País
Arrancó el debate sobre la ley Bases en Diputados
1 de febrero de 2024
La Cámara de Diputados abrió hoy el debate sobre la denominada ley Bases impulsada por el Gobierno nacional, en medio de incidentes entre policías y manifestantes de izquierda a las afueras del Congreso y de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y Unión por la Patria, que denuncia que no se conocen los cambios del dictamen puesto a discusión.
Esta noche, pasadas las 21.30, se llamó a un cuarto intermedio y el debate continuará mañana desde las 12, por lo que el oficialismo espera que el dictamen de mayoría que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas se apruebe mañana en general y el viernes en particular.
A ocho horas de haber comenzado el tratamiento de la iniciativa aún quedaban por disertar unos 140 oradores, luego de las disertaciones de los diputados que defendieron los dictámenes de mayoría y minoría y cada titular de bloque parlamentario.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que «en base a las conversaciones en Labor Parlamentaria se invita a pasar un cuarto intermedio», pero ante el planteo del presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, quien dijo que esa medida se tenía que votar, el jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo, presentó una moción de orden en ese sentido.
El diputado de UxP Martínez dijo que «el oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones» y denunció que no tienen el texto definitivo que se está tratando.
«Todos los que dicen que no hay dictamen, mienten. El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio para mañana porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos», replicó el liberal José Luis Espert.
El plenario legislativo reanudará mañana al mediodía el debate para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza, UCR, Hacemos Coalición Federal, Pro, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.
La sesión tuvo sus momentos de tensión cuando este mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomas Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales, presente en uno de los palcos del recinto, desde donde propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra, y por la denuncia de UxP de la presencia de militantes de Revolución Federal.
También hubo una concentración en las adyacencias del Congreso donde se produjeron algunos incidentes entre militantes de izquierda y de organizaciones sociales y la policía, con el resultado de al menos un detenido.
El dictamen de mayoría que se discute que se redujo de 524 a 385 artículos tiene como como ejes centrales la declaración de emergencia pública en seis materias, una amplia reforma del Estado y la privatización total de 36 empresas públicas y otras tres en forma parcial.
El secretario parlamentario Tomas Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.
Sin embargo aun persistían diferencias diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, centrados en la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar empresas públicas, sobre el capitulo de Seguridad, y el régimen de Biocombustibles, entre otros.
En las últimas horas, el oficialismo y bloques oficialistas aun discutían limitar las facultades delegadas ya que la UCR y Hacemos quería eliminar la emergencia en materia energética y tarifaria, y reformar la redacción del capítulo de privatizaciones.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado de LLA por Córdoba, Gabriel Bornoroni, destacó la presencia de 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a exponer y respondieron más de 300 preguntas, así como 200 organizaciones no gubernamentales que participaron de los plenarios donde se debatió la iniciativa y señaló que se trata de «un shock de libertad para los argentinos».
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que «estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la Argentina. Es por eso que el presidente Javier Milei está reclamando esta herramienta para salir de esta crisis de manera ágil y más ordenada”.
El diputado Carlos Heller, de Unión por la Patria (UxP), adelantó que el kirchnerismo votará en contra en general y en particular la totalidad de la ley «Bases», y declaró que la propuesta «bien podría llamarse 4 M» porque «tiene ese denominador común».
En ese sentido, mencionó al ex ministro de Economía durante la dictadura militar, José Martínez de Hoz; y a los ex presidentes Carlos Menem y a Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei «como un denominador común».
Por su parte, el ex gobernador de Entre Rios y diputado peronista, Gustavo Bordet, dijo que «esta ley tiene un castigo para los que no la acompañan, pero es un castigo a los ciudadanos que habitan en las provincias. No vamos a acompañar porque la ley va en contra de los principios de las provincias».
El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, defendió la decisión de respaldar el dictamen de mayoría y dijo que ese despacho «es el resultado de un trabajo extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro. Este gobierno tiene las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado».
Por su parte, la ex gobernadora y diputada del Pro María Eugenia Vidal dijo que «desde el bloque PRO creemos que es nuestra responsabilidad respetar la decisión de los ciudadanos y darle a este gobierno que empieza las herramientas que pide para salir de esta crisis y que no sea aún peor».
El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolas Massot, dijo que iban apoyar el dictamen de mayoría pero advirtió que «no podemos financiar la tarea fiscal de la Nación a costa de las provincias y los municipios y del ajuste más repetido en la historia Argentina, el ajuste a los jubilados, a los asalariados y a las economías regionales».
La Presidenta del bloque Innovación, Pamela Calletti, dijo que «en el marco de crisis estamos en el debate contribuyendo de esa manera a la gobernabilidad, de esta acuciante crisis se sale sin egoísmos por eso tenemos que dar el debate», pero señaló que «no estamos haciéndolo sin dejar marcar las disidencias» que tienen sobre algunos puntos del proyecto.
Por su parte, la diputada de Buenos Aires Libre, Carolina Piparo, dijo que «va apoyar la Ley de Bases» luego del trabajo que «se ha hecho para consensuar modificaciones en distintas cuestiones sobre las que muchos de los presentes expresamos nuestros reparos o preocupaciones», como en el caso de la privatización del Banco Nación y la venta de acciones del FGS».
Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla dijo que «esta ley agrava todos los fundamentos de los gobiernos de estos últimos 40 años que nos han llevado a este nivel de pobreza, a este nivel de precarización laboral, lo agrava con nuevas privatizaciones».
La primera sesión de la gestión del presidente Javier Milei comenzó a las 10.30 luego que el oficialismo consiguiera la presencia de 137 diputados en el recinto y lograra ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Apenas arrancó la sesión, la primera bajo la conducción del presidente de Diputados, Martín Menem, la cámara baja tomó juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (Unión por la Patria-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Mónica Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.
Además, y debido a que había quedado pendiente tras la elección de autoridades de la cámara el pasado 10 de diciembre, se aprobó por unanimidad la continuidad de Ana Laura Lozano como Prosecretaria parlamentaria, a propuesta del bloque de UXP.
Luego, Menem propuso realizar un minuto de silencio en homenaje al fallecido exdiputado nacional y exgobernador de la Pampa, Rubén Marín.
Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tuvo su tramo que se extendió casi dos horas de homenajes y cuestiones de privilegio, previo al debate del dictamen de mayoría.
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Sale a la venta el chalet con vistas al Obelisco porteño
El chalet Díaz, construido en una terraza con vistas al Obelisco porteño, fue puesto en venta junto con todo el edificio.
El chalet y su altillo, que constituyen uno de los hitos arquitectónicos más destacados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), se encuentra a la venta junto a al edificio de estilo francés de más de 10.300 metros cuadrados construidos, ubicado en Sarmiento al 1100, y tiene un valor de 8 millones de dólares.
Cuenta con nueve pisos de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores.
El chalet Díaz, que corona la edificación, responde a un estilo normando, con techo de tejas, inspirado en la clásica arquitectura marplatense. Fue construido en 1927 por Rafael Díaz, inmigrante español y fundador de Muebles Díaz, una de las mueblerías más importantes de Buenos Aires durante buena parte del siglo XX.
El chalet fue testigo de los ensanchamientos de la 9 de Julio y de la construcción del Obelisco, inaugurado en 1936.
Además de esa vista única, el chalet tiene cinco ambientes, el altillo y dos terrazas: 200 metros cuadrados cubiertos en total. Conserva gran parte de sus elementos originales, entre ellos pisos de pinotea, aberturas, ventanales y luminarias de época.
Fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo el amparo de la ley 1.227. Por lo tanto, cualquier proyecto que realicen los eventuales compradores del conjunto estará condicionado a ese estatus histórico y deberá adecuarse a las normas vigentes en materia de accesibilidad, seguridad y prevención de incendios.
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ARCA elimina la actualización automática de montos
ARCA (exAFIP) redefinió umbrales y criterios de cálculo para entidades financieras y agentes del mercado de capitales. Los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) modificó el Régimen Informativo de Operaciones Financieras y eliminó la actualización automática de los montos mínimos que deben informar entidades financieras y agentes del mercado de capitales. La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 5814/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El cambio alcanza a bancos, agentes de liquidación y compensación, sociedades depositarias de fondos comunes de inversión y agentes de colocación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). La norma redefine umbrales, criterios de cálculo y obligaciones informativas.
Uno de los puntos centrales de la resolución elimina la actualización automática de los montos mínimos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hasta ahora, la normativa obligaba a ajustar los pisos informativos semestralmente, en junio y diciembre de cada año.
Con la nueva disposición, Arca deja los montos fijos hasta que una futura resolución determine una modificación expresa. El organismo justificó la decisión en el incremento previo de los umbrales y en la estabilidad de las variables macroeconómicas.
Las entidades financieras alcanzadas por la Ley 21.526, que deben informar altas, bajas, modificaciones, saldos y movimientos en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo, cuentas de la seguridad social y cuentas especiales bajo normativa del Banco Central.
Las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión (FCI) y los agentes de colocación y distribución integral de FCI, todos bajo supervisión de la CNV.
Nuevos umbrales de información mensual
La resolución también modificó la forma en que los ALyC y las sociedades depositarias de FCI deben informar las operaciones. A partir de ahora, los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas.
El monto neto surge de la sumatoria de todas las transacciones realizadas durante el mes, incluidos comisiones, gastos y transferencias entre agentes, clientes o cuotapartistas.
Para determinar si se supera el umbral, ARCA no considera operaciones aisladas, sino la suma mensual de compra y venta de títulos (bonos, acciones y suscripción o rescate de cuotapartes de FCI), movimientos de fondos, pases y cauciones.
Si la sumatoria total mensual supera el tope correspondiente, el agente debe informar la totalidad de las operaciones, incluso aquellas de menor monto individual.
En el caso de operaciones en moneda extranjera, la conversión a pesos se realizará según el tipo de cambio comprador del Banco Nación, tomando como referencia la fecha de liquidación o el último día hábil del mes informado.
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Celulares más baratos
Los aranceles a la importación de teléfonos celulares serán eliminados completamente a partir de este jueves 15 de enero. En función del decreto 333/25 publicado en mayo de 2025, el gobierno nacional reducirá definitivamente la tasa aduanera a 0%.
Esta normativa fue planteada progresivamente en dos tramos. En primer lugar se bajó el impuesto del 16% al 8% en el momento en el que se publicó en el Boletín Oficial y, finalmente bajarlo de 8% a una alícuota del 0% desde este jueves.
Además de este esquema de beneficios impositivos, la determinación incluye la supresión de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego (bajaron del 9% al 0%), además de la reducción de impuestos internos para televisores y consolas de videojuegos que vengan desde el exterior, que pasaron del 19% al 9,5%.
Mediante esta decisión, el gobierno busca incrementar la oferta de dispositivos, estimular la competencia, disminuir los valores finales de los productos y facilitar el acceso a los consumidores.
Según las proyecciones oficiales, la medida provocará un descenso de los precios de aproximadamente el 30 %. El objetivo es igualar las condiciones de los productos nacionales con los importados, en una época donde los precios locales son altamente elevados en comparación con otros países vecinos.
Sin embargo, el impacto en los precios de los celulares no será de inmediato. La llegada de los nuevos valores al consumidor final dependerá de la dinámica del mercado, los costos logísticos y el stock de los comercios.
