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‘Si la inflación de diciembre es 30% a Caputo hay que pasearlo en andas’
7 de enero de 2024
«El presidente Javier Milei afirmó hoy que si el índice de inflación de diciembre es 30% sería «un numerazo y hay que sacarlo a pasear en andas a (el ministro de Economía, Luis) Caputo»; aseguró que el DNU «está vigente pero hay políticos que quieren fraccionarlo para coimear» y evitó criticar el paro de la CGT pues «es parte de la lógica del sistema y la Constitución avala la huelga».
«30% es un numerazo, es un espanto, claro, pero veníamos para un 45%; si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes. Hay un desastre inflacionario, pero si es del 30 tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo», dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre.
Al mismo tiempo afirmó que el decreto de necesidad y urgencia que desregula la economía «está vigente, va a ir para adelante, va a salir» en el Congreso», pero advirtió que «nosotros no negociamos nada, aunque sí aceptamos sugerencias para mejorarlo».
También volvió a denunciar que «muchos políticos quieren fraccionarlo porque quieren coimear con eso», aunque no dio nombres de legisladores.
Milei aseveró en la entrevista que «nosotros anunciamos un ajuste, no pan y circo» y dijo que ese ajuste tiene una aprobación con «niveles nunca vistos, hay un fuerte consenso por parte de la población», el que situó «entre 70 y 80 puntos».
El mandatario dijo que quienes se quejan son «los que pierden beneficios, la casta, los que tienen más acceso a la queja, como los empresarios prebendarios, los políticos, los periodistas que vivían de la pauta».
Acerca del paro dispuesto por la CGT para el 24 de enero contra la política de su Gobierno, dijo que «es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga».
Añadió que «es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer».
Sobre el impacto de las medidas gubernamentales, sostuvo que «a lo largo de la historia argentina todos los ajustes recayeron en el sector privado; es la primera vez que el ajuste recae el 60% en el sector público».
«Había 8.500 personas que cobraban planes y estaban trabajando; 160 mil casos que cobraban planes y se iban de viaje al exterior; estamos haciendo los recortes profundos por todos lados; dos tercios del ajuste recaen en la político», aseveró, y destacó que «pudimos no haber hecho nada y seguir con la emisión monetaria».
«Esto es una devolución directa al sector privado», remarcó, y advirtió que «hay mucha mala intención» en las críticas, al considerar que «hay muchos liberales de copetín que son muy buenos para hablar en la tribuna pero no tienen las agallas para meterse en este barro».
Sobre su plan de gobierno, dijo que «hemos presentado un programa de estabilización duro» y destacó que Jesús Huerta de Soto, referente del «anarcocapitalismo» al que adhiere Milei, dijo que el triunfo del libertario argentino «es equivalente a la caída del Muro de Berlín».
Milei dijo que «no tengo miedo para nada» de que lo desestabilicen y sostuvo que «cada uno haga su juego; a nosotros nos votaron para que hagamos lo que estamos haciendo».
También desafió a que «vean a los políticos, busquen la terminal, vean si llevan un nivel de vida acorde» con sus ingresos.
Resaltó que su Gobierno está tomando medidas para «mitigar la situación» de los sectores menos pudientes: «Estamos haciendo cosas, estamos aumentando el gasto de las partidas sociales, es para dar contención a las personas que se vean afectadas negativamente durante el ajuste», enfatizó.
Además, el Presidente negó diferencias con el ministro del Interior, Guillermo Francos.
«Ayer viajé con Guillermo Francos (a Santa Cruz y la Antártica); empecé a dar mis primeros pasos en la política con Guillermo Francos. Los que están alentando esas internas es una estupidez», sostuvo.
Ejemplificó que «para hacer un equipo ofensivo, hay que tener delanteros y defensores, se tiene que generar un equilibrio; los que hacen este tipo de críticas tienen menos calle que Venecia».
Consultado sobre si Francos es el «capitán» del equipo, evitó darle esa categoría pero lo consideró «un gran jugador que tiene una misión difícil, tiene que lidiar con la política, cuando hay unos cuantos que somos bastante talibanes en las otras líneas».
Anunció que «voy a estar viajando a Davos» para participar del tradicional foro económico anual «y tenemos más de 60 pedidos de entrevista individuales, de reuniones bilaterales, evidentemente algo nuevo y distinto estamos haciendo».
Además, reveló que «mañana me instalo» en la Quinta Presidencial del Olivos, donde pasará la mayor cantidad de su tiempo, pero aún no irán sus perros.
«Lo que pasa es no se pueden mudar mis hijitos (como llama a sus canes) porque los mastines son muy grandes. Milton (uno de los perros) mide dos metros (parado) en dos patas y pesan 100 kilos y la casa para donde estén no es una construcción muy fuerte», describió.
Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles «son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio».
Además dijo que «no voy a usar el helicóptero» presidencial y que «voy a trabajar en Olivos», aunque «voy a ir los martes y los jueves (a la Casa Rosada) para las reuniones de gabinete».
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Senado: legisladores cobrarán $ 9 millones mensuales
El Senado acordó este lunes un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.
Desde la Presidencia del Senado trascendió que la vice, Victoria Villarruel, no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores, e intentó sin éxito que éstos se “desengancharan del aumento”.
El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1º de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1º de agosto.
“Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo. No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no", indicaron.
A su vez, explicaron que hubo una fuerte presión no solamente de los gremios sino también de las autoridades de la Cámara de Diputados, y en particular del presidente de este cuerpo, Martín Menem, para que el Senado firmara el aumento de manera tal de marcar una línea de recomposición salarial para todo el Congreso.
"Por eso recién hoy lo firmamos, porque Diputados nos pedía que firmemos”, manifestaron.
Las fuentes insistieron en que “es el mismo aumento que dio el Poder Ejecutivo y a pesar de las notas que presentaron los senadores, se les pidió que desenganchen y dijeron que no”.
La resolución lleva la firma de las autoridades de la secretaria administrativa del Senado María Laura Izzo y el secretario parlamentario Agustín Giustinian, y por Diputados la secretaria administrativa Laura Oriolo y el secretario general Diego Molina Gómez, con los sectores sindicales.
También firman la resolución Norberto Di Próspero y Fabián Zacardi por APL, Claudio Britos de ATE y Martín Roig de UPCN.
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Diputados retoma discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que, entre otros puntos, plantea la baja de la edad de imputabilidad.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, los autores de las distintas iniciativas expondrán desde las 14 sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrollará una nueva ronda con especialistas invitados.
Participarán de la reunión informativa el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Germán Onco; la jueza de Cámara Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Córdoba, María Noel Costa; la jueza de Control, Niñez y Adolescencia, María Licia Tulián; el diputado nacional y neurólogo Facundo Manes; la abogada de la Asociación Argentina de Juristas Cynthia Britez; y el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner.
A fines de julio, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.
Además de analizarse esta iniciativa del Gobierno, fueron convocados para defender sus propios proyectos los diputados Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Agustina Propato (Unión por la Patria), Diego Santilli (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Roxana Reyes y Fabio Quetglas (UCR).
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
El abanico de sanciones abarca “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.
En este último caso,la pena privativa de la libertad podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.
“La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, se especifica.
No estará admitida "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.
Más allá de la carga punitiva, en uno de los artículos de la iniciativa se sostiene que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Entre las medidas complementarias figuran “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.
En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.
Y se puntualiza que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.
Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.
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Desregulan el mercado del gas
La Secretaría de Energía desreguló el mercado del gas envasado y eliminó los precios máximos de referencia de las garrafas, por lo que desde ahora se podrán fijar libremente sin tener que adecuarse a un tope.
El área que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo decidió desregular los precios de la industria y comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP), que incluyen los valores de referencia de las garrafas, mediante la Resolución 216/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa dispuso que “a fin de liberar de regulaciones de precios al sistema, resulta necesario dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas a fin de continuar estableciendo únicamente ‘Precios de Referencia’, sin un tope que obstaculice la cobertura de la real variación experimentada en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista”.
Al explicar la finalidad de la decisión, el texto oficial precisó que “la presente medida tiene por objetivo dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado”.
Además, remarcó que “la desregulación del mercado de precios de GLP, producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, produciendo de esta forma una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”.
La medida forma parte de las disposiciones en materia de desregulación fijadas en el DNU 70/2023 en el que se estableció “como objetivo de política nacional el funcionamiento libre de los mercados energéticos en todos sus alcances”, por lo que en relación al GLP se determinó que “los criterios normativos vinculados al sector deben armonizarse con los objetivos de política nacional que habrán de regir el sector energético en su integralidad”.
En este marco y bajo la renovada denominación, Energía también actualizó el “precio de referencia” de las garrafas de 10 kg en $8.500, la de 12 kg a un valor de $10.200 y la de 15 kg a $12.750, incluyendo impuestos.
Asimismo, derogó “los apartamientos máximos permitidos”, un cálculo que se hacía por jurisdicción con el fin de fijar el precio de las garrafas para los hogares según el costo logístico para las distintas zonas del país.
La desregulación de los precios de las garrafas abarca al Programa Hogar, que consiste en un subsidio otorgado por la secretaría energética y ANSES que cubre el 80% del valor efectivo de la garrafa de 10 kg.
