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Arrancó el debate sobre la ley Bases en Diputados
1 de febrero de 2024
La Cámara de Diputados abrió hoy el debate sobre la denominada ley Bases impulsada por el Gobierno nacional, en medio de incidentes entre policías y manifestantes de izquierda a las afueras del Congreso y de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y Unión por la Patria, que denuncia que no se conocen los cambios del dictamen puesto a discusión.
Esta noche, pasadas las 21.30, se llamó a un cuarto intermedio y el debate continuará mañana desde las 12, por lo que el oficialismo espera que el dictamen de mayoría que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas se apruebe mañana en general y el viernes en particular.
A ocho horas de haber comenzado el tratamiento de la iniciativa aún quedaban por disertar unos 140 oradores, luego de las disertaciones de los diputados que defendieron los dictámenes de mayoría y minoría y cada titular de bloque parlamentario.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que «en base a las conversaciones en Labor Parlamentaria se invita a pasar un cuarto intermedio», pero ante el planteo del presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, quien dijo que esa medida se tenía que votar, el jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo, presentó una moción de orden en ese sentido.
El diputado de UxP Martínez dijo que «el oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones» y denunció que no tienen el texto definitivo que se está tratando.
«Todos los que dicen que no hay dictamen, mienten. El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio para mañana porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos», replicó el liberal José Luis Espert.
El plenario legislativo reanudará mañana al mediodía el debate para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza, UCR, Hacemos Coalición Federal, Pro, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.
La sesión tuvo sus momentos de tensión cuando este mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomas Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales, presente en uno de los palcos del recinto, desde donde propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra, y por la denuncia de UxP de la presencia de militantes de Revolución Federal.
También hubo una concentración en las adyacencias del Congreso donde se produjeron algunos incidentes entre militantes de izquierda y de organizaciones sociales y la policía, con el resultado de al menos un detenido.
El dictamen de mayoría que se discute que se redujo de 524 a 385 artículos tiene como como ejes centrales la declaración de emergencia pública en seis materias, una amplia reforma del Estado y la privatización total de 36 empresas públicas y otras tres en forma parcial.
El secretario parlamentario Tomas Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.
Sin embargo aun persistían diferencias diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, centrados en la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar empresas públicas, sobre el capitulo de Seguridad, y el régimen de Biocombustibles, entre otros.
En las últimas horas, el oficialismo y bloques oficialistas aun discutían limitar las facultades delegadas ya que la UCR y Hacemos quería eliminar la emergencia en materia energética y tarifaria, y reformar la redacción del capítulo de privatizaciones.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado de LLA por Córdoba, Gabriel Bornoroni, destacó la presencia de 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a exponer y respondieron más de 300 preguntas, así como 200 organizaciones no gubernamentales que participaron de los plenarios donde se debatió la iniciativa y señaló que se trata de «un shock de libertad para los argentinos».
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que «estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la Argentina. Es por eso que el presidente Javier Milei está reclamando esta herramienta para salir de esta crisis de manera ágil y más ordenada”.
El diputado Carlos Heller, de Unión por la Patria (UxP), adelantó que el kirchnerismo votará en contra en general y en particular la totalidad de la ley «Bases», y declaró que la propuesta «bien podría llamarse 4 M» porque «tiene ese denominador común».
En ese sentido, mencionó al ex ministro de Economía durante la dictadura militar, José Martínez de Hoz; y a los ex presidentes Carlos Menem y a Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei «como un denominador común».
Por su parte, el ex gobernador de Entre Rios y diputado peronista, Gustavo Bordet, dijo que «esta ley tiene un castigo para los que no la acompañan, pero es un castigo a los ciudadanos que habitan en las provincias. No vamos a acompañar porque la ley va en contra de los principios de las provincias».
El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, defendió la decisión de respaldar el dictamen de mayoría y dijo que ese despacho «es el resultado de un trabajo extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro. Este gobierno tiene las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado».
Por su parte, la ex gobernadora y diputada del Pro María Eugenia Vidal dijo que «desde el bloque PRO creemos que es nuestra responsabilidad respetar la decisión de los ciudadanos y darle a este gobierno que empieza las herramientas que pide para salir de esta crisis y que no sea aún peor».
El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolas Massot, dijo que iban apoyar el dictamen de mayoría pero advirtió que «no podemos financiar la tarea fiscal de la Nación a costa de las provincias y los municipios y del ajuste más repetido en la historia Argentina, el ajuste a los jubilados, a los asalariados y a las economías regionales».
La Presidenta del bloque Innovación, Pamela Calletti, dijo que «en el marco de crisis estamos en el debate contribuyendo de esa manera a la gobernabilidad, de esta acuciante crisis se sale sin egoísmos por eso tenemos que dar el debate», pero señaló que «no estamos haciéndolo sin dejar marcar las disidencias» que tienen sobre algunos puntos del proyecto.
Por su parte, la diputada de Buenos Aires Libre, Carolina Piparo, dijo que «va apoyar la Ley de Bases» luego del trabajo que «se ha hecho para consensuar modificaciones en distintas cuestiones sobre las que muchos de los presentes expresamos nuestros reparos o preocupaciones», como en el caso de la privatización del Banco Nación y la venta de acciones del FGS».
Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla dijo que «esta ley agrava todos los fundamentos de los gobiernos de estos últimos 40 años que nos han llevado a este nivel de pobreza, a este nivel de precarización laboral, lo agrava con nuevas privatizaciones».
La primera sesión de la gestión del presidente Javier Milei comenzó a las 10.30 luego que el oficialismo consiguiera la presencia de 137 diputados en el recinto y lograra ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Apenas arrancó la sesión, la primera bajo la conducción del presidente de Diputados, Martín Menem, la cámara baja tomó juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (Unión por la Patria-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Mónica Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.
Además, y debido a que había quedado pendiente tras la elección de autoridades de la cámara el pasado 10 de diciembre, se aprobó por unanimidad la continuidad de Ana Laura Lozano como Prosecretaria parlamentaria, a propuesta del bloque de UXP.
Luego, Menem propuso realizar un minuto de silencio en homenaje al fallecido exdiputado nacional y exgobernador de la Pampa, Rubén Marín.
Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tuvo su tramo que se extendió casi dos horas de homenajes y cuestiones de privilegio, previo al debate del dictamen de mayoría.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
