempo que crearon una red federal para coordinar acciones al respecto.
La decisión se tomó luego de que los jefes comunales mantuvieran ayer una reunión con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, en la sede del área.
Mediante la red social X, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que en la reunión se expusieron «las graves consecuencias» en las ciudades del interior por la «injusta asimetría en la distribución de recursos económicos nacionales».
Agregó que luego de ese encuentro se resolvió, conjuntamente con los intendentes, declarar la «emergencia en el transporte urbano de pasajeros» en cada uno de los consejos deliberantes, además de crear la Red Federal de Intendentes, con el objetivo de «coordinar acciones y demandas comunes».
«A través de esta Red Federal vamos a luchar entre todos para revertir esta situación, no solo la desigualdad en el reparto de los recursos, si no la incertidumbre que tenemos los mandatarios acerca del envío de fondos para el presupuesto 2024», sostuvo el intendente capitalino de Córdoba.
La Municipalidad de Córdoba, a través de un comunicado, precisó que Estado Nacional financia el 90% del costo del boleto en el AMBA, mientras que en las ciudades del interior el monto alcanza el subsidio que otorga representa el 25% del precio del boleto.
«Son los municipios y las provincias quienes afrontan la mayor parte del subsidio para disminuir el monto de lo que pagan los usuarios», sostiene el texto del municipio en donde el boleto se cobra a $ 240 actualmente.
Agrega que del total de fondos, el 85% tiene destino en el AMBA, mientras que el restante 15% se distribuye en las numerosas ciudades de las 23 provincias.
Por su parte, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, señaló en X que la nueva red federal de intendentes buscará «luchar y revertir la inequidad de reparto de los recursos fiscales».
«Seguiremos haciendo frente a la emergencia con el compromiso y la responsabilidad que la situación amerita, por el bienestar de cada vecino y vecina», afirmó el intendente formoseño.
En Formosa, el Consejo Deliberante aprobó en las últimas horas un aumento que lleva el boleto a un rango de $ 245 a $ 690, eliminando la gratuidad del transporte para los estudiantes.
Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, manifestó que en la reunión no se pudo asegurar una actualización de los subsidios para las ciudades del interior -que fueron licuados por la inflación de los últimos meses- aunque adelantó que «dentro de 10 días en Buenos Aires» se reunirán «entre 60 y 70 intendentes del interior» para «armar un equipo de trabajo» y «hacer un plan para que la distribución sea equitativa y federal».
«Ante la falta de poder asegurar por parte del secretario el incremento del presupuesto para el transporte, determinamos declarar en todas las ciudades que estábamos representando la emergencia de transporte y poder estar articulando medidas para poder solventar el costeo del Fondo Compensador que no aumenta desde noviembre», manifestó Poletti, según señalaron fuentes del municipio al diario El Litoral.
«Los intendentes estamos muy preocupados por la situación que tiene el transporte en el interior del país. Fuimos a poner nuestro grito de hasta cuándo se puede aceptar esta redistribución tan injusta», agregó el intendente en declaraciones a la radio LT10.
Tras ello, valoró que los intendentes se encontraron con «un secretario que quiere cambiar las cosas».
En línea con la visión del Gobierno nacional, manifestó que «a mediano plazo se va a armar una mesa de trabajo donde se deje de subsidiar el empresariado y se pase a subsidiar al usuario por categoría de quien tiene que ser subsidiado y quien no».
Asimismo, cuestionó al intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverria, Fernando Gray, por presentar un recurso judicial y lograr la suspensión del aumento del boleto para el AMBA en febrero.
«Se ve que desconoce que el ciudadano santafesino tiene el mismo derecho que el que vive en Esteban Echeverria y el AMBA», criticó Poletti.
En tanto, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, señaló al portal marplatense Infobrisas que «hace tiempo» que se viene planteando «la necesidad de que se escuche a las ciudades del interior a la hora de tomar decisiones».
«No hay una razón objetiva para sostener esta desigualdad y eso es lo que venimos a plantear: que sea equitativo para todos los argentinos y que las decisiones no sean tomadas pensando desde un sillón desde el AMBA», sostuvo Montenegro.
En el caso de Mar del Plata, desde diciembre último el boleto es de $ 297,30.
La última distribución de subsidios de Nación a través del Fondo de Compensación al Transporte Público Automotor del Interior fue la correspondiente al periodo septiembre-diciembre, que implicó cuatro pagos mensuales y consecutivos de $ 9.000 millones para las provincias, lo cual fue reforzado con otros $ 6.000 millones a mediados de noviembre.
Del encuentro con el secretario de Transporte también participaron los intendentes Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto-Córdoba); Rosario Romero (Paraná-Entre Ríos); Mariano Gaido (Neuquén); y la secretaria de movilidad de la ciudad santafesina de Rosario, Nerina Mangabelli.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
