País
Ingresó al Congreso el DNU que desregula la economía y deroga múltiples leyes
5 de enero de 2024
El DNU que impulsa una desregulación de la economía, propone un «plan de estabilización de shock», deroga múltiples leyes y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas ingresó al Congreso de la Nación y fue girado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene 10 días hábiles para estudiarlo antes de habilitar el debate en el recinto de ambas Cámaras.
La iniciativa había sido anunciada el 20 de diciembre por el presidente Javier Milei por cadena nacional y publicado en la madrugada del día siguiente en el Boletín Oficial. Sin embargo, recién entró en vigencia el 29 de diciembre y fue ingresado por el Senado de la Nación.
De acuerdo con la Ley 26.122 de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, reformada en 2006, los DNU revisten carácter de ley desde su entrada en vigencia, a menos que ambas Cámaras del Congreso los rechacen en sesión plenaria.
El trámite
Desde este viernes, el Poder Legislativo tiene diez días hábiles para su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que está formada por ocho diputados y ocho senadores.
La vicepresidenta Victoria Villarruel ya publicó el Decreto Parlamentario para la designación de los ocho senadores que conforman la Comisión: el oficialista Juan Carlos Pagotto, el radical Víctor Zimmermann, Luis Juez de PRO, el macrista Juan Carlos Romero, el peronista disidente Carlos Espínola y los kirchneristas Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González.
En Diputados, en tanto, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, solicitó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, la «urgente» conformación de la Comisión Bicameral.
«Requerimos la urgente conformación de la Comisión Bicameral para dar tratamiento al DNU 70/2023, tal como establece la Constitución Nacional, la ley N°26.122 y las resoluciones del cuerpo en la Sesión Preparatoria», dijo el bloque de diputados de UxP en su cuenta de la red social X, donde se adjuntó la nota de Martínez a Menem.
El legislador peronista argumentó que, de acuerdo al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, «la composición de la referida comisión ‘deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara'».
Asimismo, agregó que, cumpliendo el mandato constitucional, «la ley 26.122 en su artículo 3 expresa que la comisión debe integrarse ‘respetando la proporción de las representaciones políticas'».
De ese modo, en Diputados aún no fueron oficializados los nombres de los ocho integrantes, aunque existen divergencias entre Unión por la patria y la Libertad Avanza sobre el número de legisladores que le corresponde a cada espacio.
Desde la presidencia de la Cámara, que ejerce el libertario Martín Menem, entienden que a UxP le corresponden 3 lugares; a LLA, 2; al PRO, 1; a la UCR, 1 y a Hacemos Coalición Federal, 1.
Así, integrarían la Bicameral los mileístas Oscar Zago y Lisandro Almirón, el macrista Hernán Lombardi, el radical Francisco Monti y Nicolás Massot por Hacemos Coalición Federal.
Como contrapartida, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, consideró que «corresponde que la Comisión Permanente de Trámite Legislativo se integre con cuatro diputados de Unión por la Patria, un diputado de La Libertad Avanza (LLA), un diputado del PRO, un diputado de la UCR-Unión Cívica Radical y un diputado por Hacemos Coalición Federal».
En el mismo sentido, un grupo de diputados radicales realizó ayer un pedido similar para que «sin dilaciones al estudio y consideración del mismo, para la cual le está corriendo un plazo fatal que vencerá el día 18 de enero de 2024; ya que el día 19 de enero de 2024 está Cámara deberá abocarse indefectiblemente al tratamiento del DNU 70/2023 y sería conveniente hacerlo con dictamen emitido»
La Bicameral puede emitir dictamen a favor o en contra del DNU durante los próximos diez días. Si eso no ocurriera, la legislación establece que el Decreto está listo para ser debatido en ambas Cámaras del Congreso que pueden tratarlo simultáneamente.
De acuerdo con la Ley, si el DNU no es rechazado por el Senado y por Diputados, mantiene su vigencia.
No obstante, la justicia laboral ya comenzó a trabajar sobre la validez de partes del Decreto y ayer un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal habilitó la tramitación por separado de cada presentación judicial que se haga contra la norma, mientras la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral.
La decisión adoptada por la cámara del fuero laboral es la segunda cautelar concedida por ese tribunal: el miércoles había hecho lugar a un planteo de la CGT y ayer a uno de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).
En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para tratar, por separado, distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU, lo que desarma el proceso colectivo en el cual el Gobierno de Javier Milei pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a esa medida.
El senador oficialista por Formosa, Francisco Paoltroni, cuestionó el accionar de la Justicia señalando que le resultaba «confuso» cómo «la Justicia considera no tratar un tema y que pase el tiempo que se les ocurra, y cómo tratar un tema de manera exprés, en 24 horas».
«Me confunde porque, en el caso de Formosa, presentamos la inconstitucionalidad de la reelección indefinida. La Corte falló por Tucumán, por San Juan y no por Formosa. La justicia lenta no es justicia pero, de pronto, hay señores privilegiados que tienen justicia inmediata», señaló en declaraciones a la prensa acreditada.
Desde la oposición, el diputado nacional por Unión por la Patria, Pablo Yedlin, remarcó ante la prensa en la Cámara baja que «el DNU está vigente» y que hay que «darlo de baja este mes».
«A pesar de que hace poco que asumió el gobierno, no se puede recurrir a la prudencia. Tenemos que actuar porque muchas de las medidas expresadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia son catastróficas», sentenció.
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
