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Gobierno y CGT van a la Cámara de Apelaciones del Trabajo por capítulo laboral del DNU
27 de enero de 2024
La CGT reclamó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que se declare la invalidez de todo el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, promulgado por el Gobierno de Javier Milei, mientras que el Estado Nacional busca que el mismo tribunal revierta el fallo de primera instancia que invalidó seis artículos de esa reforma.
La CGT buscó explicar en su apelación qué con la aplicación del capítulo cuarto del DNU, ya sea de modo total o parcial, se generan daños concretos para los trabajadores en forma directa y actual, por lo que recalcó la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de ese título del decreto que promueve una reforma laboral.
«Adviértase que no se pretende un pronunciamiento dogmático o académico. Se requiere la desactivación de un acto manifiestamente ilegítimo y perjudicial (para los representados y para los representantes)», sostuvo la CGT en la presentación encabezada por sus secretarios Generales Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano.
«No puede desconocerse que hay daño actual: 1) Cuando se niega la aplicación de la norma de protección en emprendimientos de hasta 5trabajadores. 2) Cuando se reformulan presunciones. 3) Cuando se priva de todo efecto al trabajo clandestino. 4) Cuando se priva de la aplicación del régimen general a quienes sufren actos de discriminación. 5) Cuando se habilita el pago en cuotas de lo resuelto por una sentencia judicial. 6) Cuando se prolonga el periodo de prueba (extendiendo al posibilidad de al extinción de la relación sin consecuencias)», señalaron, a modo de ejemplo.
«¿Cómo se solventaría la aplicación inmediata del pago en 12 cuotas de la indemnización por despido sin causa? ¿Qué herramientas son las que permiten ‘en tiempo oportuno’ evitar el daño de la aplicación inmediata?», se preguntaron los representantes de la CGT para justificar por qué reclaman la invalidez de todo el capítulo cuarto del DNU.
«Un trabajador discriminado por su preferencia sexual o por su actividad gremial, ¿accedería al restablecimiento del vínculo a de las condiciones alteradas o debería conformarse con una ‘indemnización agravada’? ¿Es esto posible en materia de Derechos Fundamentales?», plantearon en el afán de citar más ejemplos.
El Estado Nacional, por su parte, presentó su apelación con el objetivo de revertir el fallo de primera instancia con el que la jueza Liliana Rodríguez Fernández que declaró la invalidez de seis artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica del gobierno Milei.
La magistrada resolvió «declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97» del DNU 70/2023, aunque aclaró que «gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario».
La jueza laboral de feria acotó su decisión a aquellos artículos del DNU que, según su consideración, afectan «de modo directo» los intereses de la CGT por afectar derechos colectivos de los trabajadores, según explicaron a Télam fuentes judiciales.
Para los abogados que representan al Estado Nacional, «la sentencia impugnada se dictó prescindiendo de la realidad imperante que actualmente transita nuestra Nación».
«El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 resulta ser una herramienta fundamental para afrontar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria, social y económica que sufre nuestro país, con su dictado se lograrán alcanzar objetivos de bienestar para la comunidad a partir de la desregulación de la economía», sostuvieron.
«En ese marco de emergencia, resulta coherente proceder a la actualización del régimen laboral para permitir la inserción de la República Argentina en el mercado económico internacional globalizado», afirmaron para justificar la reforma laboral a través del DNU.
«Y es que el marco normativo laboral que se encontraba vigente no resultó eficaz para combatir el empleo informal y tampoco como impulsor de la creación de nuevas fuentes de trabajo. En ese aspecto, aquellas normas que oportunamente pudieron ser elementales para el crecimiento económico de una comunidad en un momento histórico determinado, hoy constituyen mecanismos que impiden en el libre juego de la oferta y la demanda de la fuerza de trabajo, siendo un factor destacable en la crisis», justificaron.
«No puedo dejar de señalar que el legal y legítimo ejercicio del derecho a huelga ha quedado desnaturalizado por completo. El derecho constitucional a huelga ha quedado en las últimas décadas convertido en una instancia de violencia, de irrespetuosidad al derecho de otros», sostuvo la abogada Jorgelina Sonzogno, en representación del Estado Nacional.
La referencia al derecho a huelga tiene que ver con que la jueza que intervino en primera instancia declaró la invalidez e inaplicabilidad de los artículos que se refieren al derecho colectivo que limitaban el ejercicio de ese derecho al declarar «esenciales» o «de importancia trascendental» más de 60 actividades. Agencia Telam
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
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Milei negó la recesión, denunció ‘7 intentos de golpe de Estado’ y dijo ‘deportar a 20 mil terroristas’
En una nueva entrevista grabada con el periodista Luis Majul tras su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei dejó varias definiciones económicas y políticas que rápidamente acapararon la atención pública, destacándose especialmente por cifras y afirmaciones de tinte disparatado sobre la historia argentina, la situación internacional y la dinámica local.
Uno de los pasajes más llamativos de la charla se dio cuando el mandatario repasó las supuestas trabas institucionales que debió enfrentar la historia reciente y su administración, combinando datos inverosímiles sobre seguridad nacional e internacional.
"Una de las cosas que yo expliqué es que en 40 intentos de proyectos de intentar derrumbar el equilibrio fiscal, los 7 intentos de juicios políticos que fueron siete intentos de golpes de Estado, los 10 mil terroristas que deportamos el año pasado y este año llevamos deportados 20 mil", expresó Milei.
La afirmación sobre las deportaciones masivas de "terroristas" generó inmediato desconcierto, ya que no estuvieron apoyados en registros oficiales ni antecedentes de operativos migratorios o de seguridad de semejantes dimensiones en la historia del país, despertando alguna sorpresa incluso en el periodista.
Consultado sobre la contracción de la actividad en ciertos rubros de la economía doméstica, el Presidente rechazó tajantemente que el país atraviese una recesión y graficó el momento económico con una polémica analogía sobre el cambio tecnológico. "Hay una desaceleración del ritmo de expansión", sostuvo.
"Cuando hay cambios estructurales hay sectores que se expanden y otros que se contraen. Suponga que está yendo a la quiebra una fábrica de televisores en blanco y negro, ¿usted se quejaría de eso y quisiera salvar ese sector? Es un disparate. Entonces, eso es una de las cosas que está pasando, que la economía está cambiando y una parte se queda atrás", argumentó el Presidente.
Por otra parte, Milei defendió el rumbo macroeconómico y aseguró que la actividad se encuentra en niveles históricos elevados, atribuyendo los cuestionamientos o datos negativos a una supuesta intencionalidad política de sus detractores.
"Vamos a estar promediando cuatro o cinco veces más que la historia argentina de los últimos 100 años. ¿Qué parte es que la Argentina no crece? Entiendo que cuando aparezca un número malo vayan y lo festejen por el odio que le tienen a este Gobierno, el odio que les genera que se equivocaron, pero además la deshonestidad intelectual, porque hoy el mundo sufre un shock de oferta negativo", aseguró el libertario.
De este modo, el jefe de Estado ratificó su hoja de ruta económica y minimizó los indicadores adversos, en un reportaje que volvió a dejar fuertes cruces discursivos y frases para el debate político.
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Visita de León XIV: el Gobierno confirmó los feriados
El Gobierno nacional estableció mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, las fechas de los feriados previstos por la visita oficial del papa León XIV, programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
La medida dispone que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. En cambio, el martes 10 tendrá alcance únicamente para la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.
El decreto también declaró de interés nacional la visita del pontífice y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con su llegada al país. Para coordinar todos los preparativos, se creó además una unidad especial dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La nueva estructura fue denominada Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el papa León XIV” y tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para concretar la visita y cumplir con las obligaciones derivadas de ella.
Entre sus funciones estará coordinar las tareas de la Administración Pública Nacional relacionadas con el viaje, organizar integralmente las actividades, establecer prioridades y cronogramas y articular la participación de los organismos estatales necesarios para el desarrollo de los distintos eventos.
La unidad también deberá canalizar requerimientos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales, además de identificar las necesidades de bienes, servicios y contrataciones.
Asimismo, tendrá facultades para impulsar, coordinar y realizar las contrataciones necesarias para las actividades relacionadas con la visita y aprobar los gastos correspondientes, con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
