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Millonaria donación

25 de enero de 2024

Unos $12 millones fueron donados en los últimos ochos meses al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) por parte de casi medio centenar causas penales que involucraban a personas acusadas por falsificación o defraudación tramitadas en la Justicia Federal de Mar del Plata como parte de acuerdos alcanzados para la resolución de los casos.

El dato fue difundido por la Fiscalía Federal N°2 al trazar un balance de causas judiciales tramitadas entre abril y diciembre pasado en las que se dispusieron soluciones alternativas mediante acuerdos entre la Justicia y las personas acusadas.

En detalle, explicaron que fueron 40 las causas cerradas con acuerdos entre las partes por medio de los cuales se canalizó la donación de casi $12 millones que fueron destinados a la Asociación Civil Amigos del Hospital Regional de Mar del Plata, desde donde se aportaron los fondos para arreglos de camas y sillas de ruedas, una batería para el compresor de oxígeno, provisión de repuestos para ambulancias, la impermeabilización de techos de los quirófanos y aportes para la construcción del centro comunitario para salud mental, entre otras acciones.

De acuerdo a lo detallado, el 70% de las causas en las que se alcanzó a salida alternativa fueron abiertas por el delito de “falsificación de instrumento público y/o el uso de documentación adulterada”, vinculados centralmente a la tenencia de cédulas de identificación de autos apócrifas. También explicaron que hubo casos de violación a la ley de marcas y a la ley de comunicaciones móviles, falsificación de moneda y defraudación por el uso de una tarjeta de compras falsa.

Por ejemplo, en un expediente contra un hombre acusado de encubrimiento por el contrabando de cigarrillos se llegó a un acuerdo de juicio abreviado en el que el imputado reconoció el hecho y fue condenado a dos años de prisión en suspenso además de la multa.

En tres de los casos se aplicó la probation o suspensión del juicio a prueba además de la multa y el resto de los acuerdos tuvo su fundamento normativo en uno de los artículo del Código Penal que establece que la acción penal se puede extinguir “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

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